Héctor Fernando González – Especialista en política digital, infraestructura tecnológica y asuntos públicos

El pasado 12 de mayo, en una reunión que pasó casi inadvertida fuera del circuito especializado, un grupo de relatoría de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) avanzó en el borrador de unas directrices con nombre largo y consecuencias todavía más largas. El documento aborda los llamados mecanismos de contribución de costos entre proveedores de servicios digitales y operadores de redes de telecomunicaciones.

En castellano simple y llano, la discusión consiste en definir si plataformas como Netflix, Google o Meta deben pagarles a los operadores por el tráfico que sus servicios generan en las redes.

El debate no es nuevo. Lleva años circulando bajo la etiqueta de fair share y ahora parece empezar a reciclarse bajo otro nombre, como “equidad de red”. 

En 2026, pareciera que el tema ha vuelto a tomar velocidad en varias capitales de América Latina, empujado por una preocupación real: ¿cómo financiar redes cada vez más robustas, más costosas e indispensables para la economía digital?

Para explicarlo, casi todos, a favor y en contra, recurren a la misma metáfora: la carretera o la autopista.

La versión de los operadores es atractiva y merece presentarse con justicia. Las redes son las carreteras de la economía digital. Construirlas, ampliarlas y mantenerlas cuesta mucho. Y por esas carreteras circulan unos cuantos tráileres enormes. Según datos de GSMA Intelligence citados en el propio borrador, tres compañías concentran alrededor de 70% del tráfico de datos en la región. Si los vehículos más pesados son los que más desgastan el asfalto, parece razonable pedirles que paguen caseta.

Cualquier mexicano que haya manejado por una autopista de cuota entiende el argumento en tres segundos.

La metáfora es buena, pero precisamente por eso conviene tomarla en serio y recorrerla hasta el final, porque es en los últimos kilómetros donde empiezan a aparecer los baches.

El primer bache es evidente. En esta carretera, cada viaje ya está pagado.

Los usuarios pagamos un plan de datos. Y, en términos generales, quien consume más, paga más. La metáfora suele omitir un detalle central. El tráiler no entra solo a la autopista. Lo llamamos nosotros. Cada vez que alguien oprime play, abre una videollamada, descarga un archivo o usa una aplicación, es el usuario quien solicita ese tráfico. El viaje ocurre porque alguien lo pidió y porque su tarifa ya cubre el acceso a la red.

Cobrarle además al “tráiler” una caseta adicional por un trayecto que el conductor ya pagó se parece menos a un peaje y más a cobrar dos veces por el mismo camino.

El segundo bache también importa. Toda autopista de cuota tiene, al menos en teoría, una carretera libre.

En México convivimos con esa dualidad. Si no quieres pagar caseta, puedes tomar la libre y asumir el costo en tiempo, comodidad o seguridad. Un cargo obligatorio por tráfico, en cambio, no ofrece ruta alterna. Aplicaría sobre toda la red, sin posibilidad real de esquivarlo.

Y aquí conviene recordar algo básico. Los peajes rara vez se quedan donde se cobran. La experiencia cotidiana sugiere que esos costos tienden a trasladarse, muchas veces de manera opaca, a otros eslabones de la cadena. Lo vemos con el flete, con los alimentos y con cualquier cadena de valor donde un costo intermedio termina incorporado al precio final. 

En este caso, la evidencia comparada disponible apunta a que una parte relevante de esos cargos podría terminar recayendo en los usuarios finales y en las pequeñas empresas digitales que dependen de esas mismas redes para vender, cobrar, operar y competir.

El tercer bache es quizá el más notable y peligroso. El modelo de caseta que se propone instalar no existe todavía, al menos no como modelo probado, en ningún lugar del mundo.

No lo digo yo. Lo reconoce el propio borrador de la UIT con una franqueza poco común en documentos de esta naturaleza. El texto admite que no hay consenso entre los Estados miembros sobre la pertinencia de estos mecanismos. También reconoce que varios reguladores que han estudiado el tema han concluido que los pagos compensatorios no se justifican. Y añade un punto todavía más relevante, que vale la pena subrayar: no existe un caso real de aplicación que permita extraer mejores prácticas.

En otras palabras, se discute una caseta sin experiencia operativa que la respalde.

A eso se suma una advertencia adicional. Un mecanismo de este tipo podría rozar principios de neutralidad de la red que, en varios países, México incluido, tienen anclaje legal importante en el nuevo marco jurídico mexicano. 

No es un detalle menor. La neutralidad de la red no es una consigna abstracta. Es una regla que busca evitar que el acceso a Internet se fragmente según quién paga, quién negocia o quién tiene más capacidad de presión.

Visto así, la metáfora de la carretera ilumina, sí, pero también puede engañar.

Es cierto que las redes son infraestructura habilitadora. También es cierto que requieren inversión sostenida. Pero no es igualmente cierto que un peaje obligatorio a ciertos servicios digitales sea la mejor manera de financiar esa infraestructura. 

La imagen del tráiler pesado funciona porque es intuitiva. Pero falla porque oculta que el viaje fue solicitado por el usuario, que el acceso ya fue pagado y que el costo adicional probablemente no se quedaría en quien lo recibe primero.

Hay, además, un punto incómodo para América Latina. La región ya tiene su modelo de “fideicomiso carretero” digital.

Desde hace décadas existen fondos de servicio o cobertura universal creados precisamente para llevar conectividad donde el mercado no llega. La evidencia documentada por organismos regionales y bancos de desarrollo, así como por auditorías nacionales en distintos países, muestra patrones recurrentes de subejercicio, uso de recursos para fines ajenos a la conectividad y poca evaluación de impacto.

Antes de instalar una caseta nueva, habría que explicar por qué el dinero de la caseta vieja no llegó al asfalto.

Ese punto no es menor. Ampliar la recaudación sin reformar la gobernanza de lo que ya se recauda no necesariamente cierra brechas. En muchos casos, puede ampliarlas. Si el problema es de inversión, la pregunta no puede limitarse a quién debe pagar más por uso. También debe incluir quién administra, con qué reglas, con qué transparencia y con qué resultados.

Nada de esto significa que la preocupación de los operadores sea inventada. No lo es.

Financiar el despliegue de redes de alta capacidad es un problema real. Descalificarlo sería tan tramposo como exagerarlo. México y América Latina necesitan más fibra, más cobertura, más resiliencia, más competencia y mejores condiciones para desplegar infraestructura. Pero reconocer el problema no obliga a aceptar cualquier solución.

Existen instrumentos menos riesgosos y mejor documentados. Entre ellos están los esquemas de coinversión público-privada, incentivos fiscales calibrados, simplificación de permisos y políticas públicas enfocadas en cerrar brechas concretas.

La discusión productiva no debería reducirse a “caseta sí” o “caseta no”. Esa es una falsa salida. La pregunta correcta es qué instrumento financia más conectividad por cada peso invertido, con menos distorsiones para usuarios, empresas y competencia.

Ahí está, me parece, la verdadera decisión de 2026 para América Latina.

No se trata de elegir entre regular o no regular. Toda infraestructura estratégica requiere ciertas reglas. La decisión es si vamos a copiar un plano de casetas diseñado para otras geografías o si vamos a trazar un mapa propio, calibrado a nuestra estructura económica, a nuestra capacidad institucional y a nuestras prioridades de crecimiento.

El modelo europeo, el coreano o el chino responden a contextos distintos. Importarlos en automático no es prudencia regulatoria. Los experimentos en política pública suelen salir caros y casi siempre el usuario termina pagando los costos.

El propio documento de la UIT recuerda que la adopción de cualquier mecanismo será decisión soberana de cada Estado. Ojalá que lo sea de verdad, que se tome con evidencia propia, evaluación de impactos, transparencia y secuencia correcta. No por presión retórica. No por moda regulatoria. No por una metáfora que funciona bien en el discurso pero que podría descarrilarse en una política pública.

Porque la caseta más cara no es la que cobra de más, sino la que se construye sin saber a dónde lleva el camino.

Rafael Garza – Director General de inDrive en México

La Inteligencia Artificial atraviesa uno de los momentos de mayor entusiasmo de su historia. Sin embargo, mientras la conversación pública suele enfocarse en asistentes virtuales, modelos de lenguaje o aprendizaje automático, existe una pregunta mucho más relevante para quienes desarrollamos soluciones utilizadas por millones de personas todos los días: ¿cómo hacer que la tecnología funcione mejor para las personas?

La respuesta parece sencilla, pero la verdadera prueba de cualquier innovación ocurre cuando debe hacer frente a situaciones dinámicas, en tiempo real y a gran escala. El valor de la Inteligencia Artificial no está únicamente en procesar información o automatizar tareas, sino en ayudar a resolver problemas diarios de manera eficiente y casi imperceptible para el usuario.

Una de las industrias donde este desafío es evidente es en la movilidad. Cada viaje ocurre en un entorno que cambia constantemente: el tráfico se mueve minuto a minuto, las rutas disponibles evolucionan, los puntos de encuentro pueden ser complejos y las necesidades de las personas pueden transformarse.

Por eso, una buena experiencia no consiste únicamente en conectar a un usuario con un conductor. También implica ofrecer información confiable, calcular tiempos estimados de llegada con precisión, sugerir rutas eficientes, facilitar el ascenso y descenso en ubicaciones complicadas y generar seguridad antes, durante y después de cada recorrido.

La complejidad de estos entornos ha demostrado que los sistemas basados únicamente en reglas fijas tienen limitaciones. Lo que funciona en una ciudad no necesariamente se puede traducir linealmente a otra. La movilidad exige herramientas capaces de adaptarse al contexto y responder a condiciones cambiantes.

Ahí es donde la Inteligencia Artificial aporta valor. No sólo permite interpretar grandes volúmenes de información en tiempo real, también identificar patrones, comprender dinámicas específicas de cada ciudad y ayudar a ofrecer experiencias más precisas para usuarios y conductores.

México es un buen ejemplo de ello. Tan sólo en inDrive se completaron más de 200 millones de viajes durante 2025. Detrás de cada uno de esos trayectos existieron miles de decisiones invisibles relacionadas con ubicaciones, tiempos estimados de llegada, rutas y herramientas de seguridad que deben funcionar de manera coordinada en cuestión de segundos.

A simple vista, mejorar algunos puntos porcentuales la precisión de una predicción puede parecer un cambio menor. Sin embargo, dada la escala de operación de una plataforma digital, esto representa una enorme cantidad de viajes optimizados a diario, lo que para millones de personas puede significar una experiencia mucho más fluida.

Uno de los ejemplos más claros ocurre en zonas de alta densidad como aeropuertos, terminales de transporte, estadios o centros comerciales. En estos espacios, una diferencia de pocos metros en la ubicación puede traducirse en varios minutos de espera, dificultades para localizar un punto de encuentro o incluso la cancelación de un viaje. Así, la confiabilidad (con tiempos de llegada precisos y puntos de ascenso/descenso optimizados) es el factor individual más poderoso para la satisfacción y la lealtad de los usuarios. 

La Inteligencia Artificial permite interpretar mejor estos contextos y reducir parte de esa incertidumbre. Lo importante no es que el usuario perciba la tecnología detrás de cada decisión, sino que pueda encontrar a su conductor con mayor facilidad, recibir información más precisa y completar su trayecto sin contratiempos.

Y ese es quizás el aspecto más importante de la conversación actual sobre Inteligencia Artificial. Su éxito no debería medirse por la complejidad de los modelos que la hacen posible, sino por su capacidad para resolver problemas reales y mejorar experiencias cotidianas.

La próxima gran evolución de la Inteligencia Artificial probablemente no será la que más sorprenda a las personas, sino la que les permita tomar mejores decisiones, ahorrar tiempo y moverse con mayor confianza sin siquiera pensar en la tecnología que existe detrás. Como ejemplos, tenemos que actualmente más de 60% de los ingenieros de estas plataformas utilizan asistentes de programación. 

Porque al final, la mejor innovación es aquella que deja de llamar la atención sobre sí misma para concentrarse en lo verdaderamente importante: que la vida de las personas sea más simple, más confiable y más humana.

David Adissi – Director General de NTechnology

Me encontré en LinkedIn un post que se volvió a circular con fuerza: “The TechCo is dead”. El autor, un directivo con paso por Google y Ericsson, enterraba el concepto de TechCo en un cementerio de buzzwords —Telco 2.0, Telco Cloud, Servco y compañía— y remataba con una idea provocadora: las telecomunicaciones no tienen nada en común con las grandes tecnológicas más que la letra “T”. 

Telecom invierte 1% en I+D; tech invierte 15% o más. Telecom no desarrolla su propia tecnología; depende de un puñado de proveedores. Telecom carga con fierro pesado que se deprecia lento. Conclusión: dejen de pretender ser Google.

Lo leí dos veces. Y me hizo reflexionar, porque tiene razón. Parcialmente.

Tiene razón en la superficie. Es verdad que las telcos nunca desarrollaron tecnología propia, y es verdad que TechCo fue un disfraz que nunca les quedó. Pero su conclusión —resígnense a ser tubos— me parece un error de perspectiva, no de fondo. Está describiendo bien el síntoma y diagnosticando mal la enfermedad.

Porque el problema nunca fue que las telcos quisieran ser tecnológicas. El problema fue cómo se relacionaron con quienes sí lo eran.

El modelo que dejó a la telco siempre del lado vulnerable

Déjenme contar el ciclo como lo he visto repetirse, en infraestructura de red y también en TI y software.

Las grandes tecnológicas entendieron temprano algo que las telcos subvaloraron de sí mismas: su captación de mercado. Su alcance. Llegaron no a construir un negocio conjunto, sino a entregar producto para que la telco lo revendiera por sus canales. La telco ponía la base instalada, la relación con el cliente, la marca y el balance. El proveedor ponía la factura. Una factura alta, por cierto.

Y aquí está la parte incómoda: no había sociedad. Había una venta. El proveedor cobraba por adelantado, hacía su cashout y se iba. No se quedaba a construir el go-to-market. No adaptaba el producto al mercado local. No compartía el riesgo del retorno. Ese trabajo —el difícil, el que sí define si el negocio funciona— quedaba del lado de la telco, sola, persiguiendo un ROI que el proveedor ya había cobrado.

No lo digo como reproche moral. Cada quien optimiza su modelo, y el del proveedor era racional. Lo digo como diagnóstico: el operador no perdió el valor por falta de ambición. Se lo extrajeron, sistemáticamente, con un modelo de relación diseñado para que ellos cargaran el peso y otros se llevaran la renta.

Por eso la lectura de “resígnense a ser tubos” me parece corta. No es que las telcos no puedan capturar valor. Es que nunca las dejaron quedarse con la parte que construían.

Por qué la IA amenaza con repetir el guion y por qué esta vez es peor

Lo preocupante es que el guion se está volviendo a montar, ahora con la IA, y a una escala mayor.

Si las telcos tratan la Inteligencia Artificial como un detonador más de tráfico —más datos, más banda, más fierro— van a repetir exactamente lo que las dejó mal paradas en la primera ola digital. El tráfico crecerá, la presión de inversión seguirá altísima y las capas rentables —el modelo, la orquestación, la relación con el cliente— se las quedará, otra vez, quien controla el software.

Pero hay un agravante nuevo, y la semana pasada nos lo mostró en vivo.

El 13 de junio, el gobierno de Estados Unidos ordenó a Anthropic suspender el acceso a sus modelos más avanzados —Fable 5 y Mythos 5— para todo extranjero, dentro o fuera del país, por motivos de seguridad nacional. 

La medida fue tan tajante que dejó fuera incluso a los propios empleados extranjeros de la empresa. Es la misma lógica de control de exportaciones con la que ya se restringieron los chips de Nvidia y AMD, aplicada ahora a la inteligencia misma.

Léanlo despacio, desde aquí. La inteligencia de la que muchos están empezando a depender dejó de ser un servicio y se volvió un switch que controla alguien más, afuera, y que puede apagarse de un día para otro por razones que no tienen nada que ver con nosotros.

Para América Latina eso no es una hipótesis regulatoria. Es nuestra posición de partida: quedamos del lado equivocado de la línea. Y en ese momento, la proximidad, la soberanía del dato y la capilaridad física dejaron de ser nostalgia telco para convertirse en los activos más valiosos del nuevo mapa.

Y hay que nombrar lo que esto significa en competitividad, porque es serio: nos frenaron antes de empezar. Antes siquiera de poder usar esta tecnología como palanca de desarrollo —para hacer más productivas nuestras fábricas, más eficientes nuestros servicios, más competitivas nuestras cadenas productivas— ya nos pusieron del otro lado de una restricción que no negociamos ni provocamos. El rezago no se mide en el acceso a un modelo. Se mide en los años de competitividad que se nos van mientras otros sí lo usan.

No se trata de ser Silicon Valley

Quiero ser claro con algo, porque se presta a malentendidos. La respuesta a esto no es soñar con construir nuestro propio Silicon Valley, ni con parir de la nada una industria tecnológica que compita de tú a tú con la de Estados Unidos o China. Esa aspiración, además de irreal para nuestra realidad de capital, es otra vez el mismo error con otro nombre: querer ser Google.

La respuesta es más pragmática y, en mi opinión, más poderosa. Se trata de impulsar lo nuestro: usar la tecnología que sí podamos desplegar de manera local y soberana para madurar y volver más competente la industria que de verdad sostiene nuestras economías. 

Manufactura, logística, energía, salud, servicios públicos. No para presumir un ecosistema tech, sino para seguir teniendo juego en la cancha mundial con aquello que ya nos da de comer.

Ese puente —entre la tecnología que tenemos a la mano y la economía real que urge volver competitiva— es justo el lugar donde una telco se puede parar. Si decide hacerlo.

Los dos nombres del juego

El juego de la IA y del nuevo software se va a definir, a mi juicio, por dos cosas: personalización y eficiencia de costos. Quien entregue ambas, gana.

Y resulta que las telcos están mejor paradas que nadie para entregarlas —si dejan de mirar hacia donde no deben.

Personalización, porque la telco tiene algo que el hyperscaler no tiene y que cada vez le cuesta más exportar: el dato operacional y de consumo de sus clientes, sobre todo los empresariales. Ahí vive la posibilidad de construir soluciones de verdad, no genéricas.

Eficiencia y cercanía, porque la inteligencia útil va a vivir cada vez más cerca de donde se usa —en el edge, en sitios locales, en infraestructura distribuida de inferencia— y eso ya lo tienen montado. Tienen la huella. Tienen la fibra. Tienen la confianza local y la experiencia regulatoria.

Aquí hago un paréntesis crítico. En la carrera por la movilidad, muchas telcos están descuidando el valor de su red fija y de todo lo adyacente que cuelga de ella. Y justo ahí —en la fija, en el edge, en los sitios que ya operan— está la materia prima de la próxima década. La están subutilizando mientras corren detrás del siguiente plan de datos.

La realidad latinoamericana: no gana el mejor, gana el que llega

Y ahora la parte que casi nadie quiere decir en voz alta cuando habla de IA desde la región.

No vamos a competir construyendo lo que construye Norteamérica. No tenemos —ni necesitamos— la intensidad de capital de los Centros de Datos de hiperescala. Querer copiar ese modelo aquí es, otra vez, querer ser Google. El mismo error, con factura más cara.

Lo que sí podemos hacer es aprovechar lo que ya existe y reconvertirlo. Repurposing. Tomar sitios, capacidad y Centros de Datos locales que ya están desplegados y volverlos infraestructura de inferencia distribuida. Muchos ya lo están haciendo y es el camino correcto para nuestra realidad de consumo y de inversión.

Porque en nuestro mercado, el modelo más sofisticado no es el que gana. Gana el que llega más rápido y más barato al mercado masivo. Lo he dicho en cada mesa donde me dejan: hoy no gana quien tiene el mejor servicio, sino quien tiene el mayor alcance. Y el alcance es, precisamente, la última capa de valor: la que toca al cliente final. Lo único de toda la cadena que las telcos nunca han tenido que pedir prestado.

La pieza que falta: cambiar de proveedor a socio de riesgo

Entonces, ¿cómo capturan esta vez el valor que se les ha escapado siempre?

No comprando y revendiendo otra vez. Ese camino ya lo conocemos y ya sabemos cómo termina: con la telco sola, persiguiendo el retorno de una factura que alguien más ya cobró.

Tampoco solas. La honestidad obliga a decirlo: las telcos no tienen, ni les conviene desarrollar de cero, el músculo tecnológico para hacer esto por dentro. Lo que necesitan son aliados nativos digitales, con la capacidad técnica real, pero bajo un modelo de relación distinto al que las lastimó.

Un modelo de riesgo compartido. Una lógica de fábrica de soluciones, donde el aliado no llega a venderles una licencia y desaparecer, sino a construir con ellas el go-to-market, a adaptar al mercado local y a poner su propio resultado en juego junto con el de la telco. Donde se comparte el riesgo y se comparte el retorno, no donde uno carga el peso y el otro emite la factura.

Esa es la diferencia de fondo. No es tecnológica. Es de arquitectura de relación. Es quién carga el riesgo.

La decisión

El paradigma está cambiando y el lugar del valor se mueve con él. Los vendors se diluyen. Y aquí está el giro que más me importa: el poder dejó de estar en quien controla el software. El software se volvió abundante y, como acabamos de ver, hasta apagable desde afuera. 

El poder está en quien controla la última capa de valor —la del servicio, el delivery y la infraestructura por la que la inteligencia llega, segura y cercana, hasta quien la usa. Esa capa no se apaga por decreto de otro país.

Ese terreno es de las telcos. Siempre lo fue. La pregunta no es si pueden jugarlo, sino si esta vez van a quedarse con su parte.

Y aquí termino donde, en realidad, debería empezar la conversación.

Lo escribo desde adentro: dirijo una empresa que desarrolla IA en la región. Desde ahí veo una oportunidad que se está dejando pasar, la de construir y capitalizar esta etapa junto a los operadores, no a costa de ellos.

Porque de soberanía tecnológica se habla mucho, pero se colabora poco con las empresas regionales que de verdad están desarrollando IA. Y hay veces en que pesa más un logo conocido en la puerta que un producto que funciona y un caso de negocio que cierra. Ese reflejo es, a fin de cuentas, el mismo que llevó a las telcos a poner la infraestructura mientras otros se quedaban con la renta.

No pretendo resolver eso en una columna. Sólo dejar la pregunta sobre la mesa: la próxima vez que un operador decida con quién entra a la era de la IA, ojalá no se fije primero en cuál logo se ve mejor en la lámina, sino en quién entiende su mercado, se mueve a su ritmo y está dispuesto a poner su propio resultado junto al suyo.

El TechCo nunca estuvo muerto. Lo que faltaba era mirarlo desde el lado correcto.

Resumen

El 12 de junio de 2026, el gobierno de los Estados Unidos ordenó a Anthropic suspender, mediante una directiva de control de exportaciones fundada en la seguridad nacional, el acceso de cualquier nacional extranjero a sus modelos de Inteligencia Artificial más avanzados, Fable 5 y Mythos 5.

La amplitud subjetiva de la orden, que comprende a los extranjeros situados dentro y fuera del territorio e incluso a los empleados no ciudadanos de la propia empresa, obligó a un cierre global del servicio.

El presente trabajo reconstruye los hechos verificados, examina el instrumento jurídico empleado (la doctrina del deemed export, trasladada por vez primera a un servicio de Inteligencia Artificial en la Nube), expone con equidistancia los argumentos del Estado y de la empresa, y ofrece una valoración del autor sobre la legitimidad y la proporcionalidad de la medida, así como sobre el precedente que con ella se inaugura.

I.  Planteamiento

La gobernanza de la Inteligencia Artificial transita de la metáfora regulatoria al hecho administrativo concreto.

Durante años, el debate sobre el control estatal de los sistemas de Inteligencia Artificial discurrió por el terreno de lo prospectivo: códigos de conducta, principios éticos, marcos voluntarios. El episodio que aquí se examina rompe esa inercia.

Por primera vez, un Estado ha empleado el instrumental clásico del control de exportaciones (concebido para municiones, bienes de doble uso y semiconductores avanzados) contra un modelo de lenguaje ya desplegado comercialmente, accesible hasta esa misma semana a centenares de millones de personas en todo el mundo.

El interés del caso para el jurista de las tecnologías de la información es triple. En el plano sustantivo, plantea si un programa informático de propósito general, distribuido como servicio,

puede ser objeto de un control de exportación sin desnaturalizar la categoría.

En el plano procedimental, interroga sobre las garantías de legalidad, motivación y proporcionalidad exigibles a una medida de efectos extraordinarios.

En el plano geopolítico, ilustra la creciente comprensión de los modelos de frontera como activos estratégicos de seguridad nacional.

El propósito de estas páginas no es tomar partido por ninguna de las partes, sino ofrecer un análisis documentado y, en su tramo final, una posición razonada del autor.

II.  Los hechos: cronología verificada

Conviene fijar primero el sustrato fáctico, depurado de la inevitable confusión de las primeras horas. El 12 de junio de 2026, a las 17:21 (hora del Este), Anthropic recibió del gobierno de los Estados Unidos una directiva de control de exportaciones que le ordenaba suspender todo acceso a Fable 5 y Mythos 5 por parte de cualquier nacional extranjero, dentro o fuera del territorio estadounidense, incluidos sus propios empleados no ciudadanos.¹

La comunicación se cursó mediante carta del Secretario de Comercio, Howard Lutnick, al director general de la compañía, Dario Amodei.²

La empresa sostuvo que su infraestructura no le permitía discriminar a los usuarios por nacionalidad en tiempo real con la fiabilidad que la orden exigía, de modo que, para garantizar el cumplimiento, optó por desactivar ambos modelos para la totalidad de su clientela y no sólo para los extranjeros.³

Aclaró, en cambio, que el resto de su catálogo, señaladamente Claude Opus 4.8, permanecía plenamente operativo.⁴

El contexto temporal acentúa la singularidad. Fable 5 se había presentado al público el 9 de junio, como la primera versión de clase Mythos abierta al mercado; Mythos, su modelo subyacente, se había previsualizado el 7 de abril (Mythos Preview) y conservado bajo acceso restringido, en el marco del consorcio Project Glasswing, por su notable aptitud para descubrir vulnerabilidades de software.⁵

Por su naturaleza, la medida constituye la primera retirada de servicio de un modelo de Inteligencia Artificial públicamente desplegado por intervención directa del gobierno federal.⁶

III.  El instrumento jurídico: el control de exportaciones y la doctrina del deemed export

El núcleo dogmático del caso reside en la técnica empleada. El control de exportaciones estadounidense, articulado en las Export Administration Regulations y administrado por el Departamento de Comercio, descansa en una ficción jurídica de notable alcance: la doctrina del deemed export.

Conforme a ella, poner tecnología controlada a disposición de un nacional extranjero, aun dentro del propio territorio, se reputa a efectos legales una exportación al país de origen de esa persona.⁷

Esta construcción explica dos rasgos que, de otro modo, resultarían desconcertantes. El primero, que la prohibición alcance a los extranjeros físicamente presentes en Estados Unidos e incluso a los empleados no ciudadanos de la empresa, pues respecto de ellos la mera puesta a disposición del modelo ya colma el supuesto de hecho.

El segundo, que la imposibilidad técnica de segregar el acceso por nacionalidad transforme una restricción nominalmente subjetiva en un apagado universal de facto.

La novedad, sin embargo, no es menor. El control de exportaciones se diseñó para la transferencia de bienes y de programas susceptibles de salir del país. Su aplicación a un servicio que se ejecuta íntegramente en servidores estadounidenses, sin que medie transferencia alguna de los pesos del modelo, aproxima la figura más a una retirada de producto que a una exportación en sentido propio.

La habilitación legal invocada, las genéricas autoridades de seguridad nacional, es amplia y, hasta la fecha, opaca: ni el comunicado de la empresa ni la información disponible permiten reconstruir con precisión la base normativa concreta ni el alcance temporal de la orden. Esta indeterminación resultará relevante para el juicio de proporcionalidad que más adelante se aborda.

IV.  La posición del gobierno: los argumentos a favor de la medida

La equidistancia obliga a formular con su mayor fuerza la tesis estatal, que la empresa, por razones evidentes, no desarrolla.

El primer argumento es el del doble uso. Mythos fue concebido y exhibido por su capacidad excepcional para hallar fallos de seguridad en código ajeno, y esa misma destreza que sirve al defensor sirve también al atacante.

Cuando una herramienta de semejante potencia ofensiva queda al alcance indiscriminado, el Estado puede legítimamente invocar el principio de precaución y anteponer la contención del riesgo a la continuidad comercial.

El segundo argumento es competencial y difícilmente rebatible en abstracto: corresponde al poder público, y no a la autorregulación empresarial, la decisión última sobre qué capacidades tecnológicas pueden circular libremente cuando está en juego la seguridad colectiva.

La propia Anthropic admite que el Estado debe poder bloquear despliegues inseguros.⁸ El desacuerdo, por lo tanto, no recae sobre la potestad, sino sobre su ejercicio concreto.

El tercer argumento es de oportunidad. Si las autoridades habían recibido la demostración creíble de una técnica capaz de desbloquear las capacidades de ciberataque del modelo, la lógica de la seguridad nacional favorece la actuación inmediata frente a la deliberación pausada: el coste de un falso negativo, esto es, permitir que persista una capacidad peligrosa se juzga superior al de un falso positivo.

La información disponible atribuye, además, el hallazgo de la elusión a un tercero del sector,⁹ lo que, desde la perspectiva gubernamental, reforzaría la verosimilitud del riesgo.

A lo anterior se añade un dato que, de confirmarse, robustecería el relato oficial. Según declaraciones del responsable de política de Inteligencia Artificial de la Casa Blanca, Anthropic habría sido advertida de la elusión y se habría resistido a corregirla; y en torno al 9 y 10 de junio circuló, por añadidura, un procedimiento de bypass divulgado públicamente. De ser exactos esos extremos, la intervención no respondería a un hallazgo meramente verbal, sino a una negativa previa de la empresa frente a un riesgo ya conocido.¹⁰

V.  La posición de Anthropic: los argumentos en contra

La empresa no impugna la potestad del Estado, pero censura tanto el fundamento fáctico como la proporción de la medida.

Sostiene, en primer término, que la única prueba recibida fue verbal y consistía en un jailbreak estrecho y no universal, en esencia pedir al modelo que leyera un código fuente determinado y corrigiera sus defectos, que revelaba vulnerabilidades menores ya conocidas, localizables por otros modelos de acceso público, incluido GPT-5.5 de OpenAI, sin necesidad de elusión alguna.¹¹

En segundo término, alega un vicio de proporcionalidad: retirar globalmente un producto desplegado a centenares de millones de usuarios por un hallazgo acotado y reversible quiebra la correspondencia exigible entre el medio y el fin.

La empresa advierte, además, de un efecto sistémico: de generalizarse ese estándar a toda la industria, se detendría de hecho el despliegue de cualquier nuevo modelo de frontera, pues la resistencia perfecta a la elusión no es hoy alcanzable por ningún proveedor.¹²

En tercer término, reivindica la solidez de sus salvaguardas, objeto de miles de horas de prueba con organismos públicos y terceros independientes, entre ellos el AI Security Institute británico, ninguno de los cuales halló una elusión universal.

Invoca asimismo su estrategia de defensa en profundidad, que combina barreras de contención, el encaminamiento de las consultas sensibles hacia modelos de menor capacidad y la conservación de datos para la detección temprana de ataques.¹³

La conclusión de la compañía es que existe un malentendido y que la actuación no se ajusta a los principios de transparencia, equidad y fundamentación técnica que ella misma reclama para la intervención estatal.

VI.  Balance crítico: pros y contras del precedente

Del contraste anterior pueden extraerse, con honestidad analítica, ventajas e inconvenientes del precedente.

Entre las primeras figura el reconocimiento explícito de que los modelos de frontera son tecnologías de doble uso sometidas al interés público, lo que disipa la cómoda ficción de su neutralidad.

La medida demuestra, asimismo, que el Estado dispone de palancas efectivas de intervención sobre las infraestructuras de Inteligencia Artificial y que la autorregulación no es la última palabra, y obliga al sector a internalizar el riesgo de seguridad nacional como variable de diseño y no como mera externalidad.

Los inconvenientes, sin embargo, son de mayor calado. El primero es el déficit de motivación y de debido proceso: una orden de efectos globales sustentada en evidencia verbal y sin explicitar su base normativa compromete la seguridad jurídica y la tutela del afectado.

El segundo es la desproporción entre la causa invocada, un riesgo acotado y el efecto producido, un apagado universal, agravada por la indeterminación temporal de la restricción.

El tercero es el sobrealcance extraterritorial que la doctrina del deemed export proyecta sobre un servicio en la Nube, con la paradoja de penalizar al usuario nacional para alcanzar al extranjero.

El cuarto inconveniente es de gobernanza y reviste particular gravedad. La información periodística sitúa el origen del aviso en Amazon, a la vez competidor, mayor inversor, integrante del consejo y proveedor de Nube de Anthropic; su director general habría trasladado el hallazgo a altos cargos del Ejecutivo, entre ellos el Secretario del Tesoro, al margen de los cauces de divulgación coordinada de vulnerabilidades.¹⁴

La concurrencia de esos papeles introduce un evidente riesgo de captura y de conflicto de intereses, que ni siquiera se atenúa por el hecho de que la propia infraestructura del denunciante resultara también afectada por el cierre.

El quinto inconveniente es geopolítico: frenar el modelo occidental más capaz puede beneficiar, de modo indirecto, a los competidores estratégicos que justamente se pretendía contener.¹⁵

A ello se suma una circunstancia que el análisis no debe pasar por alto: el apagón coincidió con la presentación por Anthropic de su folleto confidencial de salida a bolsa, lo que eleva tanto las consecuencias reputacionales del episodio como la sensibilidad de su apariencia de imparcialidad.¹⁶

VII.  Posición del autor

Expuestas ambas tesis, corresponde fijar una posición, que procuro situar por encima de la coyuntura y de la simpatía hacia cualquiera de las partes. Mi conclusión es matizada: la medida es legítima en su principio y correcta en su titularidad, pero censurable en su forma y dudosa en su proporción.

Es legítima porque el control de las capacidades tecnológicas de riesgo constituye una función indeclinable del Estado, y porque la naturaleza de doble uso de estos modelos, cuya aptitud para descubrir vulnerabilidades es a la vez un bien defensivo y un arma, justifica que la seguridad nacional opere como límite a la libre circulación del software.

En esto coincido con la premisa, no contradicha por la empresa, de que el poder público puede bloquear despliegues inseguros.¹⁷

Es, en cambio, censurable en su forma. Una decisión administrativa de efectos extraordinarios no puede descansar en evidencia meramente verbal, carecer de motivación escrita suficiente ni omitir la determinación de su base normativa y de su vigencia temporal.

Los principios de legalidad, motivación, contradicción y proporcionalidad no son ornamentos del Estado de derecho: son su sustancia, y deben regir también, con mayor razón, cuando la materia es novedosa y el poder actúa con urgencia. El control judicial o administrativo posterior se torna ilusorio si el acto no se deja conocer.

Y es dudosa en su proporción. Si el riesgo acreditado era acotado, no universal y reproducible por modelos ya disponibles, la respuesta adecuada no era la retirada global del producto, sino una medida graduada, como la suspensión cautelar de la funcionalidad comprometida, una auditoría contradictoria y un plazo de subsanación, acompañada de las debidas garantías procedimentales.

La proporcionalidad exige escoger, entre los medios idóneos, el menos lesivo, y el apagado total no parece superar ese tamiz a la luz de los datos conocidos.

Conviene matizar, no obstante, que esta valoración queda sujeta a los hechos que lleguen a acreditarse: si se confirmara que la empresa fue advertida y desatendió el riesgo, el reproche de desproporción habría de revisarse a la baja.

De lo anterior deriva, a mi juicio, la enseñanza normativa central del episodio. La lección no es que el Estado se haya excedido en su derecho a intervenir, que no lo hizo, sino que ejerció una potestad legítima por un cauce equivocado.

La regulación de los modelos de frontera no debe quedar entregada a la analogía forzada con instrumentos concebidos para los chips o las municiones. Se impone una lex specialis que reconozca la singularidad del servicio de Inteligencia Artificial, su ejecución centralizada, su alcance global y su carácter de doble uso, y que dote a la potestad estatal de un cauce reglado: causa típica, motivación suficiente, audiencia de la empresa, proporcionalidad de la respuesta y revisión independiente.

Sólo así podrá conciliarse la seguridad nacional con la seguridad jurídica, sin sacrificar ninguna de ambas en el altar de la otra.

VIII.  Conclusiones

Primera. El caso Fable 5 y Mythos 5 inaugura la aplicación del control de exportaciones a un modelo de Inteligencia Artificial de propósito general desplegado como servicio, mediante la doctrina del deemed export, con efectos prácticos de apagado universal.

Segunda. La potestad estatal de intervención es legítima y resulta admitida por la propia empresa; el conflicto se circunscribe al fundamento fáctico, a la forma del acto y a su proporcionalidad.

Tercera. El precedente aporta el reconocimiento del carácter estratégico y de doble uso de los modelos de frontera, pero adolece de un serio déficit de debido proceso, de un probable exceso de proporción y de riesgos de captura y de contraproductividad geopolítica.

Cuarta. El episodio reclama un marco jurídico específico para el control de los despliegues de Inteligencia Artificial, sustentado en garantías procedimentales, que sustituya la analogía con regímenes pensados para realidades tecnológicas distintas.

Referencias

1. Anthropic, “Statement on the US government directive to suspend access to Fable 5 and Mythos 5”, comunicado oficial, 12 de junio de 2026, en https://www.anthropic.com/news/fable-mythos-access (consultado el 14 de junio de 2026). Constituye la fuente primaria de este trabajo.

2. Según The Wall Street Journal, con reportes concurrentes de Bloomberg y Axios, la directiva se remitió mediante carta del Secretario de Comercio, Howard Lutnick, al director general de Anthropic, Dario Amodei. El propio comunicado de la empresa precisa que la carta no detalló la concreta preocupación de seguridad nacional.

3. Cfr. CNBC, “Anthropic disables access to Fable 5 and Mythos 5 to comply with government directive”, 12 de junio de 2026, y NBC News, “Anthropic suspends new AI models after government directive”, 13 de junio de 2026. Ambos sitúan la recepción de la orden a las 17:21 (hora del Este) y el consiguiente apagado total del servicio.

4. Fortune, “Anthropic disables Fable and Mythos AI models following U.S. government export ban”, 13 de junio de 2026, que precisa que la restricción alcanza incluso a empleados no ciudadanos de Anthropic dentro de los Estados Unidos y que el resto del catálogo, entre ellos Claude Opus 4.8, permanece operativo.

5. TechCrunch, “Anthropic’s safety warnings may have just backfired”, 12 de junio de 2026, y la entrada enciclopédica “Claude Mythos” (con remisión a Fortune y Axios) sobre la previsualización del 7 de abril de 2026 y el consorcio Project Glasswing. Fable 5 se liberó al público el 9 de junio, tres días antes de la orden.

6. NBC News, op. cit., subraya que sería la primera ocasión en que una empresa líder de Inteligencia Artificial retira de servicio un modelo ya desplegado públicamente por intervención del gobierno federal.

7. Cfr. 15 C.F.R. § 734.13 (Export Administration Regulations), que codifica la doctrina del deemed export: la liberación de tecnología controlada a un nacional extranjero en territorio estadounidense se reputa exportación al país de éste. Véase asimismo boesl.org, “Anthropic Export Control on Claude Fable and Mythos 5”, 13 de junio de 2026.

8. Anthropic, “Policy on the AI Exponential”, en https://www.anthropic.com/policy-on-the-ai-exponential. La empresa sostiene que el Estado debe poder bloquear despliegues inseguros, si bien a través de un procedimiento estatutario transparente, justo y fundado en hechos técnicos.

9. Según The Wall Street Journal, recogido por explainx.ai (“Why Did the US Gov Ban Fable 5?”, 12 de junio de 2026) y por TechPolicy.Press, la técnica de elusión se habría originado en Amazon, socio de Nube e inversor de Anthropic, y se habría comunicado a la Administración por una vía distinta de la divulgación coordinada al fabricante afectado.

10. El relato divergente procede de declaraciones públicas de David Sacks, responsable de política de Inteligencia Artificial de la Casa Blanca, conforme a las cuales Anthropic se habría negado a corregir la elusión; reconstrucciones periodísticas (implicator.ai, 13 de junio de 2026) sitúan, además, la difusión de un procedimiento de bypass público en torno al 9 y 10 de junio. La empresa disputa esa versión. Se consigna en aras de la equidistancia y a reserva de su ulterior acreditación.

11. Supra, nota 1. El propio comunicado califica la prueba aportada por el gobierno como un jailbreak estrecho y no universal, consistente en pedir al modelo que lea un código fuente específico y corrija sus defectos, y afirma que esa misma capacidad ofrecen otros modelos de acceso público, señaladamente GPT-5.5 de OpenAI, de uso rutinario entre defensores de ciberseguridad.

12. Euronews, “Why Anthropic is halting access to its Fable 5 and Mythos 5 AI models”, 13 de junio de 2026, que recoge la defensa de las salvaguardas por parte de Anthropic, su advertencia sobre el efecto sistémico y las primeras reacciones políticas en Europa.

13. Anthropic, comunicado cit., y Fortune, art. cit.: la compañía afirma haber sometido los modelos a miles de horas de evaluación con el Gobierno de los Estados Unidos, el AI Security Institute británico y terceros independientes, sin que se hallara una elusión universal.

14. The Wall Street Journal, reconstruido por implicator.ai y TechPolicy.Press (13 de junio de 2026): Andy Jassy, director general de Amazon y, a la vez, mayor inversor, integrante del consejo y proveedor de Nube de Anthropic, habría trasladado el hallazgo a altos cargos del Ejecutivo, entre ellos el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, con anterioridad a la carta de Comercio. La propia AWS resultó afectada por el cierre.

15. Cfr. Xataka, “Estados Unidos pulsa el botón del miedo con Claude Mythos y Fable 5”, 13 de junio de 2026, que advierte del beneficio competitivo indirecto para terceros Estados, singularmente China, derivado de frenar el despliegue del modelo occidental más capaz.

16. Quartz y Time (13 de junio de 2026) sitúan el cierre pocos días después de que Anthropic presentara de forma confidencial su folleto de salida a bolsa, con cifras de ingresos y de valoración de primer orden. El dato se consigna por su pertinencia para el juicio de oportunidad y de apariencia, sin que de él quepa inferir intención alguna.

17. Sobre el potencial de doble uso (dual-use) de las tecnologías de la información y su tensión con los principios de legalidad y proporcionalidad, me remito a Téllez Valdés, J., Derecho Informático, 5ª ed., McGraw-Hill, México.

Nota metodológica. Los hechos se contrastaron con el comunicado oficial de Anthropic (fuente primaria) y con coberturas concurrentes de The Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, CNBC, NBC News, Fortune, Time, Quartz, Al Jazeera, TechCrunch, Euronews, TechPolicy.Press y Xataka, entre otras, accesibles los días 13 y 14 de junio de 2026. Las apreciaciones jurídicas y la posición final son responsabilidad exclusiva del autor.

Katia González – Directora de Estrategia Global de Políticas Públicas de Somos

El nuevo marco regulatorio del registro obligatorio de líneas móviles impulsado en México se configura como una de las iniciativas más ambiciosas de la región en materia de telecomunicaciones vinculadas a la identidad del usuario. 

Su objetivo principal es contribuir a la prevención de delitos como la extorsión, el fraude y otras formas de comunicación ilícita mediante la eliminación del anonimato en el uso de numeración móvil. 

La medida establece la obligación de asociar cada número móvil a una persona física o jurídica cuya identidad deberá ser debidamente verificada. Los usuarios deberán registrar sus líneas antes del 30 de junio de 2026; en caso contrario, las líneas podrán ser suspendidas a partir del 1 de julio de 2026. 

Este enfoque se inscribe en una tendencia internacional orientada a reforzar la gobernanza de los recursos de numeración, incrementar la transparencia y reducir el uso indebido de las infraestructuras de telecomunicaciones. 

No obstante, presenta diferencias sustanciales respecto de los modelos adoptados en otras jurisdicciones como Reino Unido, Irlanda, España, Francia o Estados Unidos. 

Mientras que estos últimos priorizan la autenticación de las comunicaciones y la integridad de la numeración, el modelo mexicano se centra fundamentalmente en la trazabilidad del titular de la línea. 

Esta distinción no es meramente técnica: un registro de abonados permite identificar al titular formal de una línea, pero no garantiza que las comunicaciones originadas desde dicha numeración sean auténticas, legítimas o no hayan sido manipuladas.

En este contexto, surge una cuestión clave: ¿la eliminación del anonimato contribuye de manera efectiva a reforzar la confianza en las comunicaciones o genera principalmente una percepción de seguridad sin abordar los vectores más relevantes del fraude moderno? 

Análisis 

El incremento del fraude apoyado en infraestructuras y servicios de telecomunicaciones ha situado progresivamente en el centro del debate regulatorio la necesidad de una gestión más eficaz de los recursos de numeración. 

En los últimos años, reguladores de Europa, Norteamérica y diversas jurisdicciones de Asia-Pacífico han intensificado sus actuaciones para reforzar el control sobre dichos recursos mediante instrumentos como las listas Do Not Originate (DNO), destinadas a identificar numeraciones que no deberían originar tráfico, los registros de 

numeración, los sistemas de autenticación de llamadas, los procedimientos de traceback para la trazabilidad del origen de las comunicaciones, los mecanismos de validación de la integridad del CLI (Calling Line Identifier) y distintas obligaciones regulatorias orientadas a combatir las robocalls, la suplantación de identidad y otras modalidades de fraude. 

Las iniciativas DNO impulsadas por Ofcom en el Reino Unido, las medidas adoptadas por ComReg en Irlanda, el creciente foco regulatorio de España y Francia sobre la integridad de la numeración, así como el marco promovido por la FCC en Estados Unidos para prevenir la manipulación del CLI, reflejan una evolución regulatoria caracterizada por un interés creciente en la operacionalización de la inteligencia de numeración.² 

No obstante, buena parte de estos modelos no se orienta principalmente a identificar al titular formal de un número, sino a validar si una comunicación específica puede considerarse auténtica y fiable. 

El nuevo sistema mexicano responde a una lógica regulatoria distinta. En lugar de centrarse en la autenticación de llamadas, la verificación de derechos de uso o la validación en tiempo real de la legitimidad de una comunicación, su propósito es eliminar el uso anónimo de líneas móviles mediante la vinculación de cada número a la identidad verificada de su titular. 

La motivación subyacente a esta iniciativa resulta comprensible. Durante años, las líneas prepago anónimas se han asociado a esquemas de extorsión, ataques de ingeniería social y otras manifestaciones de actividad delictiva. 

En mercados con elevada penetración del prepago y utilización fraudulenta de tarjetas SIM desechables, el registro de usuarios puede aportar ventajas operativas relevantes: dificulta determinados abusos oportunistas y facilita tanto la labor investigadora como la capacidad de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Ahora bien, conviene no sobreestimar el alcance efectivo que un sistema de registro de abonados puede tener de forma aislada. 

La existencia de un número debidamente registrado no garantiza, por sí misma, que cualquier comunicación asociada a ese número sea auténtica o fiable. 

El fraude en el ámbito de las telecomunicaciones se apoya cada vez más en técnicas de manipulación del CLI, fraude mediante SIM swapping,³ utilización de identidades sintéticas e identidades mula,⁴ así como en el uso indebido de numeraciones legítimas. 

En estos supuestos, la mera disponibilidad de un registro de identidad verificada del abonado ofrece una protección limitada a la persona destinataria de llamadas o mensajes. 

La cuestión adquiere una relevancia particular en los supuestos de suplantación de identidad o falsificación del CLI. Un defraudador puede utilizar el número de un banco mexicano, de una empresa, de un organismo público o de cualquier abonado sin ostentar derecho alguno sobre dicha numeración. 

En ese contexto, el registro de abonados podría permitir identificar al titular formal de una línea móvil y, sin embargo, no autenticar el origen real, la intención ni la legitimidad de la comunicación recibida por el usuario final. 

De igual modo, actores delictivos con mayor sofisticación técnica pueden obtener el control de líneas registradas recurriendo a identidades robadas, sintéticas o adquiridas, generando así una apariencia engañosa de legitimidad. 

La cuestión de fondo radica en determinar si la mera trazabilidad de la identidad de los titulares de las líneas puede incrementar de forma sustancial la confianza en las comunicaciones, en un entorno cada vez más expuesto a fraudes transfronterizos y multiplataforma.

La experiencia internacional sugiere que la eficacia de las estrategias antifraude depende, por lo general, menos de un registro de identidad considerado de forma aislada que de modelos multinivel que integran transparencia sobre la numeración, autenticación en tiempo real, analítica de actividad, trazabilidad y mecanismos efectivos de supervisión y cumplimiento normativo. 

Diversas jurisdicciones han evolucionado hacia enfoques en los que los registros de numeración interactúan con controles anti-spoofing, validación de derechos de uso, sistemas de monitorización del fraude y mecanismos regulatorios de ejecución, en lugar de operar como meros registros estáticos de identidad. 

Un modelo integral requiere la articulación de múltiples niveles: 

• Identidad del abonado: determinar a nombre de quién figura registrada la línea. 

• Derecho de uso de la numeración: verificar si el emisor está efectivamente autorizado para utilizar ese número. 

• Autenticación de la comunicación: confirmar si la llamada o el mensaje procede realmente del origen declarado. 

• Actividad y comportamiento: identificar si el tráfico presenta patrones anómalos o indicios de comportamiento fraudulento. 

• Trazabilidad y cumplimiento normativo: posibilitar investigaciones y actuaciones concretas respecto de proveedores de servicios, plataformas y jurisdicciones implicadas en la actividad sospechosa. 

A la luz de lo anterior, el registro mexicano puede resultar útil para la validación de identidades y para mejorar la trazabilidad, pero no constituye por sí solo un mecanismo capaz de garantizar la confianza en las comunicaciones. 

La iniciativa mexicana suscita, además, interrogantes adicionales de gran relevancia, más allá del propio encaje jurídico. 

La portabilidad numérica, por ejemplo, introduce un nivel adicional de complejidad, ya que eventuales retrasos o inconsistencias en la actualización de los registros podrían afectar a comunicaciones legítimas, los controles antifraude y los procesos de alta de clientes. 

Igualmente determinantes serán la gobernanza del sistema, los mecanismos de supervisión y los procedimientos destinados a prevenir la suspensión o exclusión indebida de usuarios legítimos. 

México ya intentó implantar un registro centralizado de usuarios móviles a través del PANAUT, posteriormente invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022. 

Aunque el nuevo esquema difiere de manera significativa del anterior, es razonable prever que vuelvan a plantearse cuestiones relativas a la necesidad, proporcionalidad, eficacia y riesgos asociados a la concentración de información sensible, en particular la relativa a la vinculación entre identidades y datos de telecomunicaciones. 

Se trata de información de alto valor para la ciberdelincuencia y para organizaciones criminales. Incluso en ausencia de almacenamiento formal de datos biométricos por parte de los operadores, la vinculación entre el uso de servicios móviles y los registros oficiales de identidad genera una 

concentración de información sensible que, en caso de verse comprometida, podría acarrear consecuencias relevantes.

Se plantea, además, una cuestión de mayor alcance: si las iniciativas basadas en la identidad pueden desplazar el fraude, en lugar de reducirlo de manera efectiva. 

Actores sofisticados pueden reconfigurar sus vectores de ataque desplazando su actividad al extranjero, a plataformas OTT o al uso de granjas de SIM. 

Este tipo de adaptación ya se ha observado en otras regiones tras la implantación de medidas nacionales. Por ello, la eficacia de los registros nacionales tiende a erosionarse con el tiempo a medida que los defraudadores ajustan sus métodos de actuación. 

En consecuencia, el modelo mexicano puede resultar eficaz frente a determinados fraudes oportunistas, ataques anónimos o esquemas basados en el uso de SIM desechables. 

Su impacto previsiblemente será más limitado frente a modalidades más sofisticadas de suplantación o falsificación de identidad, así como ante el fraude transfronterizo. 

Ello no significa que el registro carezca de utilidad, sino que debe entenderse como una herramienta integrada en una arquitectura antifraude más amplia y no como una solución autosuficiente. 

La cuestión esencial es que la confianza efectiva en las comunicaciones exige no sólo la identificación y validación de los abonados, sino también la autenticación robusta de las propias comunicaciones. 

La respuesta a esta cuestión podría influir tanto en la evolución futura de la reforma mexicana como en la forma en que otras jurisdicciones aborden la relación entre gobernanza de la numeración, identidad móvil, derechos de uso, prevención del fraude y confianza digital. 

El modelo mexicano podría convertirse, por lo tanto, en un caso de estudio de especial interés. Si su implantación se acompaña de controles sólidos, precisión operativa e integración con sistemas antifraude más amplios, podría reforzar la trazabilidad y contribuir a reducir determinadas tipologías de fraude. 

Sin embargo, si se presenta como una respuesta integral al fraude habilitado por las telecomunicaciones, existe el riesgo de generar únicamente una apariencia de confianza, sin incorporar la autenticación, la inteligencia operativa y los controles necesarios para afrontar el fraude contemporáneo.

Guillermo Sólomon | Deloitte S-LATAM – TMT Subject Matter Expert

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa que dio origen a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, buena parte del debate público se concentró en los cambios institucionales del sector y en algunos elementos polémicos de la discusión legislativa inicial.

Sin embargo, más allá del debate regulatorio inmediato, la ley también abre una conversación de mayor alcance: ¿cómo debe construir México una posición sólida de soberanía digital en una economía cada vez más dependiente de redes, datos, Nube, Inteligencia Artificial, satélite y plataformas globales?

La pregunta es especialmente relevante porque la soberanía digital ya no puede entenderse solamente como un tema de telecomunicaciones móviles, espectro o cobertura. Hoy involucra redes fijas, fibra óptica, Centros de Datos, Nube pública, cables submarinos, conectividad satelital, software de red, ciberseguridad, identidad digital, Inteligencia Artificial y capacidad de operación sobre infraestructura crítica.

La nueva ley representa un paso importante para reorganizar el marco institucional del sector. La siguiente etapa natural será complementar ese marco con una visión de política digital que defina qué capacidades deben considerarse estratégicas, cómo se gobiernan los datos críticos y bajo qué condiciones México debe relacionarse con los grandes proveedores tecnológicos globales.

La soberanía digital no es nacionalismo tecnológico

Hablar de soberanía digital no significa cerrar el mercado, rechazar inversión extranjera o intentar construir una infraestructura aislada del mundo. Por el contrario, una estrategia moderna de soberanía digital debe partir de una visión abierta, competitiva y colaborativa.

Soberanía digital significa tener capacidad real de decisión sobre la arquitectura tecnológica que sostiene la economía, el gobierno y la vida cotidiana del país. 

En telecomunicaciones, implica poder definir con claridad qué infraestructura de red es crítica, qué datos deben gobernarse bajo jurisdicción mexicana, qué proveedores pueden participar en capas sensibles de Nube, conectividad, Inteligencia Artificial y ciberseguridad y cómo asegurar que una parte relevante del valor económico de la digitalización se quede en México.

El objetivo no es sustituir a AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle o Huawei Cloud. El objetivo es que México pueda relacionarse con todos ellos desde una posición más estratégica: con reglas claras, capacidad de auditoría, portabilidad, interoperabilidad, resiliencia, ciberseguridad, gobierno de datos y criterios transparentes para sectores regulados.

La soberanía digital moderna no se mide por tener todo “en casa”. Se mide por la capacidad de evitar dependencias innecesarias, negociar mejor, proteger activos críticos y asegurar continuidad operativa aún en escenarios de tensión tecnológica, comercial o geopolítica.

La red fija también es soberanía

En México, la conversación sobre telecomunicaciones suele concentrarse en espectro, telefonía móvil, 5G y cobertura rural. Todos esos temas son fundamentales, pero no deben eclipsar otra dimensión igual de estratégica: la red fija.

La economía digital no vive únicamente en el aire. Vive sobre fibra óptica, redes metropolitanas, dorsales nacionales, cables submarinos, interconexión entre Centros de Datos, redes de transporte, enlaces empresariales, backhaul móvil, redes HFC, FTTH, IP backbone, peering, CDN, Edge Computing y conectividad dedicada hacia la Nube.

La red móvil es la cara más visible para el usuario. La red fija es la estructura profunda que sostiene el tráfico, la calidad, la latencia, la resiliencia y la capacidad de procesamiento distribuido.

Por eso, la soberanía digital no puede analizarse desde un solo operador ni desde una sola tecnología. Requiere observar el ecosistema completo: operadores nacionales y regionales de fibra, proveedores de banda ancha fija, carriers empresariales, operadores móviles con necesidades intensivas de backhaul, redes mayoristas, infraestructura pública, Centros de Datos, proveedores de interconexión, redes privadas y nuevos jugadores satelitales.

En ese ecosistema participan, con distintos roles y alcances, operadores convergentes, empresas de cable, proveedores de fibra empresarial, redes mayoristas, operadores móviles, actores de infraestructura pública y plataformas de Data Center e interconexión. Cada uno aporta una capa distinta de la arquitectura digital del país.

Si México quiere avanzar hacia una soberanía digital más robusta, el debate debe incluir ductos, fibra, derechos de vía, torres, Centros de Datos, rutas redundantes, interconexión, tráfico internacional, IXPs, redes privadas, seguridad de transporte y capacidad de recuperación ante fallas críticas.

La pregunta ya no es únicamente quién tiene cobertura. La pregunta es quién controla la arquitectura por donde viajan los datos, dónde se procesan, bajo qué reglas se almacenan y quién puede observar, priorizar, proteger, monetizar o interrumpir esos flujos.

Desde esta perspectiva, la red fija no es sólo infraestructura de conectividad. Es una capa crítica para la competitividad, la resiliencia y la soberanía digital del país.

Hyperscalers: presencia local y gobernanza soberana

La llegada de regiones de Nube a México es una señal positiva. Microsoft Azure ya opera su región México Central; Google Cloud abrió su región en Querétaro; AWS lanzó su región México Central; Oracle tiene presencia de Nube en Querétaro y Huawei Cloud también ha incrementado su participación en el mercado mexicano y regional, particularmente en proyectos donde la Nube, la conectividad, la analítica y la modernización tecnológica empiezan a converger.

Esto fortalece la capacidad del país para atraer inversiones en Inteligencia Artificial, analítica avanzada, servicios financieros digitales, manufactura inteligente, gobierno digital y operaciones críticas de empresas regionales. También acerca la capacidad de cómputo al mercado mexicano, mejora latencias y crea condiciones para desarrollar soluciones más sofisticadas.

Pero la presencia local de infraestructura debe ir acompañada de una discusión más profunda sobre gobernanza. La soberanía no depende solamente de la ubicación física del servidor. También depende de quién administra las llaves de cifrado, qué jurisdicción aplica sobre los datos, cómo se auditan los accesos, qué tan portable es una carga de trabajo, qué nivel de dependencia contractual existe y cómo se responde ante incidentes de seguridad o continuidad.

En sectores regulados —banca, salud, energía, telecomunicaciones, gobierno, seguridad pública, infraestructura crítica y manufactura avanzada— la pregunta no debería ser únicamente si el proveedor tiene Data Center en México. Las preguntas relevantes son más amplias:

¿Quién administra las llaves de cifrado?
¿Quién puede acceder a los datos y bajo qué jurisdicción?
¿Se puede auditar la operación de forma independiente?
¿Existe portabilidad real entre Nubes?
¿La arquitectura permite operar en modo híbrido o multicloud?
¿Las cargas críticas pueden aislarse, replicarse o recuperarse bajo control local?
¿La Inteligencia Artificial que procesa datos sensibles tiene trazabilidad, explicabilidad y controles de uso?

Ahí está la oportunidad de construir una estrategia mexicana de Nube soberana.

México no necesita una Nube cerrada. Necesita un marco de Nube soberana para sectores regulados, basado en certificaciones, auditorías, reglas de portabilidad, requisitos de cifrado, soberanía de llaves, localización selectiva de datos críticos, controles de identidad, estándares de resiliencia y criterios claros para proveedores que participen en cargas sensibles.

Esta discusión también debe considerar el contexto del T-MEC. México forma parte de una región económica profundamente integrada con Estados Unidos y Canadá, donde los flujos transfronterizos de datos, la seguridad de las cadenas digitales, la confianza tecnológica y la continuidad operativa son cada vez más relevantes. Por ello, cualquier política de soberanía digital debe diseñarse con equilibrio: suficientemente robusta para proteger infraestructura crítica y datos sensibles, pero también compatible con la apertura comercial, la inversión extranjera, la innovación y los compromisos internacionales del país.

El punto no es privilegiar o excluir proveedores por nacionalidad, sino establecer criterios técnicos y regulatorios claros para todos: ciberseguridad verificable, auditabilidad, jurisdicción, resiliencia, portabilidad, transparencia contractual, gobierno de datos y capacidad de respuesta ante incidentes. 

Bajo ese enfoque, México puede mantener una postura abierta al comercio y a la inversión, al mismo tiempo que eleva los estándares para quienes participen en capas sensibles de su arquitectura digital.

El satélite como nueva frontera regulatoria

El satélite será una de las áreas donde la soberanía digital se volverá más visible en los próximos años.

La conectividad satelital de baja órbita ya demostró que puede desplegarse con gran velocidad. En zonas rurales o aisladas, su propuesta es poderosa: cobertura donde la fibra no llega, donde el backhaul es costoso o donde el retorno de inversión dificulta despliegues tradicionales.

La discusión se vuelve más compleja con la conectividad directa al dispositivo. Si un usuario puede conectarse desde un teléfono convencional a una red satelital global, el operador terrestre puede ver modificada su relación tradicional con el cliente. 

La pregunta estratégica es quién factura, quién autentica, quién gestiona la experiencia, quién cumple obligaciones regulatorias y quién conserva el control de la relación comercial.

Existen modelos satelitales que buscan integrarse con operadores móviles existentes, preservando en mayor medida el rol del carrier local frente al usuario final. Esa diferencia es importante. No se trata únicamente de tecnología satelital; se trata de arquitectura de mercado, relación comercial, regulación y soberanía operativa.

El satélite no debe verse como una amenaza para los operadores nacionales. Bien integrado, puede complementar redes terrestres, extender cobertura, mejorar resiliencia ante desastres, conectar comunidades rurales y habilitar aplicaciones de emergencia, agricultura, logística, energía, seguridad y gobierno digital.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendrá una oportunidad relevante para definir reglas claras sobre interconexión, roaming, espectro, recursos orbitales, obligaciones de cobertura, calidad de servicio, atención a usuarios, seguridad, colaboración con autoridades y protección de datos.

Una regulación moderna puede permitir que México aproveche la innovación satelital sin debilitar el papel estratégico de sus operadores, sus redes terrestres y su infraestructura nacional.

La nueva ley como punto de partida

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión crea una nueva arquitectura institucional. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones queda como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con atribuciones regulatorias sobre telecomunicaciones, radiodifusión y componentes vinculados a infraestructura, espectro, redes y servicios.

También se refuerza la visión de que el espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la comunicación vía satélite son bienes y servicios de interés público. Esa visión es consistente con la importancia estratégica que hoy tiene la conectividad.

La siguiente etapa será articular este marco con una política nacional de soberanía digital. Regular telecomunicaciones es indispensable, pero la economía digital exige además definir qué arquitectura tecnológica necesita el país para competir en la era de la Inteligencia Artificial.

Algunas preguntas pueden ayudar a estructurar esa agenda:

¿Qué datos del gobierno y de sectores regulados deben estar sujetos a controles soberanos?
¿Qué cargas de Inteligencia Artificial pueden procesarse en Nubes públicas globales y cuáles requieren entornos certificados?
¿Qué rol deben jugar CFE Telecomunicaciones, la red troncal, los activos de transporte, los operadores privados y los Centros de Datos nacionales?
¿Qué capacidades mínimas deben exigirse a proveedores de Nube que atiendan gobierno, banca, salud, energía o telecomunicaciones?
¿Cómo se asegura la portabilidad real entre Nubes?
¿Qué estrategia tendrá México frente a satélites de órbita baja, conectividad directa al dispositivo y redes no terrestres?
¿Cómo se protege la red fija como infraestructura crítica y no sólo como negocio de conectividad?
¿Qué capacidades nacionales se desarrollarán en ciberseguridad, observabilidad, operación de red, automatización, IA y respuesta ante incidentes?

Planteadas de esta forma, estas preguntas no representan una crítica al marco actual, sino una agenda de trabajo para fortalecerlo.

Telecom como plataforma de soberanía

Aunque la soberanía digital toca muchas verticales —banca, salud, energía, manufactura, retail, educación, gobierno y seguridad— telecom es la más relevante porque es la capa habilitadora de todas las demás.

La banca digital depende de conectividad segura, baja latencia, identidad, Nube, APIs, monitoreo y resiliencia. La salud digital depende de disponibilidad, protección de datos, interoperabilidad y cómputo seguro. La energía depende de redes industriales, telemetría, sensores, centros de control y ciberseguridad operativa. La manufactura avanzada depende de fibra, 5G privado, Edge Computing, IA, IoT y redes determinísticas. El gobierno digital depende de identidad, Nube, Centros de Datos, conectividad y confianza.

Todo pasa por la red.

Por eso, los operadores mexicanos no deberían ver la soberanía digital únicamente como una obligación regulatoria. También pueden verla como una oportunidad de reposicionamiento estratégico. La red ya no debe venderse sólo como capacidad, megabits o cobertura. 

Puede convertirse en una plataforma de servicios digitales: latencia garantizada, seguridad gestionada, conectividad crítica, APIs de red, Edge Computing, observabilidad, cumplimiento regulatorio, identidad, trazabilidad, calidad de experiencia y soporte a cargas de Inteligencia Artificial.

En otras palabras, la red puede dejar de ser sólo transporte y evolucionar hacia una plataforma de capacidades digitales.

Esta transformación ya está ocurriendo globalmente. Los operadores más avanzados están buscando monetizar capacidades de red, no sólo tráfico. Ofrecen SLAs diferenciados, redes privadas, seguridad administrada, conectividad Cloud, edge, analítica, automatización, APIs y servicios para verticales específicas.

México tiene operadores con escala, talento, activos e infraestructura suficientes para participar en esa evolución. La oportunidad está en alinear regulación, inversión, innovación, Nube, IA y servicios empresariales bajo una visión compartida de competitividad digital.

Tres movimientos para la próxima década

El primer movimiento es tratar la infraestructura digital como infraestructura crítica. Eso incluye redes móviles, pero también fibra, transporte óptico, redes metropolitanas, Data Centers, rutas internacionales, IXPs, cloud connectivity, satélite, edge y plataformas de operación. 

Una agenda de soberanía digital puede mapear dependencias, identificar puntos únicos de falla, definir estándares de resiliencia y establecer criterios de continuidad operativa para sectores estratégicos.

El segundo movimiento es construir un marco de Nube soberana para sectores regulados. No se trata de prohibir hyperscalers ni de exigir que todo esté físicamente en México. Se trata de definir niveles de criticidad, controles de cifrado, soberanía de llaves, auditoría, portabilidad, segregación de cargas, trazabilidad de IA, gobierno de datos y reglas claras para proveedores que operen información sensible. 

Azure, AWS, Google Cloud, Oracle y Huawei Cloud pueden participar, pero bajo estándares verificables y comparables.

El tercer movimiento es convertir a telecom en una plataforma nacional de capacidades digitales. Los operadores pueden evolucionar de conectividad a servicios de valor: APIs de red, edge, baja latencia, seguridad, telemetría, cumplimiento, automatización e Inteligencia Artificial aplicada a operaciones. 

Eso requiere modernizar OSS/BSS, avanzar hacia redes más programables, fortalecer la observabilidad, adoptar operaciones cerradas con IA y diseñar ofertas por vertical. No basta con desplegar 5G o fibra; hay que convertir esas redes en capacidades monetizables y estratégicas para el país.

Una oportunidad estratégica para México

México tiene mercado, escala, talento, operadores relevantes, cercanía con Estados Unidos, posición estratégica en Norteamérica, capacidad industrial y una demanda creciente de infraestructura digital. 

También tiene la oportunidad de ordenar mejor sus dependencias tecnológicas, fortalecer su ciberseguridad, elevar la resiliencia de su infraestructura crítica y definir una relación más estratégica con hyperscalers, proveedores de red, operadores satelitales y plataformas de Inteligencia Artificial.

La soberanía digital no debe plantearse como una defensa frente al mundo. Debe plantearse como una estrategia moderna de posicionamiento. México no tiene que cerrarse; tiene que negociar mejor. No tiene que construir todo; tiene que saber qué capacidades no puede perder. No tiene que excluir proveedores; tiene que exigir transparencia, resiliencia, portabilidad, seguridad y control.

En telecomunicaciones hay una regla que sigue vigente: quien controla la arquitectura controla el negocio. Y en la economía digital, quien controla la arquitectura también protege una parte creciente de la soberanía.

La CRT inicia una etapa relevante para el sector. La Inteligencia Artificial, los hyperscalers, el satélite, las redes fijas, el 5G avanzado, el edge y la Nube soberana avanzan rápidamente. México tiene la oportunidad de articular estos elementos en una agenda de Estado que combine inversión, innovación, regulación, competencia y confianza digital.

José Antonio Santillán | Director de Operaciones de Servicios de TI de Axtel

Del 25 de mayo al 2 de junio, México volverá a entrar en modo Hot Sale. Pero a estas alturas, el evento ya no se explica por descuentos ni por creatividad comercial. Se explica por escala. 

En 2025, esta campaña generó 42,725 millones de pesos en ventas, 19.2 millones de órdenes de compra y un ticket promedio de 1,100 pesos. Más todavía: 30% de las ventas ocurrió entre el primer y el último día. 

Ya superamos la forma de atraer tráfico. Ahora buscamos sostenerlo cuando llega de golpe o en picos durante periodos cortos de tiempo. Y ahí se hace evidente un error que muchas empresas siguen cometiendo: diseñar su operación digital para el promedio y no para el pico. 

En días normales, una plataforma puede parecer suficiente. En una campaña masiva, esa misma arquitectura revela sus límites: latencia, caídas parciales, inventarios desincronizados, rechazos de pago y fricción en checkout. Ahí se juega la diferencia entre una marca que convierte y una marca que decepciona. 

Sin rodeos: en el comercio digital de hoy, la confianza no es una emoción de marca. Es una capacidad técnica. Se construye cuando la experiencia se mantiene estable bajo presión, cuando el pago fluye, cuando la seguridad protege sin bloquear ventas legítimas y cuando el cliente siente control, no incertidumbre. 

El comercio electrónico en México alcanzó 941 mil millones de pesos y 77.2 millones de compradores, creciendo 25 veces más rápido que el PIB, según AMVO. Ese tamaño cambia la conversación. Una falla en checkout ya no es un incidente técnico menor: es una ruptura visible de confianza en un mercado donde el consumidor tiene cada vez menos paciencia. 

Las empresas deberían tomar decisiones críticas previo al Hot Sale 

1. Adoptar arquitecturas elásticas que permitan escalar en tiempo real conforme crece la demanda, en vez de sobredimensionar o improvisar. 
2. Tener observabilidad de extremo a extremo sobre todo el proceso de compra, no sólo monitoreo aislado de servidores o aplicaciones. 
3. Fortalecer la resiliencia en pagos con múltiples medios y rutas disponibles, porque una sola vía de cobro puede convertirse en un punto único de falla.
4. Someter la plataforma a pruebas de estrés y escenarios de falla antes del evento, no durante. 
5. Automatizar la detección y resolución de incidentes para recortar minutos de afectación que, en una coyuntura así, pueden costar mucho más que una venta. 

En eventos de alta demanda, marketing y tecnología ya no compiten por presupuesto; comparten responsabilidad sobre el resultado. La pauta puede llevar al consumidor hasta la puerta. Pero si la arquitectura no sostiene la promesa en el momento del pago, lo que se desploma no es sólo la conversión. Se desgasta la reputación. 

En 2026, el Hot Sale será menos una campaña promocional y más un examen de madurez operativa. Las compañías que lo entiendan competirán con resiliencia. Las que no, volverán a descubrir demasiado tarde que la confianza del consumidor no se gana en el anuncio.

Se gana en la arquitectura. 

Carina Murcia Yela | Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Colombia es hoy un país distinto al de hace apenas tres años en materia de conectividad digital. Los avances logrados entre 2022 y 2025, con más de 3,5 millones de nuevos hogares conectados, consolidan una base sólida para un nuevo salto en 2026.

Detrás de esa cifra hay más de 10 millones de personas que pasaron de estar desconectadas a tener la posibilidad de estudiar, trabajar, emprender o simplemente comunicarse gracias a la conexión a Internet. 

Este es un avance contundente, pero también es la continuidad de un reto en el cual es necesario seguir trabajando para que esa conectividad se traduzca en productividad y transforme vidas.

Estos resultados, publicados en la Encuesta de Calidad de Vida 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), confirman que los logros son significativos. 

Entre 2022 y 2025, el acceso a Internet, fijo o móvil, pasó de 59,5% a 73,9%. Es decir, un salto de 14,4 puntos porcentuales en sólo tres años. 

Además, entre 2024 y 2025 el aumento fue de 8,3 puntos. Lo que evidencia estos crecimientos son los resultados de una política pública estructural.

Estos avances son fruto de una apuesta decidida de política pública para ampliar la infraestructura, fortalecer los programas de acceso y llevar conectividad a las regiones. 

La articulación entre el Gobierno Nacional, los operadores y los entes territoriales ha permitido acelerar proyectos que hoy impactan directamente la vida de millones de colombianos y colombianas.

Otro dato revelador, más allá de cuánto avanzamos, es dónde lo hicimos. 

La verdadera transformación está ocurriendo fuera de las ciudades, donde los centros poblados y en la ruralidad dispersa la conectividad aumentó de 32,2% a 56,9%, un salto de 24,7 puntos porcentuales que, por primera vez, permite afirmar que más de la mitad de los hogares rurales están conectados. 

Por su parte, en las cabeceras municipales, el acceso pasó de 67,5% a 78,8%.

Estas cifras representan un avance real en el cierre de brechas y en la equidad territorial. 

Desde 2022, la distancia entre lo urbano y lo rural se ha reducido en 13 puntos. Aunque aún persiste, ya no es la misma. La realidad es que hoy hay más oportunidades donde antes no las había.

Y es que la conectividad dejó de ser sólo un asunto tecnológico. Hoy es una herramienta de inclusión social y desarrollo económico. 

Cada hogar conectado abre la puerta a educación virtual, servicios de salud, comercio electrónico, trámites digitales y oportunidades laborales.

Es por esto que es muy importante que 27 departamentos registren incrementos de dos dígitos en la penetración de hogares con Internet. 

El caso de San Andrés es emblemático. Pasó de ocupar el puesto 22 en conectividad en 2022 a liderar el país en 2025, con 90,1% de hogares conectados. Es decir, 9 de cada 10 hogares tienen acceso a internet. 

También se destacan avances acelerados en Guaviare (+40,9 p.p.), Cauca (+34,9 p.p.) o La Guajira (+24,3 p.p.), demostrando que, cuando hay enfoque territorial, los resultados llegan.

Sin embargo, no todos los avances son lineales. Departamentos como Guainía evidencian fragilidad en su progreso. Luego de pasar de 18,9% en 2022 a 46,6% en 2023, cayó a 31,5% en 2024 y se recuperó a 41,5% en 2025, lo que muestra que en algunos territorios el desafío no es sólo avanzar, sino sostener lo logrado.

En este sentido, estos datos hacen que nos hagamos una pregunta clave: ¿debemos seguir pensando la conectividad únicamente desde la fibra óptica? 

Si bien ha sido fundamental para mejorar la calidad de las redes, no siempre es la solución más eficiente para todos los territorios. 

En un país que crece a distintas velocidades, será necesario complementar con enfoques más flexibles y adaptados a cada región, para evitar que algunas zonas queden rezagadas en la economía digital.

Mientras algunos territorios avanzan con fuerza, otros muestran volatilidad. Hay zonas apartadas que enfrentan mayores obstáculos, con dificultades de acceso, condiciones técnicas complejas y, en algunos casos, desafíos de seguridad. En estos contextos, hace que cerrar la brecha digital requiera mayor inversión como también soluciones diferenciadas y sostenibles en el tiempo.

Pero eso no significa detenernos. Significa priorizar, innovar y llegar primero a donde más se necesite. Estamos dejando bases sólidas para el futuro, el reto ahora es sostener este ritmo para seguir cerrando la brecha digital en nuestro país.

Hoy Colombia puede decir, con datos, que avanzó. Y avanzó mucho. Pero el verdadero éxito no se medirá en cuántos hogares están conectados, sino en cuántas vidas cambian gracias a esa conexión. Ahí está la verdadera equidad.

Doce de los ecosistemas más dinámicos del mundo se encuentran en América Latina. 

São Paulo, Río de Janeiro, Curitiba y Belo Horizonte en Brasil; Ciudad de México y Monterrey en México; Bogotá y Medellín en Colombia; Santiago en Chile y Buenos Aires en Argentina se clasifican entre los 200 líderes, según el recientemente publicado Startup Ecosystem Report 2026 de la consultora StartupBlink. 

Este ranking combina miles de datos sobre la actividad, calidad e impacto de los ecosistemas emprendedores, incorporando indicadores relacionados con startups, inversión, infraestructura de innovación, entorno empresarial, capital humano y universidades, preparación digital y conectividad internacional.

Para que vean la fortaleza, piensen que São Paulo le compite de tú a tú a Miami y Shenzhen; Bogotá a Osaka y Manchester; Santiago de Chile y Ciudad de México a Doha y Bangkok; Buenos Aires a Cambridge; y Medellín, que ha registrado uno de los avances más sobresalientes en el último año, a Kyoto. 

Sin duda, todavía se necesitan avances adicionales en América Latina en políticas productivas e incentivos a la innovación y cerrar la brecha de inversión en infraestructuras físicas, tecnológicas y de capital humano. 

Pero, como es habitual en esta columna, hay que celebrar que la región está mostrando un dinamismo creciente en startups y una mayor diversificación de ecosistemas. Este impulso es particularmente visible en sectores donde América Latina ha desarrollado sólidas capacidades regionales como fintech, comercio electrónico, logística, movilidad, agroindustria, innovación climática y alimentaria.

Los ecosistemas de startups no sólo son un semillero de empresas, también generan una demanda intensiva de Nube, cómputo, procesamiento de datos y servicios de IA. 

Allí aparece una oportunidad estratégica para América Latina. 

La dotación de recursos naturales y energías renovables, la expansión de redes de fibra y una población joven y cada vez más formada podrían permitir el desarrollo de corredores regionales de infraestructura computacional y materializar, por fin, el anhelo de que la región sea no sólo usuaria, también protagonista de la revolución de la IA.

Como todos los lectores de DPL News saben, estamos a unas semanas del Mundial de fútbol de México/EE.UU./Canadá. 

La verdad es que yo soy más del Atleti de Madrid que seguidor de la selección. En esto, parece que la región también lo es, y compite muy bien con sus ciudades en el mundial de startups.

¿Se imaginan el potencial de desarrollo social y económico de América Latina movilizando ese ecosistema e incorporándolo a un Green AI Valley de Centros de Datos y computación, impulsados con energías verdes y renovables, desde el Río Bravo hasta la Patagonia? 

Carlos Baigorri – Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Salerme Inácio – Assessor Especial do Presidente da Anatel e doutorando em Análise Econômica pela Universidade de Brasília

O progresso econômico ocorrido ao longo do século XX resultou em cadeias produtivas altamente complexas, com um nível de integração global sem precedentes na história humana.

Como consequência, as trocas deixaram de ocorrer primordialmente entre indivíduos (peer-to-peer), no âmbito de uma comunidade enredada por suas próprias relações comerciais, para se dar por meio da intermediação de grandes corporações.

A internet, nesse cenário, surgiu como um instrumento capaz de alterar profundamente essas relações sociais verticalizadas, possibilitando novas formas de organização da atividade econômica. Desse contexto nasceu o fenômeno conhecido como economia compartilhada, no qual as trocas diretas entre indivíduos se tornaram cada vez mais comuns.

Foi um momento de grande entusiasmo em escala mundial. A partir de um simples aplicativo de celular ou de um site na internet, qualquer pessoa na América do Sul poderia comprar diretamente de um produtor na China; acessar o cardápio do restaurante favorito e pedir comida em casa; ou hospedar-se no apartamento de um desconhecido em Nova Iorque pagando um valor bem inferior ao de uma diária de hotel.

Para os economistas, parecia que o Teorema de Coase havia, enfim, se realizado: os custos de transação tenderiam a zero em um ambiente virtual no qual qualquer agente poderia ingressar livremente, bastando abrir um site ou disponibilizar um aplicativo. O futuro parecia promissor e marcado pela liberdade nas trocas.

Nesse espírito, o entendimento predominante era de que a internet deveria ser o mais livre possível, com marcos regulatórios que priorizassem a autonomia dos mercados e a autorregulação das plataformas. Esse otimismo levou à adoção, no Brasil, de regulamentações amplas e abertas, que concederam significativa liberdade de atuação às empresas. Entre os principais marcos, destacam-se:

• Decreto n.º 7.962/2013 – Regulamenta o comércio eletrônico no Brasil, estabelecendo diretrizes para o atendimento aos usuários.
• Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014) – Define princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país, aplicáveis à União, estados, Distrito Federal, municípios, provedores e demais atores.

Com o passar dos anos, surgiram diversos problemas associados às plataformas digitais, levando autoridades e formuladores de políticas públicas em vários países a reconhecer a dificuldade de lidar com os impactos desses novos modelos de negócio.

Os mercados digitais apresentam características específicas:

• Altos custos fixos de produção e custos marginais próximos de zero. Isso cria barreiras de entrada significativas devido ao elevado investimento em tecnologia, ao mesmo tempo em que permite às empresas escalar rapidamente suas operações.
• Efeitos de rede: quando uma plataforma atinge a “massa crítica” de usuários, torna-se extremamente difícil para concorrentes disputarem espaço. Os custos de migração para outra plataforma (switching costs) tornam-se altos, deixando consumidores “presos” aos padrões tecnológicos das empresas dominantes.
• Vantagem informacional: plataformas populares consolidam seu poder pelo acesso a dados privilegiados dos usuários, gerando uma relação de dependência bilateral entre consumidores e a empresa detentora dessas informações.

No Brasil, denúncias de práticas anticompetitivas vêm crescendo e são apuradas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Entre os principais casos, destacam-se:

iFood

Exclusividade com restaurantes – Processo Preparatório n.º 08700.004588/2020-47.

Em 10/03/2021, o CADE impôs medida preventiva proibindo o iFood de firmar novos contratos de exclusividade até decisão final.

Em 08/02/2023, foi celebrado TCC, restringindo o uso de cláusulas de exclusividade (limites nacionais e locais, quarentena, proibição para redes ≥30 lojas, prazos etc.).

Uber

Caso “Uber x taxistas” – Processo Administrativo n.º 08700.009082/2015-41, referente a condutas de entidades de táxi contra a entrada da Uber.

Em 2015, instaurou-se o processo; em 2018, houve recomendação de arquivamento por falta de provas.

Investigações recentes (2025): apurações em andamento sobre suposto abuso de poder econômico (ex.: banimentos e restrições a motoristas).

Mercado Livre (como denunciante)

Apple – Condutas relativas à App Store (meios de pagamento, anti-steering, NFC).

Em 14/05/2025, o CADE manteve medida preventiva contra a Apple.

Em 30/06/2025, a SG recomendou condenação da Apple por condutas anticompetitivas (denúncia do Mercado Livre em 2022). Julgamento final ainda pendente.

Em abril de 2025, foi aberto procedimento específico sobre pagamentos por aproximação (NFC).

Google – Investigação sobre regras da Play Store (2024–2025). O Mercado Livre figura como denunciante/interessado.

Agências de viagens on-line

Booking, Decolar e Expedia – Investigadas por cláusulas de paridade (proibição de hotéis oferecerem preços menores fora das plataformas).

Em março de 2018, firmaram TCCs, encerrando a prática da “paridade ampla”.

Caminhos possíveis

Diante desses desafios, recorro à visão de Douglass North, Prêmio Nobel de Economia, que destacou a importância das instituições na redução dos custos de transação e de informação.

Segundo North:
– Quanto maiores e mais complexos os mercados, maiores também os custos de transação e os problemas informacionais, sobretudo em contextos geográficos amplos.
– Instituições políticas e econômicas sólidas são fundamentais para reduzir essas assimetrias e viabilizar a eficiência dos mercados.

Portanto, torna-se essencial repensar o arcabouço regulatório aplicado às plataformas digitais, de modo a equilibrar benefícios e riscos desses modelos de negócio, assegurando tanto a competitividade quanto a livre iniciativa.

Conclusão

É importante destacar que em um cenário cada vez mais complex, os reguladores não podem se restringir a endereçar falhas de mercado, mas a falhas do ecossistema digital como um todo, com um olhar regulatório mais integral. Além disso, faz-se sempre necessária a atuação conjunta entre autoridades com competências distintas sobre os ecossistemas digitais, como aquelas que contemplem os aspectos concorrenciais gerais, a segurança cibernética e a privacidade.

Em particular no Defendemos, portanto, a construção de um aparato regulatório robusto que fortaleça o papel institucional da Anatel, ampliando sua atuação para além das telecomunicações tradicionais e posicionando-a como agente central na regulação dos mercados digitais no Brasil. 

#KeyOpinionLeaders es un espacio de DPL News de reflexión dedicado a líderes y pensadores con visión digital que comparten análisis, opiniones e ideas que marcan agenda sobre tecnología, regulación y políticas públicas en Iberoamérica.