En plena revolución digital global, la industria de las telecomunicaciones en Chile se encuentra en una encrucijada crítica. Mientras la demanda por conectividad no deja de crecer, las condiciones para sostener el sector se deterioran. ¿Están las políticas públicas a la altura de los desafíos futuros? La respuesta es contundente: no.

De pioneros a rezagados

Chile, otrora líder regional en adopción tecnológica, enfrenta hoy un preocupante estancamiento. La postergada implementación de 5G, frenada por conflictos regulatorios y judicializaciones, es sólo la punta del iceberg. 

Esta tecnología, vital para la economía digital, se ha visto sofocada por una falta de visión estratégica y una preocupante descoordinación institucional.

Sobrerregulación y trabas que frenan la innovación

El panorama regulatorio es otro escollo. Normas obsoletas, trabas territoriales para desplegar infraestructura y una neutralidad de red desfasada frenan el desarrollo de la industria.

“Se exige la existencia de cuatro o más operadores móviles, mientras grandes mercados como EE.UU., China y Brasil funcionan eficientemente con solo tres.”

Además, a las empresas se les imponen costos por contingencias externas, como aumentar la autonomía de baterías para enfrentar apagones eléctricos o implementar complejas autenticaciones biométricas ante fraudes financieros, inversiones imposibles de recuperar.

Populismo que pone en riesgo la sostenibilidad

Decisiones populistas agravan la situación. Políticas como la postergación obligatoria de pagos durante crisis trasladan la carga financiera a las empresas sin apoyo estatal. 

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), lejos de proteger a los consumidores de manera equilibrada, ha sido utilizado como herramienta política para restringir ajustes de tarifas, sacrificando la sostenibilidad del sector a cambio de réditos electorales.

“En una industria de márgenes ajustados y alta inversión, estas decisiones están creando un riesgo sistémico que amenaza la continuidad de los servicios.”

Una hoja de ruta urgente

La solución no puede esperar. Chile debe recuperar una visión estratégica de largo plazo, sustentada en la colaboración público-privada y reglas estables. Las acciones clave incluyen:

• Eliminar trabas burocráticas para el despliegue de infraestructura.
• Facilitar el acceso a espectro adicional con condiciones favorables.
• Actualizar la neutralidad de la red.
• Crear incentivos reales para la inversión, especialmente en zonas rezagadas.
• Establecer una gobernanza digital sólida y coordinada.

No es sólo un problema técnico: es una política de Estado

En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y rápida innovación tecnológica, Chile no puede permitirse perder competitividad por decisiones cortoplacistas o populistas. Lo que está en juego es el futuro de millones de personas y su acceso a oportunidades de desarrollo a través de la conectividad.

Es hora de cambiar el rumbo. La sostenibilidad de las telecomunicaciones debe convertirse en una prioridad de Estado para asegurar el rol de Chile en la economía digital global.

En el contexto del apagón general del sistema eléctrico del país, producido el pasado 25 de febrero, el Gobierno planteó que se va a revisar la autonomía del respaldo de energía exigida para las antenas celulares. En forma liviana se dice que 4 horas serían poco. 

Se debe recordar que esa normativa nace de la Ley de Reconstrucción de  las Telecomunicaciones aprobada con posterioridad al terremoto del 2010. El reglamento que establece los estándares para la seguridad de la infraestructura crítica de telecomunicaciones es el Decreto Supremo DS 60/2012.  

El desarrollo e implementación de esta normativa fue un trabajo gigantesco que significó establecer estándares únicos a nivel mundial e incorporar sistemas de alerta temprana (SAE), planes de continuidad operativa y sistemas de información en línea al fiscalizador.  Estos estándares fueron definidos después de un análisis exhaustivo que permitió identificar la criticidad de cada instalación, erigiéndose distintos niveles de autonomía en función de dicha criticidad entre las 4 y las 48 horas continuas.

El Decreto 60/2012  establece todos los protocolos que deben cumplir las empresas y la información que deben mantener actualizada para su debida fiscalización. Me temo que las rigurosas exigencias establecidas y la necesaria actualización de la información de las redes de telecomunicaciones no han tenido la atención requerida. Las condiciones en el mercado han cambiado significativamente: hoy hay 4 operadores, existen empresas de infraestructura compartida y pasamos de 3G a 4G y ahora 5G. La cantidad de antenas se multiplican fácilmente por 4. Con tecnologías de menor cobertura geográfica, y con mayor capacidad de transmisión (Internet móvil). Un cambio significativo, que garantiza una mayor cobertura y continuidad del servicio de telecomunicaciones , es el roaming nacional, se pueden usar antenas de diferentes empresas para establecer las comunicaciones..

Es decir, si el año 2012 las empresas tuvieron que invertir cerca de 250 millones de dólares para aplicar el nuevo estándar, me imagino el costo de inversión para pasar de 4 a 6 horas de autonomía, una inversión gigantesca, ello sin considerar las restricciones tecnológicas y físicas que existen respecto de sistemas de respaldo energético para una infraestructura tan granular como las antenas más pequeñas. 

En suma, no debemos echar por tierra el gran esfuerzo realizado después del terremoto del año 2010 ni olvidar las lecciones aprendidas. El primer llamado es a aplicar rigurosamente la ley de reconstrucción y todos los mecanismos que ésta entregó a la autoridad, adaptarla y modernizar a la nueva realidad, si ello fuera necesario.

Los problemas estratégicos se resuelven con mirada estratégica y no con reacciones apresuradas frente a la coyuntura. Lo mismo aplica para el sistema eléctrico.

La potencial vulnerabilidad del sistema eléctrico necesita soluciones mucho mas complejas y requieren inversión. Si bien es cierto, el Ministro de Energía explica que ha aumentado un 33% la inversión en el sector, ella está concentrada en el desarrollo de pequeñas centrales y no en tener una red mucho mas robusta.

Como Estado, debemos reconocer que uno de los principales problemas son los  procesos  de permisos para realizar nuevos proyectos. El cual debe ser resuelto a la brevedad. Un ejemplo; el caso de la red adicional Kamal-Aguirre en desarrollo, fundamental para que Chile tenga energía y sistemas redundantes,  requiere de cerca 5.000 permisos de la burocracia central. Se requiere autoridad política para resolver este freno a las inversiones, que se ha transformado en una verdadera muralla china  para la inversión. 

No se resuelve  el problema de una red eléctrica aumentando de 4 a 6 horas la autonomía de las baterías de las antenas celulares ni menos creando empresas eléctricas estatales.

Los incumplimientos de WOM, y el inicio de su proceso de Capítulo 11 en Estados Unidos, traen necesariamente a la memoria declaraciones de prensa del Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, afirmando que, si la empresa no ha implementado el proyecto comprometido, “arriesga la pérdida de la concesión; eso es lo que establece la ley y nosotros estamos para que se cumpla la ley”. 

Difícil no estar de acuerdo con él, pero en estas materias, la celeridad es tanto o más importante que la convicción.WOM no ha cumplido con ninguno de sus proyectos técnicos desde hace ya más de 2 años, tiempo en el que decidió acogerse al Capítulo 11 en Estados Unidos, y hace algunas semanas anunciar un proceso de venta de sus activos, liderado por accionistas que, antes de acogerse al Capítulo 11, efectuaron un retiro de utilidades por US$ 340 millones.

¿Pero qué activos puede ofertar a terceros? ¿Cómo podríaresponder si el Estado ejecuta las garantías y hace uso de las facultades sancionatorias que por ley le corresponde aplicar? ¿Le correspondería al comprador hacerlo?

El Estado de Chile y su institucionalidad regulatoria de telecomunicaciones -reconocida a nivel internacional- no pueden ser burladas, menos aun tratándose de activos esenciales constituidos por concesiones del espectro radioeléctrico, definidas como bienes nacionales de uso público sujetos a una eventual caducidad, que sin duda afectará a ese posible tercero adquirente.

Las boletas de garantía entregadas corresponden hoy a más de US$50 millones, las que no fueron ejecutadas en el momento que correspondía, es decir, al momento mismo de constatarse el incumplimiento de los plazos de despliegue de la red comprometida en la licitación del espectro radioeléctrico para 5G. Ello permitió que WOM pudiera iniciar procesos legales demandando al Estado de Chile ante el CIADI, suspendiendo judicialmente el cobro respectivo. 

El cobro de las garantías no exime a WOM o su continuador de ejecutar las inversiones y desplegar toda la red pendiente, lo que complejiza aún más el panorama dado que los únicos oferentes para comprar sus activos serían KKR, América Móvil y Telefónica, Mundo y los bonistas mismos. Se trata de actores mayoritariamente fijos, que seguramente deben estar viendo con más interés esos activos que los móviles, dado que la incertidumbre de las concesiones y la necesidad de inversión en las redes para cumplir los concursos es enorme.

En atención a lo expuesto anteriormente, es esencial que se cumplan las bases de los concursos públicos que se adjudican y, cuando corresponda, se recuperen las concesiones del espectro radioeléctrico, activos valiosos parael Estado de Chile, las ya sea para nuevos actores o nuevas licitaciones. En caso contrario, se estará generando un peligroso precedente, con empresas que, pese a no haber cumplido sus compromisos y obligaciones, pueden además ofertar y tranzar con terceros concesiones que contienen bienes de todos los chilenos.

Ayer el Vicepresidente de Asuntos Públicos de WOM eludió el tema de fondo, de que las concesiones de Servicio Público y en especial las de espectro radioeléctrico, que es un bien escaso, licitado con una serie de exigencias para dar servicio de telecomunicaciones a miles de chilenos, debiera ser visto en los tribunales en Chile.

Al contrario me acusa de no tener independencia para opinar, ya que tendría un contrato de asesoría con Claro-VTR. Lo que es FALSO.

Mi única preocupación es, además de resguardar los intereses del Estado de Chile, levantar la voz por los pequeños proveedores de WOM que no tienen ninguna posibilidad de ir a los tribunales en EEUU para cobrar sus deudas, y hoy ven dificultades para la continuidad de sus empresas que son fuente laboral de muchos chilenos.

Sin ánimo de polemizar agradezco la publicación de esta aclaración.

Jorge Atton
Ex Subsecretario de Telecomunicaciones

Como ha sido profusamente cubierto en distintos medios de comunicación, WOM S.A. inició en los Estados Unidos de América un proceso bajo el Capítulo 11 (Chapter 11) de la Ley de Quiebras. 

En mi calidad de Ex Subsecretario de Telecomunicaciones debo manifestar que me resulta preocupante que una entidad chilena, operadora de telecomunicaciones en Chile, con una serie de concesiones de servicio público otorgadas por el Estado de Chile, a través de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, al amparo de la Ley de Telecomunicaciones, inicie un proceso de este tipo en una jurisdicción que no sea Chile. 

En un mundo globalizado e interconectado, cada día va ser mas frecuente, que con distintos fines, empresas busquen eludir la jurisdicción de los estados que entregan las concesiones de servicio público, en especial del espectro radioeléctrico, que es un bien escaso y su propiedad es de todos los chilenos.

Chile tiene un marco legal robusto, eficiente y serio que permitiría que empresas como WOM utilicen los mecanismos establecidos en la legislación local para la restructuración de sus deudas, donde el Estado Chileno exija el cumplimiento de las obligaciones que establecen los concursos  y las concesiones propiamente tal.

En este contexto, y no sólo desde el punto de vista del regulador, quien además debe velar por la correcta prestación del servicio público en Chile y hacer efectivas las obligaciones que los operadores tienen al amparo de la Ley de Telecomunicaciones, es importante que empresas que prestan un servicio público en Chile, deben considerar  la utilización de nuestro marco legal para sus objetivos, y de esa forma, brindar certidumbre y confianza no sólo a nuestras instituciones, sino también a sus clientes y proveedores.

Jorge Atton P.

Ex Subsecretario de Telecomunicaciones.

El Congreso despachó a ley el proyecto de Acceso a Internet como servicio público de telecomunicaciones, proyecto que reconoce y entrega mayores atribuciones a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en materia de regulación y fiscalización, además permitirá implementar el mecanismo de subsidio a la demanda, tal como hoy en día ocurre con la electricidad y el agua potable, permitiendo ayudar a pagar la cuenta del Internet a las familias más vulnerables.

El proyecto define al acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones destinado a satisfacer las necesidades de comunicaciones de las personas en general, reconociendo este servicio como fundamental para el desarrollo de los ecosistemas digitales. 

Es decir, se ha reconocido que en un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, el acceso a Internet se ha convertido en una necesidad básica. 

Esta ley complementa otro hito como lo fue la ley de Neutralidad de Red que ha sido fundamental para aumentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones.

Es relevante resaltar un aspecto fundamental del concepto de servicio público. Las empresas de telecomunicaciones tendrán obligación de suministrar el servicio, es decir, es obligación dar cobertura a los usuarios que se encuentren dentro de su zona de servicio y no sólo en algunas zonas de su área de concesión.

Asimismo, establece el concepto de subsidio a la demanda, definiendo que durante la discusión de presupuesto anual de la nación, a través de la presentación de la respectiva glosa presupuestaria, se incorporen los recursos para establecer un subsidio con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), para el subsidio o para el pago de las cuentas de servicios de Internet de un determinado porcentaje de los usuarios más vulnerables de nuestro país, mecanismo que podría basarse en el Registro Social de Hogares (RSH) u otro instrumento que se establezca. 

Lo anterior, producirá un impulso a la competencia en sectores geográficos que antes no eran atractivos para cubrir por razones económicas.

Para la historia de la ley quedara que fue tramitado en administraciones de gobierno de diferente signo político, lo cual demuestra que cuando hay una mirada de política de Estado, con principios estables en el largo plazo, da la certeza necesaria para las inversiones que requieren los países.

Era absolutamente necesario modernizar la ley de telecomunicaciones. Fue promulgada cuando sólo existían los servicios telefónicos fijos y no incorporaba la evolución e innovación tecnológica, de ahí radica la importancia de esta ley, reconocer la convergencia y la neutralidad tecnológica, aspectos estratégicos al consolidar la convergencia tecnológica como un principio en la ley.

Se destaca que los servicios públicos de telecomunicaciones serán regidos por principios que aseguren la adaptabilidad y sustentabilidad del sector, destacando, entre otros, neutralidad tecnológica, universalidad y, en especial, el principio de convergencia tecnológica, por el cual se produce una integración funcional de múltiples servicios sobre una misma plataforma tecnológica, espectro asignado y redes de telecomunicaciones que permitan un uso más eficiente de la infraestructura existente.

Reflejo de lo anterior es que el legislador, en esta ocasión, en forma expresa dispuso que la Subtel podrá dar una autorización de adición de prestaciones específicas, para las concesiones vigentes, debiendo condicionarse dicha autorización al cumplimiento de algunos requisitos.

Con esta inclusión explícita en la ley, se asegura que las concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones puedan adaptarse y evolucionar con las nuevas tecnologías y servicios, permitiendo explícitamente la adición de nuevos servicios y prestaciones específicas según avance la evolución tecnológica, despejando toda facultad y atribución del regulador en el régimen concesional y administrativo con la inclusión de definir un Plan Nacional de Política Digital, que deberá definir entre otros aspectos.

Otros aspectos de esta ley son:

Comunidades de usuarios de telecomunicaciones: a los permisionarios de servicios limitados de telecomunicaciones se les permitirá que presten sus servicios directamente a los usuarios finales, solo para el caso de la provisión de acceso a Internet, cumpliendo determinados requisitos.

Obligatoriedad de Servicio: las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones tendrán la obligación de prestar sus servicios a los interesados que lo soliciten dentro de su zona de servicio establecida por los decretos de concesión y sus modificaciones.

Para los concesionarios de servicio público de acceso a Internet fijo, se establecen unidades mínimas geográficas para determinar su zona de servicio en áreas urbanas y rurales. 

En cuanto a los concesionarios de servicio público móviles, se establece que la zona geográfica de obligatoriedad es aquella considerada en el cálculo de zona de servicio de su proyecto técnico respectivo.

Acceso web a información de operación y monitoreo: los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deberán habilitar un acceso web que permita a la Subtel el acceso a información contenida en sus centros de control y monitoreo de redes en tiempo real. 

Además, deberán entregar datos de calidad de servicio, alarmas de detección y resolución de fallas de su red, que sean necesarios para el ejercicio de las funciones y competencias de la Subtel.

La digitalización de la economía –en realidad, de la vida misma- se ha acelerado sustancialmente en gran parte de las sociedades del mundo por efecto de la pandemia.

La dependencia crítica de Internet se ha acrecentado en los procesos productivos y en las dinámicas sociales, incrementando también con ella las consecuencias humanas de la brecha digital.

A nivel global la irrupción de la tecnología 5G vuelve a ser una promesa de inclusión digital, porque su despliegue abre una nueva oportunidad para cubrir territorios sin conectividad o con servicio precario, dado que el potencial de esta infraestructura es más eficiente en costo operacional y no se agota sólo en la demanda de las personas. También vendrá a soportar la demanda del ecosistema industrial 4.0, muy ligado a la automatización y a la integración de la Inteligencia Artificial en las actividades productivas.

Concretar las promesas de 5G dependerá de la forma como los países enfrenten su desarrollo. Un aspecto técnico, crítico para que 5G funcione y alcance su potencial se relaciona con el espectro radioeléctrico asignado para esta tecnología. 

El espectro radioeléctrico en su estado natural es “sólo aire”. Su uso requiere de una infraestructura digital avanzada de redes que aprovecha determinadas frecuencias del espectro para producir y entregar servicios de comunicación a las personas y -también ahora- a “las máquinas”.

Las bandas de frecuencia que componen el espectro radioeléctrico son como autopistas donde viajan las señales inalámbricas. 

Cada banda de frecuencia se divide en bloques (o carriles) con una capacidad limitada de transmisión y se concesionan a empresas que adoptan tecnologías, construyen infraestructura y desarrollan servicios públicos que requieren millonarias inversiones sostenidas en el tiempo, lo que implica desafíos mayores para países subdesarrollados y emergentes.

A lo largo de los años el espectro radioeléctrico se ha destinado a distintos usos tecnológicos, definiendo una arquitectura o mapa de las bandas por tipos de servicio. Con la evolución celular, la digitalización de la radio y la TV abierta, así como la preponderancia de Internet como servicio principal, esta fisonomía del espectro ha cambiado para ajustarse a nuevas realidades tecnológicas. 

El ejemplo más nítido fue el “desplazamiento” de la TV abierta desde su banda histórica (VHF) a otra distinta (UHF), para digitalizar las señales televisivas. A su vez, la banda “desocupada” por la TV abierta fue redestinada a la cuarta generación móvil (4G), de mayor relevancia.

El desarrollo de 5G implica una responsabilidad técnica para los reguladores del espectro de optimizar la distribución actual de los bloques de frecuencia, para asegurar la calidad de servicio que reciben las personas, el cumplimiento eficiente de las coberturas territoriales, cautelar la libre competencia en el mercado y maximizar su uso eficiente en función del bien común.

Esta tarea técnica es determinante para asegurar la viabilidad de 5G y obtener su mayor beneficio público. Sin este cimiento no es posible asegurar que los países aprovechen a tiempo esta revolución digital para su desarrollo sostenible.

En Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) inició un proceso de reordenamiento del espectro radioeléctrico que han seguido otros países, convencida de que las nuevas tecnologías como 5G privilegian segmentos de ancho de banda mínimo y continuidad para un único operador, por lo que se busca un ordenamiento que permita disponer de bloques continuos para cada concesionario. 

Este paso ha sido instruido también por el Tribunal de la Libre Competencia para evitar distorsiones en el mercado móvil.

El primer paso fue abrir una consulta pública. Según la Subtel, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en este reordenamiento por razones de eficiencia, pero además algunos actores plantearon la necesidad de disponer de más espectro para soportar la nueva ola digital.

Expertos sostienen además la urgencia de facilitar el cambio de uso de concesiones preexistentes, para que las concesiones antiguas se actualicen a 5G, con el evidente beneficio para los clientes actuales de esos servicios en obsolescencia tecnológica y en favor de una mayor competencia en el mercado.

Desde entonces, no hay señales regulatorias claras respecto de qué ocurrirá con esta tarea técnica, dejando en un limbo el desarrollo eficiente de 5G en Chile, acotado hoy a la oferta incipiente de tres operadores de red -de cinco posibles- y con evidentes imperfecciones en la matriz de espectro.

Países como España o Perú que partieron después de Chile el camino a 5G ya culminaron su proceso de reordenamiento del espectro radioeléctrico. Chile lleva cinco años implementando el camino a 5G, demorado en el gobierno anterior por errores propios y bloqueos industriales. 

La indefinición actual en Chile sobre esta materia sigue alargando la plena inclusión del país a la Cuarta Revolución Industrial. Es imperioso aceptar que el desarrollo tecnológico no se puede detener. A veces incluso es difícil anticipar la velocidad de las innovaciones y su efecto transformador.

Por ello, en materia de telecomunicaciones, diversos organismos internacionales, entidades académicas e industriales abogan por el principio de neutralidad tecnológica como política pública matriz del desarrollo de los países.

Este principio sostiene que los Estados regulan servicios, pero no tecnologías. 

Es decir, se fijan estándares de calidad, cobertura, costo de interconexiones y otras materias a los servicios de telecomunicaciones, pero se deja libertad para que se usen las tecnologías más modernas y eficientes que existan en cada momento, aspirando siempre a su adopción temprana. De esta forma, se traspasan a tiempo los beneficios de la innovación a las personas.

Este principio se complementa con otro factor de realidad: la convergencia tecnológica. En el mundo actual todas las tecnologías de telecomunicaciones están convergiendo y actúan de forma sincrónica para producir los servicios que usamos todos.

Favorecer la convergencia tecnológica reduce los costos de proveer y acceder a comunicaciones avanzadas para las industrias y personas.

El reordenamiento del espectro radioeléctrico debiera sustentarse en ambos principios. Por una parte, mantener la política de Estado de neutralidad tecnológica que siempre ha permitido a Chile ser pionero en la adopción tecnológica; y la convergencia como reconocimiento de realidad, que se traduce en un uso más eficiente del espectro como recurso natural.

Bajo esta premisa, es deseable que en Chile no se siga postergando el reordenamiento del espectro y se dictamine una fórmula técnica apegada a las recomendaciones internacionales.

Es un riesgo mayor para el país no solo dilatar el proceso, también sucumbir a la tentación de regular mirando la marca de las empresas intervenidas.

El reordenamiento debe ser agnóstico industrialmente. Adoptar la mejor fórmula técnica para el país, sin verse afectada por la presión de actores industriales a favor de una u otra medida. En tal sentido, es imperativo recoger los parámetros técnicos sugeridos por entes técnicos expertos. 

La fórmula ya existe. Se ha aplicado en otros países y no existe ninguna razón -ética, técnica o económica- para postergar la ejecución de esta tarea, que es intrínseca de las facultades del regulador y vital para el desarrollo pleno de 5G.

Una pandemia global nos cambió la vida, esto es más grave para los países en vías de desarrollo. Esta debe ser la única verdad incuestionable en este momento. Tuvimos que adaptarnos. Los que vivían solos quedaron más solos. Los que apenas cabían juntos se apretaron como pudieron. Cuarentena, la consigna para salvar vidas. Hubo que acelerar con dientes apretados una adopción digital exprés y arreglarse en el camino. Millones de hogares, empresas e instituciones en todos los países del mundo viviendo una inducción forzada al teletrabajo, la educación a distancia, la telemedicina, el comercio electrónico, el Estado en línea y otras formas de vida digital que -hasta hace poco- muchos desconocían.

Y todo eso, claro, sin dejar de usar Internet para lo de siempre: streaming, música, videojuegos y redes sociales. Internet nos está ayudando a llevar de mejor forma la cuarentena. A la mayoría al menos, porque también hay familias mal conectadas y no conectadas que deben preocuparnos.

Sin duda, algo positivo que ha quedado de manifiesto durante la epidemia ha sido la capacidad de las redes de telecomunicaciones para soportar -sin colapsar- la sobredemanda histórica de datos que está trayendo este cambio en la vida en muchas partes del mundo. Mérito también de técnicos, ingenieros y profesionales de las telecomunicaciones que han mantenido las redes activas durante esta crisis sanitaria. Una labor esencial que debemos reconocer. 

Las redes de telecomunicaciones han enfrentado un crecimiento de mas de 50 por ciento en el consumo. Pese a este mayor tráfico repentino, ninguna red importante de banda ancha se ha caído por el tráfico o congestión. Obviamente, en muchas partes de la región han existido interrupciones temporales, pero no por uso masivo. 

La pregunta más importante es si todos los países tienen la capacidad suficiente para absorber un crecimiento exponencial -e inesperado- de la demanda de datos. En América Latina hay algunos mejor posicionados que otros. El caso chileno ha demostrado un buen comportamiento, y aquí lo importante para los países de la región, ya que ello tiene sus cimientos en políticas públicas y decisiones privadas de inversión de largo plazo.

A diciembre de 2019, más de la mitad de los hogares en Chile tenía acceso a un red fija de banda ancha y existían más de 16 millones de dispositivos móviles con acceso a redes 4G. Esta realidad era muy distinta hace 10 años. Tras el terremoto de 2010, en Chile solo había menos de 10 por ciento de hogares con acceso a Internet fijo y no existían redes 4G. En plena catástrofe, las redes no dieron abasto y colapsaron.

En ese entonces fue nítida la necesidad de reforzar la calidad y cobertura de la infraestructura digital. Para ello se hizo indispensable hacer reformas estructurales, establecer reglas claras para fomentar la inversión, competencia e innovación tecnológica, en una industria hasta entonces con características oligopólicas. 

Por eso se liberó, de forma pionera en América Latina, espectro radioeléctrico para desarrollar tecnologías 4G, pese a que muchos se opusieron por considerarlo prematuro. También se implementó la portabilidad numérica y se bajaron los cargos de acceso para incentivar la competencia. Se entregaron subsidios para conectar zonas aisladas y se innovó en la entrega de espectro, estableciendo contraprestaciones de cobertura de servicios a miles de localidades aisladas. Este es un buen ejemplo a replicar.

Pero no todo lo que brilla es oro. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿las políticas públicas de telecomunicaciones están a la altura de los futuros desafíos? Creo que no. Lamentablemente, en los últimos años solo se ha estado administrando la contingencia y no ha habido una mirada estratégica. El mejor ejemplo es el triste espectáculo que ha dado Chile en la implementación de 5G; siendo un país pionero en innovación tecnológica, hoy está rezagado.

Es importante que las políticas públicas de telecomunicaciones vuelvan a ser miradas con visión de largo plazo y se inspiren en mantener y mejorar el índice de competitividad de la industria. Este cambio significará una aceleración de la economía digital sin precedentes y el desafío de todos los países de la región para incorporarse a gran velocidad a la economía digital.

Para eso es necesario tener redes que nos permitan competir en esta economía digital sin fronteras y para eso es necesario un acuerdo público privado sólido que facilite el despliegue adicional de infraestructura. Necesitamos inyectar mayores recursos para reducir la brecha digital, implementar la tecnología 5G, liberar restricciones del pasado en cuanto a instalación de infraestructura de telecomunicaciones, actualizar y revisar las normas de neutralidad de red, hacer disponible espectro adicional, entre otras acciones urgentes.

Por esto, es indispensable seguir promoviendo la inversión privada y pública en redes de mayor capacidad, con foco en la calidad y la cobertura. Por esa misma razón, parece razonable asumir que la única manera de estar realmente preparados es promover hoy las inversiones en conectividad que nos permitirán sortear adecuadamente los desafíos del mañana y la creciente demanda que nuestro país seguirá teniendo por estos servicios. Pero para ello es fundamental que la políticas públicas definan reglas claras y estables  en el largo plazo. 

Internet: neutralidad de red y ciberseguridad

Tal como se dijo, las nuevas redes de fibra óptica y las redes móviles 4G -que son las que han podido sostener el ecosistema digital del país en esta pandemia- no deben esconder en los promedios brechas preocupantes. Todavía en América Latina muchos hogares o personas que están conectados para las estadísticas globales tienen conexiones que quedaron obsoletas tecnológicamente para las exigencias del teletrabajo, la educación en línea, la seguridad, la telemedicina y el entretenimiento digital. 

Estos hogares o personas mal conectados no están muy lejos de los no conectados. Por razones obvias, la brecha digital es mayor cuando no hay ningún acceso a redes y ahí siempre se ha puesto el foco de las políticas públicas, pero no podemos ignorar que depender hoy de una conexión 2G, incluso 3G, o de una conexión Wi-Fi ADSL o de cable coaxial antiguo, para hacer las múltiples tareas en línea que se nos pide hacer en los hogares, es casi lo mismo que no tener nada.

Es crucial sembrar hoy las nuevas redes de acceso del mañana, para que este cambio abrupto en la era digital no aumente la desigualdad social y económica, por las diferencias que se manifiestan en la calidad del acceso a banda ancha. Hoy en muchos países supuestamente hiperconectados todavía hay personas que se tienen que subir al techo de su casa o arriba de un cerro para lograr una conexión a Internet.

Muchos países de América Latina necesitan redes de telecomunicaciones de calidad y con acceso más democrático. Los países no pueden darse el lujo de esperar eternas disputas legales. Hay que avanzar para llegar a tiempo con los cambios tecnológicos. Pensando no solo en la demanda explosiva de datos actual, sino en la necesidad de preparar a los países para los usos futuros, que ya estamos viendo de forma experimental y que se consolidarán como una constante en el mediano plazo, es urgente destrabar, ahora, las limitaciones que impiden un concurso de espectro para tecnologías 5G y promover la llegada de más fibra óptica a hogares y territorios.

No podemos quedarnos atrapados entre la presión de actores menores de la industria que solo aparecen cuando quieren frenar cambios tecnológicos (y que solo invierten en abogados) y las mañas de algunos incumbentes que prefieren postergar todo, hasta estar seguros de ganar. Los países en vías en desarrollo no logran nada con ello. Acá debe primar el bien común e interés mayor de la sociedad de cada país.

Es determinante que las instituciones públicas que hoy tienen la responsabilidad política y moral de avanzar en desplegar redes 5G, no se paralicen.  Mejorar la cobertura y calidad de las conexiones a Internet es urgente. Es un llamado a los gobiernos y autoridades de la libre competencia a no quedar inmovilizados por un falso dilema. 

Por otra parte, también es tiempo de revisar algunos dogmas. El mundo lleva una década debatiendo sobre la llamada neutralidad de red. De hecho, en 2010 Chile fue el primer país del mundo en tener una ley de neutralidad y, siendo uno de sus gestores, creo que debemos revisar el alcance de sus principios. La vida digital actual y futura exige abrirse a cambios en el paradigma.

Simplificando al máximo, la neutralidad de red garantiza a usuarios y empresas que todos los tipos de contenidos que viajan por una red de Internet sean tratados de la misma forma, que no exista discriminación arbitraria en los flujos de datos. La norma busca -en teoría- evitar que las empresas que dan acceso a Internet bloqueen o limiten contenidos legales o afecten la libre competencia entre servicios de Internet, al darle mayores facilidades de descarga a unos paquetes de datos que a otros.

Ejemplo: si en tu casa quieren al mismo tiempo jugar un videojuego en línea, ver una serie online, mandar un correo electrónico, subir una publicación en Twitter o TikTok, participar en una videoconferencia de trabajo y en un chat de WhatsApp, la red de acceso no discriminará qué usos son más importantes y cada actividad consumirá la capacidad de ancho de banda disponible. Si la capacidad no es suficiente, las actividades que requieren más ancho de banda se degradarán o pueden llegar a ser imposibles de ejecutar. 

Este principio de neutralidad de red que pareciera cuidar bien la libertad en Internet, puede terminar mermando el bienestar de los usuarios cuando se extrema su interpretación. A la luz de los nuevos usos de Internet, parece del todo razonable que una transmisión en vivo de telemedicina, o una videoconferencia de teletrabajo, una clase online o incluso el control de la temperatura del refrigerador tengan prioridad en su calidad y velocidad de transferencia, sobre un mensaje de chat o la resolución de alta definición de una película o serie.

Al igual que una autopista, que debe tener protocolos para destinar pistas preferentes a servicios de emergencia o camiones con cargas peligrosas respecto de vehículos menores, las redes de acceso a Internet deben tener protocolos para dirigir los diferentes tipos de tráficos, orientados por normas legales de bien común. 

Los dogmas llevan a lo absurdo. Alguna vez un subsecretario en Chile llamó a prohibir las redes sociales gratis porque atentaban contra la neutralidad de red. Su dogma estaba por encima del sentido común. No podemos caer el día de mañana en el absurdo de poner una vida en riesgo o limitar la productividad del país por defender a ultranza que subir un video para un meme es lo mismo que una videollamada de telemedicina o de teletrabajo. Aunque le cueste a los ortodoxos, hay que reconocer que todos los paquetes de datos no son iguales ni tienen el mismo valor social.

La ciberseguridad también está íntimamente relacionada con la neutralidad de red. Se han llenado varias páginas sobre la seguridad de las aplicaciones que estamos usando a diario en cuarentena. En muchas partes se publican instructivos con recomendaciones para los servicios públicos, lo que es una luz de alerta, ya que mucha de la información tiene intereses comerciales por la competencia entre las distintas aplicaciones hoy de mayor uso.

No solo debemos vivir de instructivos sino de acciones concretas para garantizar redes ciberseguras. Es clave que los servidores, sitios web y aplicaciones tengan estándares que permitan detectar y eliminar paquetes de datos maliciosos, evitando el daño a sus usuarios. También la educación en seguridad digital es imperiosa. Es evidente que la neutralidad de red no puede ser un dogma cuando tenemos un problema de ciberseguridad. El pánico social y político que produjeron los ataques y robos de información bancaria que alertaron al mundo deben hacer que nuestras autoridades realicen los cambios legales de mejorar las leyes y normativas asociados a los ecosistemas de ciberseguridad.

Los acontecimientos producto de esta pandemia nos han llevado a un cambio acelerado en adopción de prácticas digitales. Ya no se trata solo de cuidar las transacciones financieras, los datos personales o las claves de impuestos internos. Estamos transitando hacia una digitalización mayor de la sociedad y la economía nacional que exige una regulación pionera en ciberseguridad.

Lo sé. Son muchos desafíos y estamos preocupados de soportar el encierro. Dicen que las cuarentenas epidémicas fueron en el pasado momentos de gran creatividad artística. Que obras famosas se gestaron en la incertidumbre del aislamiento. Es de esperar que también en Chile aprovechemos esta pausa para construir los cimientos digitales de un nuevo futuro. 

Es crítico sembrar hoy las nuevas redes de acceso del mañana para que este cambio abrupto de la era digital no aumente la desigualdad social y económica, por las diferencias que se manifiestan en la calidad del acceso a banda ancha. Por eso, es indispensable seguir promoviendo la inversión privada y pública en redes de mayor capacidad, con foco en la calidad y la cobertura, para no dejar a los ciudadanos desconectados.