La pandemia por el coronavirus y el consecuente confinamiento de las personas llevaron a los distintos países a buscar medidas diversas para tratar de mitigar sus efectos sobre la economía general, así como la de las personas. Naturalmente, los servicios TIC no quedaron al margen. Así, y como bien puede observarse en el excelente informe “Telecomunicaciones: infraestructuras críticas y servicios digitales esenciales. Gobiernos, reguladores, instituciones y empresas en acción para enfrentar Covid-19”, realizado por DPL Consulting, en la región de América Latina y con distintas características, fueron surgiendo medidas destinadas a garantizar la continuidad de la conectividad de la población.

Estas mismas tendencias se vieron reflejadas en Argentina. No obstante, en una economía afectada por una alta inflación y una recesión preexistente a la llegada de la pandemia, la aplicación de este tipo de medidas requiere de ciertas consideraciones particulares, lo que vuelve más complejo su abordaje. Un escenario que se vio agravado por el impacto de las internas políticas de la coalición gobernante.

Todo arrancó con el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 311/20, del 24/03, que establecía que las prestadoras de servicios TIC (entre otros servicios) no podían disponer de la suspensión o corte de servicios en caso de mora o falta de pago hasta tres facturas con vencimientos desde el 1/3/20. Particularmente para las TIC obligaba a mantener un servicio reducido, algo que no es aplicable por su naturaleza a otros servicios como agua, electricidad o gas. La obligación se estableció por 180 días.

Pocos días después, el regulador Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), junto con la Secretaría de Innovación Pública, y en acuerdo con los prestadores del servicio, resolvieron congelar los precios de los servicios prepagos móviles, así como los de telefonía fija, retrotrayéndolos a los valores vigentes en diciembre último. En una economía como la Argentina, con una inflación anual de 54 por ciento en 2019 (y que nada indica que se desacelere en 2020), no es un dato menor. Más aun considerando que las líneas prepagas equivalen a 59 por ciento del total en servicio.

Adicionalmente, los operadores acordaron ofrecer en forma gratuita otros beneficios, como el zero rating en datos móviles para la navegación en los portales de los ministerios de Educación y de Salud, así como de distintas universidades, la entrega de tarjetas prepagas para establecimientos carcelarios (lo que lamentablemente produjo efectos colaterales no deseados) y la instalación o ampliación de distintas líneas de numeración corta para información y atención a la población en aspectos relacionados con la pandemia.

En los últimos tiempos, entre el regulador Enacom y las empresas prestarias de servicios TIC se venía negociando un congelamiento de las tarifas de todos éstos (telefonía fija y móvil, acceso a Internet y TV de pago). El regulador pidió 180 días y las empresas propusieron hacerlo por 90 días, argumentando que en una economía con una alta inflación un congelamiento durante medio año sería devastador para su salud económico-financiera. Una situación que, además, se ve agravada por una disminución de la recaudación, que desde que arrancó el aislamiento obligatorio resultó ser del orden de 30 por ciento (entre morosos y menores recargas de productos prepagos), en paralelo con subas de los costos (en pesos y en dólares) tanto operativos como de las inversiones.

Este escenario de medidas para hacer más llevadera la difícil situación económica y social en un marco de diálogo y consensos, se vio alterado con dos proyectos de ley provenientes del oficialismo en el Congreso. Uno propone el congelamiento de tarifas, el otro la prohibición de cortes o suspensiones de servicio por morosidad o falta de pago.

Bajo el título de “Suspensión de aumentos y revisión de tarifas de servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital”, el proyecto busca producir el congelamiento total de tarifas de todos los servicios TIC, retrotrayéndolos a los valores del 1º de febrero. Asimismo, establece que la medida durará lo que esté vigente el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” establecido por el Decreto 297/2020 y prorrogado en diversas oportunidades el 31/3, el 11/4 y el 26/4.

Más allá de que un congelamiento en una economía inflacionaria equivale en los hechos a una rebaja significativa de los precios, la historia reciente de congelamientos de tarifas en Argentina no tuvo un final feliz.

Establecidas luego de la debacle económica y social de 2002, las mismas se mantuvieron vigentes durante 13 años, a pesar de períodos como el de 2003 al 2007 en el cual el PBI creció a tasas entre 8 y 9 por ciento anual. El resultado es conocido: precarización total de la infraestructura afectada a esas tarifas congeladas, tanto en materia de telecomunicaciones como de otros servicios. Por lo tanto, hablar de congelamientos de tarifas (en una sociedad donde lo temporario suele tener una duración mayor a la prometida inicialmente) genera una lógica preocupación.

El otro proyecto, bajo el nombre de “Abstención de cortes del suministro de servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable” prohíbe a las empresas de servicios TIC la suspensión o corte de sus servicios ante morosidad o falta de pago de facturas con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020 y durante la vigencia del Estado de Emergencia determinado por Decreto 260/2020. A diferencia de lo establecido en el DNU 311/20, no se trata de ofrecer un servicio reducido sino del originalmente pactado. Conviene recordar que tiene vigencia por un año, si es que no hay prórrogas, hasta el 1 de marzo de 2021, mientras que el DNU 311/20 en vigor estableció 180 días.

Con los valores de morosidad actual, del orden de 20 por ciento luego de que reabrieran las bocas de pago en efectivo no bancarias, esta prohibición sería una invitación al no pago, con consecuencias no deseadas en la ecuación económica de las empresas que repercutirían, sin lugar a dudas, en sus inversiones y gastos corrientes.

Lo llamativo es que esto se da con un sector que ha demostrado haber estado a la altura durante la pandemia. A pesar de registrarse en la semana inicial del aislamiento social aumentos de tráfico equivalentes a los que normalmente hubieran correspondido a los que se dan durante un año, la infraestructura respondió sin inmutarse, amén de algunos casos puntuales de determinados operadores. Esto puede observarse en el siguiente gráfico, con base en datos de Speedtest, que muestra apenas una leve caída en las velocidades de accesos de banda ancha fija y no registra impacto alguno en las redes móviles.

Por otra parte, así como las TIC demostraron su valor durante la cuarentena, respondiendo sin mayores sobresaltos, también serán fundamentales para la recuperación una vez superada la crisis sanitaria. Ésta dependerá, entre otros factores, de que se mantenga la capacidad productiva del país. Y parte de ésta dependerá, a su vez, de contar con una infraestructura digital que tienda a ser mejor y no peor que la actual.

Conviene destacar, por otro lado, que este rol no lo jugarán únicamente las grandes empresas nacionales y multinacionales del sector, sino también cientos de pymes y cooperativas que ofrecen servicios TIC que igualmente quedarían comprometidas de avanzarse, si estas decisiones se tomaran de forma unilateral.

Medidas de este tipo llevarían indefectiblemente a una baja en la inversión para poder afrontar los gastos corrientes (que también se verían afectados). Lo último que necesita el país para recuperarse son empresas de infraestructura disminuidas y sin recursos para inversión para, no ya mejorar sus capacidades, sino para mantenerlas.

La pregunta que surge ahora es: ¿por qué si en el Poder Ejecutivo Nacional hubo desde el principio una actitud dialoguista en busca de consensos, desde el propio oficialismo, en el Poder Legislativo, se impulsan normas draconianas hacia la industria que demostró estar a la altura de las circunstancias? La respuesta está en que el gobierno llegó al poder conformado por una coalición de fuerzas. Y son justamente aquellas del ala más radical las que impulsan medidas más extremas en forma y fondo que las propiciadas por el Ejecutivo.

Estas mismas diferencias también son perceptibles al interior del órgano regulador de las telecomunicaciones, el Enacom, aunque en este caso no afectaron el norte de la política en la materia. Al menos por ahora. No obstante, es indudable que las diferencias internas en la coalición de gobierno comienzan a repercutir en la política a nivel nacional. Porque una cosa es una coalición electoral y otra, muy distinta, una de gobierno.

Lo mejor para todos sería que cualquier decisión para mitigar los efectos de la pandemia sea alcanzada a través del diálogo y el consenso, como vino sucediendo hasta ahora. Se evitará así que el paliativo atente contra la recuperación que deberá darse pasado lo peor de la pandemia. Esperemos que los legisladores tengan en cuenta que el corto plazo no debe comprometer el mediano y el largo. Ironías del destino, ambos proyectos de ley aún no pudieron ser tratados debido a las dificultades del Congreso para sesionar en forma remota no por la parte vinculada a la conectividad sino por el sistema de votación.

Todo era risas hasta que en el lapso de casi tres meses el coronavirus se desparramó por todo el mundo a la velocidad de la globalización y ya nada es igual. Y cuando esto termine, en un plazo aún incierto, probablemente no todo vuelva a ser como antes, las TIC incluidas. Al contrario, de lo que emerge de esta crisis es, entre otras cosas, el rol central que ejercen en nuestra cotidianeidad que hoy se hace más evidente que nunca.

Siendo que todavía estamos atravesando los tormentosos mares de la pandemia, se hace difícil imaginar cómo será el día después. No obstante, hay escenarios que se pueden inferir en función de los cambios registrados durante la misma y que seguramente acelerarán la adopción de tecnologías. Esas que ya existían pero que, por una u otra razón, avanzaban a un ritmo inferior al que probablemente veamos en el futuro próximo. Para bien y para mal.

Tareas remotas

La pandemia, o más particularmente el aislamiento de la población, trajo un fuerte impulso a prácticas a distancia, como el teletrabajo, la teleeducación o la telemedicina. Pero también echó luz sobre las limitaciones de una implementación de urgencia.

El súbito envío de los trabajadores de oficina a sus hogares dejó al descubierto que el teletrabajo requiere de mucho más que eso. No se trata únicamente de las limitaciones físicas que pueden existir en el hogar (falta de equipamiento o ámbitos adecuados entre otras) sino también de las tecnológicas, propias de las organizaciones, para implementar esta modalidad adecuadamente. Esto se hizo más evidente aún en el ámbito de la administración pública, que en muchos casos se vio congelada, ante la imposibilidad de sus empleados de seguir realizando tareas de oficina desde sus hogares. No obstante, luego de esta experiencia (forzada) de teletrabajo, seguramente se lo comenzará a mirar con nuevos ojos. Por parte de las organizaciones que ven que pueden funcionar así con menos recursos destinados a oficinas, y por parte de los trabajadores que habrán visto que no es necesario desplazarse diariamente hasta una oficina para estar todo el día frente a una computadora, tal como están haciéndolo hoy en sus hogares. Claro que exigirá una adaptación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de las organizaciones para facilitar su acceso remoto sin comprometer la seguridad. A su vez, probablemente presenciemos un impulso mayor a los servicios en la nube, accesibles en cualquier momento y cualquier lugar.

Las videollamadas conocieron con la pandemia un renacer, principalmente por la capacidad de estas plataformas de comunicar no ya dos personas sino a grupos de éstas. Y no sólo por motivos laborales, sino también sociales (los últimos para compensar la falta de contacto social por el confinamiento). No obstante, es esperable que el uso social de las videollamadas grupales caiga abruptamente una vez que la obligación de aislamiento sea sólo un amargo recuerdo. Pero sí es probable que, aunque caigan, tengan un nuevo piso en ámbitos laborales. Con el uso que se le comenzó a dar por la pandemia, varios descubrieron que efectivamente se ahorra mucho tiempo en traslados, a veces dentro de la ciudad, otras entre ciudades cuando no entre países. Esos ahorros de tiempo y recursos económicos seguramente no pasen desapercibidos por las organizaciones. Algo que a su vez impactará en industrias tan variadas como la del transporte (público y privado), los hoteles o los organizadores de eventos.

“Dispositivo y conectividad tienen que ser vistos como una única cosa.”

En materia de telemedicina, si bien no se ven aún grandes avances en temas como el diagnóstico remoto y mucho menos en intervenciones quirúrgicas a distancia (como se prometen con 5G), el aislamiento obligatorio que rige en varios países obligó a impulsar la creatividad para atenuar sus consecuencias en el ámbito de la salud. Visitas a médicos para consultas básicas que no requieren de una examinación física, como la evaluación de análisis clínicos, la emisión de recetas o una entrevista limitada a síntomas manifestados por el paciente o visibles, han sido implementadas motu proprio por diversos médicos utilizando mensajería o videollamadas. De esta forma, pueden seguir atendiendo mientras cierran sus consultorios al público para evitar contagios. Una práctica que podrá permanecer en el tiempo al permitir que un mismo profesional atienda más personas en un mismo intervalo de tiempo, mejorando su productividad sin alterar su eficacia, al tiempo que beneficia a los pacientes al evitarles traslados y exposiciones innecesarias.

En la misma línea, en Argentina algunas empresas de medicina prepaga y mutuales de salud junto con las farmacias comenzaron a aceptar fotografías de prescripciones médicas, recibidas por los pacientes de sus médicos vía mail o WhatsApp. Todavía está lejos de ser una prescripción electrónica, pero implica una mejora en un proceso totalmente arcaico como lo es trasladarse para ir a buscar un papel.

En educación, la actualización no será tan inmediata. No sólo porque sigue siendo importante la interacción cara a cara con docentes y entre alumnos, amén de requerir de la adaptación de la forma de enseñar, cosa de la que se viene hablando desde hace años, pero en la que se ha avanzado todavía poco.

La pandemia y su consecuente aislamiento puso en evidencia un déficit ya conocido: el dispar acceso a conectividad de calidad. Y aquí juegan un rol importante no sólo el dispositivo (que fue abordado por diversos planes de distribución de computadoras gratuitamente a alumnos) sino, tan o más importante, la conectividad. En países como los latinoamericanos el acceso a banda ancha fija y a PC está retaceado. Este escenario hace que la brecha social se acentúe, con los niños y jóvenes de hogares urbanos medios y altos manteniendo su educación (aunque con limitaciones) a través de la educación a distancia, mientras que aquellos de sectores más bajos o en áreas menos conectadas indefectiblemente pierden semanas y semanas de clases, cuando no el año entero.

Dispositivo y conectividad tienen que ser vistos como una única cosa. Exigirá también la adaptación de los contenidos a los celulares, y no sólo por un tema de popularidad y accesibilidad, sino también por el tipo de conectividad al que se pueda acceder. Habrá que ser más creativos y dejar de pensar que teleeducación es grabar una clase o transmitirla en vivo por streaming.

Impacto industrial

Ya pensando en el mediano plazo, no puede dejar de pensarse en el impacto industrial de la pandemia. Más allá de la caída de la actividad económica, también resultante del cierre de fronteras y las dificultades de abastecimiento. En un marco previo donde cada vez eran más fuertes los discursos antiglobalización, no debería llamar la atención que se propicie el retorno de ciertas actividades industriales a sus países de consumo, rediseñando las cadenas de abastecimiento. Algo que podría impactar en mayor medida a China y otros países de oriente que combinan, en distintas proporciones, mano de obra barata, tecnología y ecosistemas de proveedores para ser competitivas. Así no sería extraño que haya un resurgimiento de fábricas locales que, ante la imposibilidad de competir en costos laborales, opten por la robotización y la automatización. Algo que encontrará en la tecnología 5G un aliado estratégico que ayude a acelerar su despliegue y adopción en el sector productivo.

Claro que automatización y robotización juegan en contra del trabajo de los seres humanos. Por lo tanto, recobrarán fuerza propuestas del estilo “impuesto al robot” como forma de financiar alguna suerte de ingreso universal que compense, parcialmente, la menor demanda de fuerza laboral. Paralelamente, implicará el estudio serio de planes de reconversión educativa a un ritmo más acelerado del que se viene dando en los últimos tiempos.

Centralidad de la red

Aunque parezca una verdad de Perogrullo, uno de los emergentes de la pandemia es sin duda el rol central de las telecomunicaciones en la sociedad moderna. Para informar, para actuar, para conectarnos. Y si no están presentes, o lo están en forma deficiente, se producen asimetrías que hoy ya no deberían ser tolerables.

Todo el tráfico adicional generado por las personas que se recluyeron en sus hogares y dejaron de salir, de trabajar fuera de su casa, de ir a la escuela, significó una demanda adicional no prevista sobre las redes. Si bien en líneas generales éstas respondieron adecuadamente, también dejaron al descubierto a aquellos proveedores con tecnologías propias de los primeros tiempos de la banda ancha: algunas inalámbricas, el ADSL y hasta redes HFC que no estaban adecuadamente actualizadas y dimensionadas. Los grandes ganadores fueron aquellos con fibra óptica. El nuevo escenario, con un uso aún más intenso de las telecomunicaciones, permite predecir un nuevo piso de tráfico (más allá del crecimiento natural que se viene registrando año con año) lo que implicará una fuerte presión para invertir en mejorarlas. En el caso de las redes móviles, menos impactadas que las fijas por poder hacer offloading sobre éstas, sí se notó el mayor tráfico en aquellas zonas donde 4G no llegó o si lo hizo, lo hizo en forma precaria.

La pandemia marcará que no sólo será necesario profundizar los planes de inversión por parte de los operadores, tanto fijos como móviles. También será necesario que de una buena vez los gobiernos a todo nivel, desde el municipal hasta el nacional, encaren seriamente una política que permita bajar las barreras al despliegue de antenas y otras infraestructuras clave para llevar los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes, en todo lugar. De la misma forma, exigirá una aceleración de la asignación de más espectro, dejando de lado el objetivo recaudatorio para poner el foco en el mayor y mejor acceso. Es conveniente recordar que las redes son en muchos casos la única alternativa de conectividad, especialmente en los sectores sociales más desfavorecidos. El Estado deja de ser factótum de esta desigualdad.

El seguimiento estatal de los individuos

El cercenamiento de la privacidad no es algo nuevo, aunque se ha visto potenciado tanto por el uso de Internet desde una PC como, y en mayor medida, a través del uso de los smartphones. No sólo por los sitios que visitamos, muchas veces asociados a nuestro perfil básico (edad, género, lugar de residencia) potenciados por lo que las plataformas van aprendiendo de nosotros. También gracias a la geolocalización se puede saber en cada momento en dónde estamos y hasta con quién. Esto resulta de gran utilidad para gestionar la pandemia: desde ver los grados de acatamiento del aislamiento (que se puede obtener de la información agregada con que cuentan las telcos) hasta saber si estuvimos en contacto con algún contagiado (de manera identificada a través de la intervención de alguna app instalada en el dispositivo personal).

En la batalla contra la epidemia del coronavirus ya son varios los gobiernos que han desplegado tecnología de vigilancia y monitoreo. La duda es si, una vez pasada esta crisis, volverán atrás con estas medidas de monitoreo o si, como sucedió más de una vez, medidas de emergencia continúan vigente una vez pasada ésta. En la post pandemia, nuestras libertades individuales, así como nuestra privacidad, estarán más amenazadas que nunca ante un escenario que nos dejará más expuestos. La sociedad deberá buscar que privacidad y bienestar no sean excluyentes. Será sin duda un tema que escalará en la agenda político-social de la post pandemia.

El inicio de una nueva era

Ante la incertidumbre global respecto de cuándo se podrá retomar una vida normal sumada a los aprendizajes en la forma de trabajar, estudiar y cuidarse durante la pandemia hay algo que parece claro: varias son las medidas de emergencia iniciales que pasarán a ser parte del escenario cotidiano. Pero este nuevo escenario que está en construcción exigirá muchos cambios.

Por un lado, la infraestructura. El sector público y el privado deberán trabajar en conjunto y seriamente, no sólo para terminar de conectar a los desconectados sino también para que esa conexión sea más homogénea y de capacidad razonable, minimizando las asimetrías actuales. Despliegues de fibra, 4G y, en un futuro no muy lejano, 5G, con el complemento del satélite u otras tecnologías para áreas geográficamente más alejadas. Por otra parte, poner en lugar nuevas formas de trabajar, estudiar y cuidar la salud exigirá cambios más profundos en la manera de hacer las cosas. Es necesario reconsiderarlas en un entorno que será cada vez más híbrido entre online y offline.

La pandemia es un llamado a la realidad. Disponemos de muchas tecnologías que son ventajosas pero que hasta ahora no usamos con más intensidad quizá por una inercia propia del género humano, aún en estos tiempos de cambios. Pero atención que, paralelamente y buscando la supervivencia, muchos gobernantes (a todo nivel) toman medidas que, tan sólo tres meses atrás, hubieran resultado inimaginables. Algunas basadas en la tecnología y otras no. Habrá que velar por mantener nuestras derechos, libertades y privacidad en un mundo que se presenta más controlador. La película de futuro distópico debe terminar cuando lo haga la pandemia.