El término “nasciturus” proviene del latín y significa literalmente “el que va a nacer”. 

En el ámbito jurídico, se utiliza para referirse al concebido pero no nacido, es decir, al ser humano que ya existe en el vientre materno, pero que aún no ha nacido. El denominado Plan Nacional Digital, previsto con ese nombre en la ley chilena de telecomunicaciones (LGT), es un perfecto nasciturus: una criatura concebida pero todavía no nacida al mundo regulatorio.

En esencia, contenido en el artículo 4° de la LGT, este nasciturus proclama principios y ordena la generación de políticas específicas. 

Primero, los principios. El catecismo sectorial es breve: los servicios públicos deben orientarse por los principios de neutralidad tecnológica, universalidad, continuidad, convergencia, uso compartido de infraestructura y, como cierre elegante, transparencia, igualdad y eficiencia en la asignación de recursos escasos. Nada menor.

Segundo, el nasciturus también exige la dictación de políticas. Así, la autoridad debe dictar políticas de espectro, de inversiones, de conectividad, de ciberseguridad, de accesibilidad universal, de calidad de servicio y de promoción e investigación. 

Las políticas del Plan Nacional Digital deben dictarse por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) —no por la Subsecretaría de Telecomunicaciones—, como si se quisiera subrayar que aquí no se trata de regulación técnica, sino de dirección estratégica del sector. 

Las políticas deben ser la materialización de los principios, habiendo una relación de causa y efecto. Por lo tanto, no se trata de principios aplicables a toda la legislación de telecomunicaciones —como erróneamente alguien pudiera concluir—, sino que tienen valor tanto y en cuanto se materializan en el Plan Nacional Digital. Nada más. 

A la fecha, el Plan Nacional Digital —compuesto de principios y políticas— sigue sin ver la luz. Y cuando la vea, deberá hacerse cargo de problemáticas, desafíos y tensiones que no son tarea fácil de ordenar. Al nasciturus le falta mucho por vivir… y quebrarse la cabeza en cuanto a las políticas de espectro, inversiones, ciberseguridad e investigación, entre otras. 

Espectro: el viejo arte de repartir los megahertz 

Toda política de espectro del MTT tendrá que enfrentar decisiones incómodas. Por ejemplo, si los actuales límites de tenencia —los célebres caps— deben seguir operando como corsé estructural del mercado. O si es tiempo de revisarlos, sin el temor reverencial de antaño, cuando la tercera sala de la Corte Suprema proclamó —urbi et orbi—, en 2020, que el mercado telco debía tender a “cuatro actores creíbles”. 

Lo mismo ocurre con la banda de 6 GHz: ¿la dejamos como espacio para innovación tecnológica no licenciada —WiFi, bluetooth, etc.— o como el sustento para nuevas concesiones IMT —5G y 6G—? 

Y, por supuesto, deberá hacerse cargo esta política por la realización de nuevos concursos públicos de frecuencias y la cantidad de espectro que habrá que liberar al mercado, incluida eventualmente la banda 600 MHz y otros fragmentos en 3.5 GHz.

Inversiones: cuando el mercado necesita compañía

Aquí la LGT —o el nasciturus— introduce una idea incómoda para los puristas: el regulador no puede ser indiferente a la salud financiera del sector. Si la ley manda fomentar inversiones —incluso mediante alianzas público-privadas—, entonces el viejo Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) difícilmente puede ser tratado como una reliquia de la era de la “brecha digital cero”. Es decir, que cerrada la brecha de acceso, la situación digital estaría prácticamente resuelta. 

En el futuro, no puede permitirse que el FDT sólo financie la demanda —gasto de bolsillo de las personas—, sino que debe destinar alguna parte de sus recursos a los despliegues de la oferta de nueva infraestructura resiliente y de última generación. La paradoja es evidente: mientras más conectividad se logra, más sofisticadas —y costosas— se vuelven las necesidades por redes de infraestructura. 

Entonces, la retirada del Estado, en este contexto, no parece una opción jurídicamente neutra. Sería un pecado de omisión, especialmente en un contexto donde unos pregonan que “la industria está en la UTI”, mientras que otros advierten una simple consulta ambulatoria de salud.

Ciberseguridad: el delicado arte de no pisarse la capa entre superhéroes

La Subtel ha quedado mandatada por la ley a dictar una política de ciberseguridad en el ámbito de las telecomunicaciones. Sin embargo, la irrupción de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), también investida de facultades para definir políticas en la materia, abre una zona de fricción que no puede ser ignorada.

El riesgo no es meramente teórico. La coexistencia de dos centros de decisión puede traducirse en una mayor carga regulatoria para las empresas, criterios disímiles, superposición de obligaciones y, en el peor de los casos, una descoordinación institucional que termine debilitando aquello que se pretende fortalecer. La ciberseguridad no admite ambigüedades: hay coherencia regulatoria o hay vulnerabilidad.

Este punto ya asoma como una grieta en el diseño. La derogación de la norma técnica sectorial de ciberseguridad, a instancias de la ANCI y a la espera de una regulación de reemplazo, deja entrever una tensión latente: la de un sector que, en nombre de la coordinación, corre el riesgo de quedarse transitoriamente sin reglas claras.

La pregunta, entonces, no es menor: ¿quién conduce en esta materia? ¿La Subtel o la ANCI? Porque, como enseña la vieja máxima latina, nadie puede servir a dos señores. 

Promoción e investigación: la inesperada vocación formativa

Quizá el giro más interesante sea este: la LGT se permite mirar más allá de la infraestructura y pone el foco en el capital humano. 

No es habitual que una ley sectorial incorpore, con tanta claridad, la necesidad de formar especialistas en telecomunicaciones. Pero tiene lógica: si las redes son la columna vertebral de la economía digital, quienes las diseñan y operan son su sistema nervioso. 

Sin ellos, la promesa tecnológica queda reducida a un buen titular. A esto manda la política de promoción e investigación, a formar profesionales en capital humano avanzado. 

El origen de esta modernidad tardía

Nada de esto estaba en la LGT original de 1982. La responsable es la ley N° 21.678, de 2024, que elevó el acceso a Internet a la categoría de servicio público. Con ello, no sólo amplió el perímetro regulatorio, obligó a repensar el sector en clave de política pública integral. 

Como en esas novelas donde un personaje secundario termina cambiando toda la trama, el reconocimiento del Internet como servicio público reescribió el libreto regulatorio completo.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿es este Plan Nacional Digital —el nasciturus— la gran reforma que el sector viene esperando desde hace más de dos décadas? ¿Aquella del registro único, la simplificación autorizatoria o gran modernización concesional? La respuesta es rotundamente negativa. 

Pero tampoco es irrelevante. En ausencia de esa gran reforma —que sigue prometida, como la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, que siempre está en construcción—, la dictación del Plan Nacional Digital podría cumplir una función más modesta, pero no menos importante: ordenar el presente, anticipar conflictos y, sobre todo, evitar que el derecho siga acumulando buenas intenciones sin ejecución.

Porque, al final, el problema no es que la ley sueñe en grande. El problema ocurre cuando los gobiernos de turno deciden seguir durmiendo.

Hubo un tiempo en que la política de la industria de telecomunicaciones tenía un norte claro y una tarea relativamente sencilla. Era ordenar el espectro radioeléctrico, evitar interferencias perjudiciales, asegurar el funcionamiento armónico de los sistemas electrónicos y, en paralelo, abrir un mercado de servicios hasta entonces encapsulado en estructuras monopólicas. 

Era un mundo donde, por ejemplo, la escasez tecnológica se traducía en listas de espera de años para acceder a una línea telefónica. Era un mundo más simple, si se quiere, pero donde los problemas estaban bien definidos.

Ese fue el Chile de fines de los setenta, donde había baja penetración de la telefonía y una industria tecnológica rudimentaria. 

La respuesta del régimen militar fue una política industrial nítida y coherente: liberalización, promoción de la competencia, interconexión obligatoria y subsidios focalizados para expandir cobertura. 

Este diseño no fue improvisado. Se desplegó en tres hitos que responden a una misma lógica: la creación de la Subtel en 1977, la Política Nacional de Telecomunicaciones de 1978 y la dictación de la Ley General de Telecomunicaciones en 1982. No fueron piezas aisladas, sino partes de una arquitectura institucional consistente, orgánica y funcionalmente acoplada.

La pregunta “¿a dónde vamos?” —ese clásico quo vadis— tenía entonces una respuesta clara: masificar el acceso a las telecomunicaciones. Llevar a cada rincón del país la telefonía, el télex, el teletex, el videotex, el fax, etc. Construir redes donde no las había, creando así un mercado donde antes sólo había comunicaciones postales y recados por la radio.

Durante las décadas siguientes, la política evolucionó sin perder ese eje. Primero, fortaleciendo el entorno competitivo y expandiendo cobertura mediante subsidios. 

Luego, promoviendo la convergencia regulatoria y la modernización institucional. Más tarde, tras el terremoto de 2010, impulsando la reconstrucción y el despliegue de infraestructura, para finalmente concentrarse en estándares de calidad, derechos de los usuarios y redes de nueva generación, como la fibra óptica y el 5G.

El resultado está a la vista. Chile exhibe hoy indicadores que lo posicionan como un referente regional. Miramos “por encima del hombro” al resto de países, porque gozamos de  coberturas cercanas a la universalidad, despliegue masivo de fibra óptica, liderazgo en 5G y velocidades de banda ancha competitivas a nivel global. 

Incluso el acceso a internet ha sido reconocido como un servicio esencial. La infraestructura, en términos generales, está operativa y funcionando, rindiendo los frutos del progreso técnico y digital. 

Y, sin embargo, pareciera que la política industrial de telecomunicaciones debiese cambiar de nivel o estadio. Porque la pregunta vuelve a aparecer incómoda: ¿quo vadis? Pero la respuesta por el “a dónde vamos” sintoniza otra frecuencia, quizá en amplitud modulada (AM) cuando debiera sonar en frecuencia modulada (FM).

En realidad, una política industrial de telecomunicaciones es el conjunto articulado de decisiones y herramientas mediante las cuales el Estado orienta el desarrollo del sector, no sólo desde la regulación, también en su dimensión económica, tecnológica y competitiva. 

Una política industrial supone integrar fines públicos —como cobertura, calidad, inclusión digital y seguridad de redes— con medios de intervención —como normas, asignación de espectro, subsidios e incentivos a la inversión— para alcanzar un resultado: un mercado funcional, competitivo y sostenible que soporte el desarrollo digital del país. No se trata simplemente de regular, sino de dirigir estratégicamente el rumbo del sector.

Y acá un papel central cumple el Subsecretario de Telecomunicaciones, como máxima autoridad rectora del sector. El titular anterior, Claudio Araya, respondió al quo vadis con su política “brecha digital cero”. Un objetivo políticamente irreprochable, pero también insuficiente para la magnitud del desafío actual. Porque reducir la desigualdad en el acceso es una condición necesaria para el desarrollo digital, pero ya no es el problema central. 

¿Qué dirá la actual subsecretaria Romina Garrido frente al quo vadis de la regulación sectorial? Hasta ahora no hemos oído murmullos. 

En paralelo, vemos un desacople entre una política industrial de telecomunicaciones moderna y una del siglo pasado. Esto es evidente, porque las telecomunicaciones han dejado de ser un fin en sí mismo para convertirse en la infraestructura habilitante de la economía digital. 

Sobre ellas operan la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, la computación en la Nube, la ciberseguridad y un conjunto creciente de tecnologías que reconfiguran la producción, los servicios y la vida cotidiana.

Pero en ese nuevo entorno, el valor ya no se genera ni se captura necesariamente en las redes. Esto lo sabe muy bien la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, porque ella proviene del ecosistema de los datos y la ciberseguridad. Ella justamente conoce el gremio tecnológico.

Ahí reside la tensión que el diseño actual aún no termina de asumir: quienes invierten en infraestructura —Entel, WOM, Claro, Mundo, OnNet, Movistar, GTD— no siempre capturan el valor que esa infraestructura permite generar. 

Y quienes sí lo capturan —plataformas, aplicaciones, servicios digitales tales como Facebook, Google, Amazon, TikTok, los Data Centers, etc.— operan muchas veces fuera del perímetro regulatorio que sigue recayendo sobre los operadores tradicionales.

El equilibrio histórico se ha roto. El “ancienne régimen” ha caído. La actual política industrial de telecomunicaciones se resquebraja. Hace falta un new deal. 

Volvamos a insistir en el punto. Durante décadas, la política sectorial se construyó sobre una premisa implícita: que inversión y captura de valor estaban alineadas. Esa premisa justificaba una regulación orientada a expandir cobertura, corregir fallas de mercado y garantizar condiciones mínimas de competencia. 

Hoy, esa base ha cambiado. Sin embargo, buena parte del andamiaje regulatorio continúa operando como si ese alineamiento aún existiera.

Se habla de cobertura, de subsidios, de acceso que deben cumplir los mismos de siempre: Entel, WOM, Claro, Mundo, OnNet, Movistar, GTD. 

Pero se habla poco de modelos de negocio, de sostenibilidad de la inversión en un contexto de presión sobre los márgenes, de asimetrías regulatorias o de competencia entre actores que no están sujetos a las mismas reglas, como los Facebook, los Google y los X.

En este contexto, la política industrial de telecomunicaciones parece seguir anclada en la lógica del siglo XX —cerrar brechas de acceso—, mientras el siglo XXI impone otra pregunta: ¿quién captura el valor de lo digital y bajo qué reglas? 

Tal vez el desafío no consista simplemente en redefinir instrumentos —planes, agendas, hojas de ruta—, sino en reformular la pregunta. 

Durante décadas le preguntamos al regulador hacia dónde iba el sector. Hoy, en cambio, es el propio cambio tecnológico el que fija el rumbo. El regulador ya no lidera: interpreta, adapta, reacciona.

Frente a ese nuevo paradigma, la política industrial de telecomunicaciones —en Chile y en el mundo— debiera atreverse a mirar de frente y preguntar, sin eufemismos: ¿quo vadis? ¿A dónde debemos ir como sector telco?

Telefónica desempeñó durante más de tres décadas un papel central en el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile, así como otro tanto en la región. La empresa lideró un proceso de modernización tecnológica que permitió ampliar significativamente la cobertura y calidad de los servicios de telefonía fija y de voz móvil.

Su presencia coincidió con una etapa de fuerte expansión de la conectividad, marcada por grandes inversiones en infraestructura de redes y por la introducción de nuevas tecnologías que integraron a Chile en la economía global. Pero, de la noche a la mañana, las circunstancias cambiaron….

Y se marchó…

Telefónica puso sus pies en Chile en 1991, heredando la hace poco privatizada CTC (Compañía de Teléfonos de Chile), que hasta entonces había estado en manos del conglomerado australiano Bond —nada que ver con James Bond, por cierto. 

Aquella empresa había adquirido la histórica CTC en una subasta pública convocada por el régimen militar, en el contexto de las reformas que buscaban superar las limitaciones del viejo modelo marxista de provisión de servicios públicos a la población (agua, alcantarillado, telefonía, electricidad, correo, etc.), de manera directa y sin intermediarios.

Hoy cuesta imaginarlo, pero en aquella época quien deseaba instalar una línea telefónica fija en su hogar debía esperar, en promedio, cerca de dos años para que el personal técnico acudiera a su puerta. No es que la telefonía no existiera: simplemente el sistema funcionaba mal. Sin incentivos alineados, con burocracia pesada y con escasa inversión, el país arrastraba un retraso tecnológico considerable.

Los muchachos de Bond —muy dados a las combis, las playas y el surf, mientras sonaba “Down Under”— lograron introducir algo de dinamismo en la empresa. Pero pronto decidieron vender su participación. Así comenzó la llamada conquista hispánica de CTC. En 1991, Telefónica adquirió el control de la compañía y abrió una nueva etapa en la historia de las telecomunicaciones chilenas.

El trazado vital de la compañía

Sabemos que la telefonía comenzó a operar en Chile en 1879, en Valparaíso. Esto fue con la instalación de una de las primeras líneas telefónicas por parte de la Compañía Chilena de Teléfonos de Edison, vinculada al imperio eléctrico de Thomas Edison.

Décadas más tarde, en 1927, la Chilean Telephone Company Limited, de capitales británicos, transfirió la empresa al Estado, lo que dio origen a un proceso de reestructuración jurídica del servicio. El proceso culminó en 1930, cuando se dictó la ley N° 4.791, que aprobó un contrato-ley mediante el cual la International Telephone and Telegraph Company (ITT) asumió el control de la empresa —aportando 80% del capital—, creando así formalmente la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC) —con 20% en manos del Estado.

La empresa atravesó luego varias etapas turbulentas. En 1971 fue intervenida durante el proceso de estatizaciones del gobierno de la Unidad Popular. En 1974, CORFO adquirió la mayor parte de las acciones que hasta entonces poseía ITT, consolidando el control estatal sobre CTC.

Los años dorados de la gran Telefónica

Durante décadas, CTC fue protagonista central de la expansión de la conectividad en el país. No puede negarse su papel en el despliegue de redes, en la modernización tecnológica y en la extensión de servicios hacia territorios que hasta entonces parecían periféricos para el negocio. 

El pueblo de Cachiyuyo, en 1990, en la comuna nortina de Vallenar, provincia de Huasco, fue el mejor ejemplo del impulso modernizador que las telecomunicaciones rurales trajeron al país, incluso para “don Raimundo”, el fiel usuario de la cabina telefónica que ocupaba en Cachiyuyo. 

Gracias a ellas, “don Raimundo” podía comunicarse periódicamente con su nieto que vivía en la capital mediante las monedas de 100 pesos que depositaba en la ranura sobre el discador.

Entre tanta pompa y algarabía, el 12 de noviembre de 1996, Sus Majestades los Reyes de España, don Juan Carlos de Borbón y doña Sofía de Grecia, inauguraron en Santiago la Torre Telefónica. Era un edificio que buscaba representar el optimismo tecnológico de los años noventa y que terminó convirtiéndose en uno de los hitos urbanos de la capital y el más alto de la ciudad por 2 años. Durante algún tiempo, Telefónica parecía haber encontrado en Chile algo más que un mercado: un segundo hogar corporativo.

Pero las empresas, como los imperios, también cambian de rumbo y de intereses. Con el paso de los años, la estrategia global del grupo comenzó a concentrarse en mercados considerados prioritarios o con nata más densa: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Chile, pese a su estabilidad institucional y a su historia con la compañía, dejó de ocupar un lugar central en ese tablero.

El actual CEO de Telefónica, Marc Murtra, lo dijo en todos los tonos: Europa, Europa y Europa. Bueno, se le olvidó incluir Brasil. Es que Telefónica apuesta por salir de toda la región, menos el país del carnaval. Y así llegó el momento de partir.

Y a su barco le llamó libertad

El episodio quedó registrado en la liturgia del mercado de valores. El 10 de febrero de 2026, Telefónica Chile comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la enajenación de su negocio en el país mediante un “hecho esencial” remitido por Celtel Chile, S.L., la sociedad adquirente.

La operación consistió en la compra de 100% de las acciones con derecho a voto de Telefónica Móviles Chile S.A., matriz que controla a Telefónica Chile S.A. y a sus principales filiales operativas. 

En términos económicos, la transacción implicó la adquisición de 99,4% del capital social del holding chileno controlado por Telefónica. El pequeño porcentaje restante permanece en manos de accionistas minoritarios históricos, una presencia casi arqueológica que suele sobrevivir durante décadas en las sociedades abiertas.

La misteriosa Celtel

Detrás de Celtel Chile —el vehículo jurídico de la compra— se encuentra una estructura societaria cuidadosamente diseñada. La compañía fue constituida en España en noviembre de 2025 y está controlada conjuntamente por NJJ Cactus SAS y Millicom Spain, S.L.

Millicom Spain, S.L. es el destilado químicamente puro de Millicom S.A., la luxemburguesa. Y bueno, el holding NJJ es el vehículo del empresario francés Xavier Niel, uno de los personajes más singulares del capitalismo europeo contemporáneo: magnate de telecomunicaciones, inversionista tecnológico y figura recurrente en la industria digital del continente.

La participación accionaria del vehículo se distribuye en 51% para NJJ y 49% para Millicom. Sin embargo, el acuerdo de gobernanza establece que Millicom asumirá el control operativo del negocio desde el primer día, aplicando el modelo corporativo que ya utiliza en otros mercados de América Latina.

Por ahora, la marca Movistar seguirá existiendo. Las nuevas denominaciones —Tigo, Celtel u otras— quedarán para un capítulo posterior de la historia. En telecomunicaciones, las marcas cambian con más facilidad que las antenas.

El tras bambalinas de la venta

La venta de Telefónica no fue un proceso silencioso. Tuvo algo de telenovela latinoamericana, con alianzas insinuadas, negociaciones fallidas y varios pretendientes rondando el activo como gatos alrededor de una carnicería.

Para Telefónica, vender a un actor extranjero tenía una ventaja evidente: las autorizaciones regulatorias chilenas serían más simples que si el comprador hubiese sido un incumbente local. Para estos últimos, en cambio, era el peor desenlace posible. 

La entrada de un nuevo actor internacional implicaba mantener intacta la estructura de cuatro operadores móviles, prolongando la presión sobre los márgenes que desde hace años tensiona al sector. Es condenar a la maullaría a cuatro flacuchentos felinos, a media tripa llena, en vez de tres gatos persas a cuerpo de unos reales condes (no digamos que a “cuerpo de rey”, porque eso sería ya una exageración en este mercado).

Y por eso hubo un inusual número de interesados. Si hasta WOM, resucitado no hace poco más de tres días en el sudario de la Delaware Court of Chancery, infló el pecho y apostó USD 1 millón que sonó contundente y claro. Por su parte, Entel y América Móvil iban a ir por los negocios móviles y fijos, respectivamente, pero quebraron su alianza vinculante momentos antes de concretar la oferta obligatoria. 

Los caribeño-ingleses de Paradise Mobile y los emiratíes de  Beyond One habrían hecho ofertas vinculantes, pero por valores que no cayeron en gracia a la ibérica. Los únicos locales que desmintieron estar interesados en la compra fueron el Grupo GDT y la empresa Mundo Telecomunicaciones.

Finalmente, Millicom fue quien terminó ganando la partida. Así, como diría la vieja canción de ABBA, “the winner takes it all”. Pero la cuestión interesante no es qué ocurrió, sino por qué ocurrió lo sucedido. Intentar encontrar algunas explicaciones, porque la respuesta última sólo queda reservada al sigilo íntimo de los tomadores de decisión. 

La búsqueda de la racionalidad económica de la operación

¿Por qué Millicom y el grupo NJJ decidirían entrar en un mercado pequeño, fragmentado y con cuatro operadores que compiten con la intensidad de un torneo medieval?

El diagnóstico no es difícil de comprender: Chile tiene 19 millones de habitantes, cuatro operadores móviles con red propia, una presión constante sobre el ARPU (en prepago, CLP $80 por llamadas y CLP $60 por MB) y una competencia tarifaria feroz (market share inestable).

En ese contexto, la rentabilidad rara vez es una fiesta. En 2025 sólo Entel tuvo balances azules. Las empresas deben invertir miles de millones en espectro, torres, fibra y redes 5G, mientras los consumidores —con toda justicia— esperan precios cada vez más bajos. El resultado se parece a un banquete romano en el que todos comen con entusiasmo productos de calidad, pero ninguno quiere pagar la cuenta.

Sin embargo, la jugada también puede interpretarse de otra manera. La decisión de Millicom podría no ser una apuesta por el presente del mercado chileno, sino por su futuro y, específicamente, por su eventual reconfiguración estructural. 

Los movimientos corporativos rara vez se explican por la rentabilidad inmediata. Responden más bien a estrategias de posicionamiento: adquirir activos, ganar escala regional y esperar el momento en que las condiciones del mercado permitan capturar valor. Así, no sería raro que el torneo medieval en unos años ocurra entre otras empresas regionales consolidadas: América Móvil, Liberty Media y Tigo.

La pregunta, entonces, es simple: ¿estamos frente a una temeridad empresarial o ante una jugada de ajedrez pensada varios movimientos adelante? ¿Puede sostenerse indefinidamente una estructura de cuatro operadores móviles con red propia en un mercado del tamaño demográfico de Chile? La respuesta no es ideológica. Es económica. 

Las telecomunicaciones requieren escala, inversión continua y horizontes financieros largos. En mercados maduros, la experiencia internacional muestra una tendencia clara: la consolidación. Europa la ha vivido. Estados Unidos también. América Latina probablemente no será la excepción con los prospectos anunciados u otros.

Y si algo enseña la historia de esta industria es que el número de jugadores importa menos que la intensidad con que compiten. El tiempo —ese regulador supremo que no necesita decreto— tendrá la última palabra.

La asignación del espectro radioeléctrico es una de las decisiones regulatorias más relevantes —y discutidas— para el desarrollo digital de cualquier economía, incluidas las de América Latina. De ella dependen no sólo algunos ingresos fiscales para los Estados, también la velocidad de despliegue de las redes, la intensidad competitiva y, en definitiva, el cierre efectivo de la brecha digital de acceso.

En este contexto, la subasta se ha consolidado como el mecanismo predominante de asignación de radiofrecuencias, tanto en la región como a nivel global. Sin embargo, cabe preguntarse si, frente a los desafíos actuales del ecosistema digital, este instrumento sigue siendo el más adecuado para promover un uso racional y eficiente del espectro. En otras palabras, si la subasta sigue “dando el ancho” o es hora de repensarla desde sus bases.

Incluso en aquellos países que han optado por modelos regulatorios más liberalizados, basados en registros y fiscalización ex post —en vez de autorizaciones previas para operar redes y proveer servicios—, el uso del espectro radioeléctrico sigue sujeto a mecanismos de control ex ante, dada su naturaleza escasa y la concurrencia de múltiples interesados.

Tradicionalmente, los Estados han utilizado cuatro mecanismos principales para asignar derechos de uso sobre bandas de frecuencias: selección comparativa, subasta, sorteo y lotería.

El procedimiento de selección comparativa

El mecanismo de la selección comparativa —o “beauty contest”— privilegia criterios técnicos y de política pública, tales como cobertura, calidad, inversión o reducción de brechas, permitiendo al regulador alinear la asignación con objetivos estratégicos. El apelativo “concurso de belleza” obedece a que la adjudicación recae en el oferente cuya propuesta resulta más atractiva en su conjunto, no sólo por un atributo aislado, sino por la robustez, equilibrio y consistencia integral del proyecto. 

De ahí que los postulantes tiendan a “adornar” sus ofertas con un conjunto amplio de compromisos y ventajas, configurando un verdadero ejercicio de estética regulatoria, orientado a presentar ante la autoridad evaluadora una propuesta lo más completa, proporcionada y seductora posible. 

La competencia en el “concurso de belleza” no se da en una sola variable observable, como el precio, sino en un conjunto de atributos técnicos y compromisos de política pública. Tal como ocurre en los concursos de Miss Universo, donde el objetivo del certamen es seleccionar a una mujer que represente la belleza moderna, la inteligencia, el liderazgo y el empoderamiento femenino…

Cabe precisar que el denominado beauty contest no recibe tal nombre porque se trate de un procedimiento arbitrario o carente de objetividad. Por el contrario, los criterios de evaluación, sus ponderaciones y las reglas de asignación se encuentran definidos ex ante en las bases, de modo que los operadores conocen —y pueden anticipar— el puntaje asociado a sus propuestas. 

El procedimiento de subasta

El mecanismo de la subasta se ha consolidado como el mecanismo más difundido en el ámbito telco, sustentado en sólidos desarrollos teóricos, como los de Paul Milgrom y Robert Wilson, galardonados con el Premio Nobel de Economía 2020. Más allá de la diversidad de diseños posibles —ascendentes, descendentes, simultáneas, de una o varias rondas, etc.—, todas las subastas comparten una lógica esencial: asignar el espectro a quien esté dispuesto a pagar más por él.

Desde esta perspectiva, la subasta no incorpora de manera directa consideraciones relativas a cobertura, calidad o inclusión digital, salvo que estas se introduzcan mediante obligaciones complementarias. Su principal virtud —y, a la vez, su mayor crítica— radica en que prioriza la eficiencia recaudatoria, manteniendo una relación instrumental con los objetivos de política social. Por lo general, lo que le importa es el dinero. 

Los procedimientos de sorteo y lotería

Los mecanismos de sorteo y lotería —basados en el azar, la suerte o el favor de los dioses— han tenido un uso marginal y hoy se encuentran prácticamente en desuso, debido a su baja eficiencia asignativa. El sorteo asigna el derecho de uso exclusivamente por azar, mientras que la lotería también se basa en el azar, pero exige el pago previo de una suma fija como condición para participar en el concurso.

Con todo, estos mecanismos son duros de matar, subsistiendo de forma residual en ciertas jurisdicciones. En Chile, por ejemplo, el sorteo sigue operando como mecanismo de desempate en concursos públicos de radiodifusión sonora, conforme a la Ley General de Telecomunicaciones.

Latinoamérica frente al caso chileno

En la práctica latinoamericana, la subasta se ha consolidado como el mecanismo dominante de asignación de espectro radioeléctrico, siendo aplicada —con distintos diseños, condiciones y grados de intensidad— por la gran mayoría de los países de la región. Entre los casos más representativos se encuentran Brasil, México, Argentina y Colombia, donde la asignación de derechos de uso se estructura, esencialmente, sobre criterios económicos. 

Chile, sin embargo, constituye una excepción relevante dentro del contexto regional, al privilegiar formalmente la selección comparativa como mecanismo de adjudicación. 

No obstante, este diseño incorpora una fase económica obligatoria en caso de empate técnico, denominada legalmente “licitación”, lo que en la práctica introduce un componente competitivo de naturaleza similar a la subasta. 

El resultado es un modelo híbrido singular, que combina la evaluación técnica de las propuestas con un desempate económico. Esto equilibra objetivos de política pública social con criterios de eficiencia asignativa.

Este diseño ha contribuido a posicionar a Chile como un referente regional en conectividad digital —algunos nos apodan “la Suiza de Latinoamérica”— y permitió que los concursos 5G de 2021 y 2024 generaran ingresos fiscales inéditos. 

Sin embargo, ello abre un debate relevante: el riesgo de que el afán recaudatorio —la “codicia del Estado”— termine desvirtuando la función social y económica del espectro como insumo esencial para la conectividad. El espectro es un bien nacional de uso público, no una fuente ordinaria de rentas fiscales. El Estado no lo administra para hacer negocios y vivir de sus ingresos.

La crisis de la subasta pura

Hoy, el modelo de subasta pura enfrenta crecientes cuestionamientos. En numerosos países, las exigencias de cobertura geográfica, niveles de inversión, requisitos técnicos y calidad de servicio se han trasladado a la fase previa de admisibilidad, configurando verdaderos “micro beauty contests” antes de la puja económica (subasta). 

Colombia y Brasil ofrecen ejemplos de subastas reconfiguradas, donde parte del valor se traslada desde el pago monetario hacia compromisos efectivos de infraestructura, especialmente en zonas rurales o de baja rentabilidad.

No obstante, estos diseños también generan riesgos. Si no se realizan las deducciones adecuadas, el espectro puede encarecerse y elevar los costos de inversión. A ello se suma que, en muchos casos, los operadores pagan dos veces por el mismo recurso: en la asignación inicial y mediante tasas anuales. No es casual que algunos hayan optado por devolver frecuencias, como Telefónica en México (2019-2022) y WOM en Chile (2024).

Subastas, gigabit y subdesarrollo

Esta discusión resulta particularmente relevante en América Latina. La liberación de mayores cantidades de espectro puede reducir la necesidad de desplegar más antenas y permitir mayores anchos de banda a menor costo. 

La comparación internacional muestra que, mientras Europa se ha fijado como sueño político alcanzar conexiones de 1 gigabit hacia 2030, sus velocidades promedio actuales aún se sitúan muy por debajo de ese umbral.

En términos concretos, la Unión Europea registra velocidades promedio de descarga en banda ancha fija del orden de 160 a 170 Mbps. En América Latina, en cambio, los desempeños son sensiblemente inferiores en dichas conexiones fijas. Países como México y Argentina alcanzan promedios cercanos a los 35 Mbps, mientras que Uruguay y Chile se sitúan en torno a los 80 y 90 Mbps.

Esta brecha en la calidad de la conectividad entre países ricos y países de la plebe —expresada principalmente en la velocidad efectiva de las conexiones— debiera ser considerada con seriedad al momento de definir las políticas de asignación del espectro radioeléctrico. 

No pocas economías de América Latina se debaten aún en condiciones de pobreza estructural, viviendo prácticamente al día, mientras otras naciones transitamos con los temores y vulnerabilidades propios de una clase media expuesta al riesgo permanente del retroceso social. 

En este contexto, mejorar los mecanismos de asignación del espectro —introduciendo, por ejemplo, elementos propios de la selección comparativa entre los requisitos de admisión a la subasta— constituye una decisión sabia y prudente para combatir parte del subdesarrollo. 

Esta política tendría como propósito expandir la capilaridad de las redes entre los territorios, ampliando así el acceso efectivo de la población a servicios de conectividad de calidad. Con esta medida, los gobiernos podrían reducir la brecha digital de acceso, que es el primer peldaño de las múltiples digital divides que azotan a nuestros queridos países de las Indias Occidentales.

Apenas comenzado el 2026 se presentó oficialmente la obra “Derecho de las telecomunicaciones. Régimen jurídico y estructura del sector en Chile” (DER Ediciones, 624 págs.), escrita por los consultores regulatorios Alberto Jara y Juan Luis Núñez. 

El libraco constituye una novedad relevante dentro de los regímenes jurídicos sectoriales. A diferencia de otros mercados regulados —electricidad, gas, agua potable y saneamiento, minería, etc.—, el campo de las telecomunicaciones ha sido por décadas el “pariente pobre” del derecho regulatorio chileno. Han escaseado las publicaciones, los seminarios, los congresos y, hasta ahora, un texto que aborde de forma ordenada y comprensible el derecho telco nacional.

Los autores Jara y Núñez persiguen tres objetivos nítidos con su libro: integralidad, sistematicidad y actualización. 

Primero, ofrecer una visión integral de la regulación, para lo cual recolectan la profusa normativa dispersa en leyes, disposiciones constitucionales, reglamentos, planes y normas técnicas. 

Segundo, buscan entregar una sistematización rigurosa de la disciplina, por lo que proveen al régimen jurídico de una estructura lógica y coherente, construida con método y rigor analítico. 

Tercero, proveen una actualización del derecho telco, que incorpore las reformas legales y normativas más recientes, incluida la ley N° 21.678, de 2024, que reconoce el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. 

Información del libro.

En este contexto, cabe señalar que el último esfuerzo en Chile de sistematización comparable al de Alberto Jara y Juan Luis Núñez, aunque concebido bajo una técnica y filosofía distintas, data de 2001, con una obra de José Ignacio Ovalle. Ello permite dimensionar tanto el vacío bibliográfico existente como la oportunidad que viene a cubrir el presente libro.

En la parte más canónica, el libro aborda los principales servicios de comunicación electrónica, como la telefonía, la mensajería, el acceso a Internet, la transmisión de datos, la radiodifusión sonora y la televisión. 

También, la obra acomete el núcleo duro que define la identidad del derecho de las telecomunicaciones, tales como el espectro radioeléctrico, la numeración, la interconexión a redes públicas, las posiciones orbitales y los satélites. 

También trata las redes de muy alta velocidad y baja latencia (5G y fibra óptica), la noción de imprescindibilidad del servicio, las servidumbres legales, los principios de continuidad, neutralidad y convergencia tecnológica, así como el estatuto jurídico de los usuarios y los mecanismos de protección de sus derechos, entre otras materias.

Con todo, el libro no se trata de un manual en sentido estricto —limitado a una exposición pedagógica básica— ni tampoco de un tratado jurídico clásico —orientado a agotar dogmáticamente cada institución. Es, ante todo, una obra sistemática de referencia. 

En efecto, el libro ordena y estructura de manera coherente el derecho de las telecomunicaciones en Chile, integrando normativa, principios y práctica regulatoria, con el propósito de servir como marco estable de consulta y comprensión para los operadores jurídicos, sin aspirar a una exhaustividad dogmática.

Por lo anterior, esta obra sistemática de referencia no se limita a describir y desmenuzar el derecho vigente con total reverencia, sino que lo hace sin temerle a la polémica. Durante su elaboración surgieron una serie de hallazgos críticos, consistentes en vacíos normativos, tensiones regulatorias y retos pendientes, que los autores exponen sin misericordia. 

Este descubrimiento obliga a preguntarse si el marco normativo e institucional actual sigue siendo adecuado o si, por el contrario, requiere una reforma profunda e incluso su completo reemplazo.

Vacíos regulatorios 

Un vacío regulatorio se presenta cuando el orden jurídico carece de una regla, procedimiento o institución necesaria para regular adecuadamente una realidad jurídicamente relevante. El derecho telco chileno ofrece varios ejemplos.

El primero es la ausencia de un reglamento que regule la renovación de las concesiones al término de sus treinta años de vigencia. Este vacío ha llevado a que la autoridad pusiera en consulta, a fines de 2025, una propuesta que en los hechos desconoce el derecho a la renovación y somete al concesionario a un nuevo concurso, aunque beneficiado de un débil derecho preferente.

Un segundo vacío se observa en el ámbito satelital. Pese al creciente protagonismo de esta industria, el país carece de reglas claras para la solicitud de posiciones orbitales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y para la autorización nacional de operación. Esta omisión será especialmente relevante a medida que se “democratice” el acceso al espacio exterior, con satélites de menor escala orientados a servicios como el direct-to-cell o direct-to-device (D2D).

Finalmente, el sistema adolece de la ausencia de un panel de expertos o institución altamente especializada, que resuelva las disputas de gran complejidad técnica en la industria. Tampoco poseemos una superintendencia o agencia sectorial encargada de fiscalizar y sancionar las infracciones de los administrados cualificados, que sea independiente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). 

No deja de llamar la atención que el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones lleva prácticamente 15 años sin ser despachado por el Congreso Nacional. Ahí está, en la comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, como quien durmiera eternamente el sueño de los justos.

Tensiones regulatorias 

Las tensiones regulatorias no derivan de la falta de normas, sino de su fricción o roce al momento de aplicarse. El derecho telco chileno también exhibe algunas tensiones.

Un primer caso se observa en la administración del espectro radioeléctrico. Aunque la Subtel es su administradora legítima y natural, algunas decisiones clave —como la determinación de los caps de espectro y el uso atribuible a las bandas de frecuencias— han sido adoptadas por terceros. Principalmente,  por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o por la Corte Suprema, reflejando una escasa deferencia institucional hacia la autoridad técnica, que es la institución que más debiera saber en estas materias.

Otro ejemplo de tensión se encuentra en el ámbito televisivo. El Consejo Nacional de Televisión posee potestades sancionatorias por infracción al correcto funcionamiento de los servicios de TV, lo cual ejerce ante casos como la emisión de escenas de violencia explícita y lenguaje inapropiado en horario de protección de menores, así como en la cobertura sensacionalista de hechos policiales o judiciales con exposición innecesaria de víctimas. 

Pero el Tribunal Constitucional (TC) ha sostenido, en una jurisprudencia oscilante, que la legislación sancionatoria del CNTV no cumple con estándares suficientes del debido proceso. En su criterio, faltarían la tipicidad (indeterminación del “correcto funcionamiento del servicio”), la graduación en las penas y las garantías procedimentales expresas. Por estos motivos, en varios casos el TC ha dejado sin efecto las multas impuestas por el CNTV.

Una tercera tensión surge a propósito de las comunidades de telecomunicaciones. Mientras el artículo 3° de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) dispone que las comunidades de telecomunicaciones o de Internet deberán constituirse conforme a un reglamento dictado por el Presidente de la República, en los términos previstos en su artículo 24B, este último precepto encomienda expresamente dicha regulación a una norma técnica que debe dictar el subsecretario de Telecomunicaciones. La falta de concordancia entre ambas disposiciones genera incertidumbre respecto del órgano competente para regular estas comunidades. En rigor, más que una tensión regulatoria, se trata de una contradicción normativa que exige ser corregida.

Retos regulatorios pendientes

Los retos pendientes o desafíos regulatorios no describen fallas actuales, sino exigencias de adaptación frente a cambios estructurales. En este plano, el derecho telco chileno enfrenta al menos tres desafíos relevantes.

El primero es avanzar, por fin, hacia un modelo de control ex post basado en riesgos, superando el esquema tradicional de autorizaciones ex ante (otorgamiento previo de concesiones, permisos y licencias). Este objetivo ya estaba presente en la Carta de Navegación de las Telecomunicaciones del año 2000 y podría materializarse mediante un registro único, basado en la notificación de actividades. 

Sin embargo, aunque han pasado más de veinticinco años, la fe y la esperanza siguen intactas, como contemplamos en “La Odisea” la espera de Penélope por el regreso de Ulises: prolongada, paciente y siempre aplazada.

Un segundo reto pendiente de fondo consiste en revisar críticamente la noción clásica de “servicio público” aplicada a las telecomunicaciones. Se trata de una categoría central del derecho telco, pero hoy aquejada por un evidente vaciamiento conceptual. Su origen histórico se explica en un contexto en el cual el Estado de los años setenta, a través de empresas públicas y bajo esquemas monopólicos, prestaba directamente servicios esenciales de conectividad, sometidos íntegramente a un régimen de derecho público. 

Sin embargo, el modelo vigente es sustancialmente distinto, ya que servicios como la telefonía o el acceso a Internet —que la ley continúa calificando formalmente como “servicios públicos”— son hoy provistos por empresas privadas, en entornos competitivos y mayoritariamente regidos por el derecho privado, con el Estado actuando como regulador y garante del interés general. De ahí que hoy sea oportuno hablar, con mayor propiedad, de “servicios de utilidad pública” o “servicios de interés general”.

Finalmente, el sistema tiene como reto ampliar su perímetro regulatorio para abordar fenómenos como los servicios OTT, la dimensión telecomunicativa de la industria de Data Centers y las redes de distribución de contenidos (CDN) que poseen infraestructura propia en las capas intermedias. No es casual que la Unión Europea haya optado por el concepto más amplio de “comunicaciones electrónicas” para capturar, precisamente, estas nuevas realidades de las tecnologías de la comunicación. 

Sin embargo, la eventual regulación debe hacerse con prudencia y en aquello estrictamente necesario para el interés público, ya que una recarga excesiva de normativa puede ralentizar la innovación, las inversiones y el crecimiento del país.

Detrás del árbol que tapa el bosque

Este diagnóstico crítico no debe eclipsar los logros del sector. Chile exhibe indicadores sólidos en materia de conectividad, siendo el alumno bien portado y aplicado de la clase. Algunos datos lo comprueban, como 95% de la población que ya está conectada a Internet fijo o móvil, dando casi por superada la brecha digital de acceso. 

También, el país tiene una de las bandas anchas fijas más rápidas del mundo según Ookla, precios competitivos en servicios móviles y una adopción masiva de tecnologías como 5G y la fibra óptica. Todo ello, además, bajo una política sectorial notablemente estable en el tiempo, desanclada de los ciclos políticos que tanto perturban a países hermanos de la región .

El debate regulatorio en escena

El lanzamiento del libro —nuestra obra sistemática de referencia— tuvo lugar el 7 de enero en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 150 asistentes y la participación de autoridades, reguladores, académicos y actores de las industrias telco y tecnológica. 

El panel estuvo integrado por Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones; Lucas Sierra, profesor de la Universidad de Chile; Felipe Bravo, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y fue moderado por Natalia López, gerente de Infraestructura Digital de Desarrollo País. La ceremonia fue conducida por el abogado Cristián Águila.

El Parlamento también se hizo presente. Su Excelencia el Presidente del Senado de la República, senador Manuel José Ossandón Irarrázabal, encabezó la actividad. Los diputados Diego Schalper, Leonardo Soto y Raúl Leiva participaron mediante mensajes grabados, destacando la contribución de la obra al debate legislativo en materias de conectividad digital.

En suma, la presentación del libro confirmó que los vacíos, tensiones y retos del derecho telco chileno interesan a gran parte de la industria. Ellos son un asunto central para la evolución futura de un sector en el que Chile continúa destacando a nivel regional y global. El derecho telco no siempre debe ser como una taza de leche, sino que a ratos es necesario sacudir el avispero para instalar nuevas discusiones y debates incómodos sobre la mesa. 

Los operadores de comunicaciones móviles enfrentan una serie de tensiones y desafíos que rara vez aparecen en el debate público o en la televisión. La gente no repara en que el día a día de estas empresas está marcado por problemas operativos, regulatorios y económicos de variada índole. Entre ellos, quizás el más silencioso sea el creciente y desproporcionado costo del suelo donde se levantarán las torres que soportan las antenas de telecomunicaciones. ¿De qué va esto?

Del conjunto de problemas, este es una espina encarnada para la industria móvil que requiere una especial consideración, debido al potencial frenazo que podría ser para la expansión futura de las redes que deben sostener la transformación digital en todo su calado y magnitud.

Hablar de servicios móviles es, inevitablemente, hablar de antenas; y hablar de éstas es hacerlo de las famosas torres. Estas son infraestructuras verticales (torres auto-soportadas, contra-ventadas, monopostes, mástiles) que deben emplazarse en terrenos que la mayoría de las veces son inmuebles privados. Entonces aquí comienza el guion de la tragedia. 

Naturalmente, el pago de una renta por el uso y goce de un retazo de terreno privado es completamente legítimo, siendo un contrato civil que proviene del Derecho Romano. El conflicto surge cuando ese precio deja de reflejar el valor del suelo y pasa a responder a una lógica puramente oportunista o, como decimos en Chile, expresa la costumbre de algunos “Agarra-Aguirre”, que serían los dueños del terreno.

El oportunismo del propietario del terreno —cuando ello ocurre— puede estar alimentado por intermediarios inmobiliarios, conocidos en la industria como “buitres”, que convencen a los titulares de los inmuebles para exigir aumentos de 200%, 300% o más en las renovaciones de contrato con las telcos. No porque el terreno haya aumentado su avalúo fiscal o se hayan encontrado en él pepitas de oro, sino porque la torre “ya está ahí”. Entonces, desmontarla resulta costoso y lento para el operador. 

Así, es en la renovación del contrato de arriendo —no en la celebración del pacto inicial— cuando se gatilla esta espina encarnada para el operador, a quien el landlord pone entre la espada y la pared. 

La voz de las cifras 

Este fenómeno no es anecdótico ni tampoco una golondrina que no hace verano. En un reciente seminario organizado por la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), en la Universidad Diego Portales, el consultor Daniel Gurovich puso cifras concretas sobre la mesa: Chile se ubica entre los países con mayor costo promedio de suelo para torres en América Latina.

Según datos del gremio, el costo mensual promedio del suelo alcanza los 900 dólares en Brasil, 775 dólares en Chile, 750 dólares en México, 525 dólares en Perú y 475 dólares en Colombia. La diferencia no se explica por estándares técnicos superiores ni por la mayor escasez territorial, sino principalmente por el poder de negociación del propietario del predio, que actúa muchas veces como un monopolista de facto.

El resultado es una relación profundamente asimétrica. Si el operador de infraestructura no acepta la nueva renta, se inicia un verdadero vía crucis en dirección al Gólgota: término anticipado del contrato, desmonte de la torre, búsqueda de un nuevo terreno, tramitación de un nuevo permiso ante la Dirección de Obras Municipales, oposiciones vecinales, recepción final. Todo ello puede tardar fácilmente un año o más.

Un arriendo que se cobra por dormitorio ocupado 

Además del alza sostenida del valor del suelo en las renovaciones de contrato, los operadores móviles enfrentan un segundo problema bastante contraintuitivo.

De partida, la legislación urbanística obliga a la colocalización o ubicación compartida de las antenas en torres existentes antes de autorizar la instalación de una nueva infraestructura. Esto, con el objetivo de evitar la proliferación de torres, reducir el impacto urbano y ambiental, así como hacer más costo-eficiente el despliegue de redes. Esto evitaría los “bosques de antenas” que tanto afean el paisaje urbano y rural. 

Bajo este esquema de la colocalización, un operador de torres puede pagar al landlord unos 700 dólares mensuales por un pequeño retazo de terreno donde se instala una torre que inicialmente alberga a un solo operador móvil (i.e., Entel). El problema surge cuando un segundo concesionario (i.e., ClaroVTR) solicita colocalizarse en la torre, ya que muchos contratos permiten al propietario duplicar la renta por un nuevo inquilino de la estructura. 

Con una tercera empresa móvil (i.e., Movistar), el convenio permite triplicar el precio. Y con una cuarta compañía (i.e., WOM), los contratos facultan al landlord a cuadruplicar la renta. Todo este incremento monetario —2.800 dólares mensuales— ocurre pese a que la superficie arrendada siga siendo exactamente la misma y no exista mejora material del suelo.

Ahora bien, dicho encarecimiento no lo asume la empresa torrera, sino el operador móvil, debido al modelo pass-through, que permite traspasar íntegramente al concesionario el mayor costo del arriendo. Así, aunque el aumento se origine en la relación entre el propietario del terreno y la empresa de torres, el impacto económico real recae sobre los operadores móviles, encareciendo sus costos de despliegue y operación.

El sinsentido de este esquema de cobrar por cada nuevo colocalizado se hace particularmente evidente cuando se lo compara con el mercado inmobiliario residencial. Quien arrienda un departamento de cuatro dormitorios paga una renta determinada por los metros cuadrados y las características del inmueble, con independencia de si vive solo con su perro y su gato, o bien si comparte la vivienda con otras tres personas. El objeto del contrato es el espacio físico, no la intensidad de uso ni el número de ocupantes.

Qué hacer sin pasar por el Congreso

La buena noticia es que no se requiere una reforma legal para corregir buena parte de estos problemas. Bastaría una decisión administrativa del gobierno en ejercicio. Eso que llaman voluntad política del Ejecutivo. 

Primero, es posible modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para permitir que el traslado de una torre a un predio colindante o cercano —por ejemplo, dentro de un radio de 300 metros— se realice mediante simple aviso, y no mediante un nuevo permiso de instalación ante la Dirección de Obras Municipales (DOM), donde puede demorar un año. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ya habilitó esta opción; falta que la OGUC la implemente. 

Segundo, es razonable que el Reglamento de Infraestructura Física (DS N° 99/2012 MTT) deba alinearse con esa lógica anterior, permitiendo que cambios menores de ubicación no requieran resolución exenta de la Subtel. Bastaría un aviso del operador para actualizar las coordenadas del título concesional, mecanismo ya previsto en la Ley General de Telecomunicaciones y que hoy se encuentra subutilizado.

Tercero, cabría aplicar efectivamente la “declaración de imprescindibilidad del servicio” del artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Cuando existe abuso del propietario del suelo, es procedente la constitución de una servidumbre legal donde la renta o compensación sea fijada por un juez en un procedimiento sumario. El precio no puede quedar entregado a la imposición unilateral del landlord.

Cuarto, es factible y necesario dictar un reglamento de ejecución de la Ley de Antenas que unifique criterios y procedimientos ante las DOM, entregando certeza jurídica y reduciendo la discrecionalidad administrativa. Este instrumento normativo debe determinar el paso a paso que ha de seguirse ante las DOM para tramitar un permiso de instalación de torres. 

Una calma aparente en otros negocios telcos

Cabe llamar la atención que estos problemas de la industria móvil no golpean la puerta todavía de los operadores de redes fijas, por dar un ejemplo. En particular, quienes despliegan fibra óptica no iluminada. Pero esa tranquilidad es sólo aparente y, probablemente, transitoria.

Porque la fibra de larga distancia requiere, cada ciertos kilómetros, estaciones de regeneración instaladas en shelters ubicados en predios privados. Cuando los propietarios de esos terrenos comprendan que trasladar esas infraestructuras tampoco es trivial, el guion será conocido: aumentos abruptos de renta, negociaciones forzadas y captura del operador. Lo que hoy enfrentan los torreros y operadores móviles, mañana lo enfrentarán los fibreros, pasado mañana los Data Centers, y así con toda la cadena de valor de las telcos.

Por eso la espina encarnada debe enfrentarse como ecosistema telco completo. Porque la cultura del oportunismo y del abuso no se detendrá por cortesía o escrúpulos morales; seguirá avanzando por etapas. De lo contrario, podría suceder como en aquella famosa reflexión histórica y moral de Martin Niemöller que, guardando las debidas proporciones respecto a tan dolorosos episodios, narra más o menos lo siguiente: 

“Primero vinieron por los comunistas, y no dije nada porque no era comunista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que pudiera protestar”.

En teoría, las telecomunicaciones en el mundo no se mandan solas. Requieren una brújula universal que ordene el uso del espectro, armonice las frecuencias radioeléctricas y procure que la comunicación a distancia funcione de manera segura, eficiente y sin interferencias. Ese rol, según el diseño consensuado por los países, lo ejerce la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Pero las telecomunicaciones que dieron origen a este organismo en 1865 no tienen mucho que ver con el ecosistema digital del siglo XXI. 

Allí radica la tensión central que experimenta el alma de la UIT: ¿cómo se actualiza (“aggiorna”) una institución nacida para administrar telégrafos eléctricos en un mundo donde conviven Inteligencia Artificial, satélites de órbita baja, redes de ultra alta capacidad y plataformas globales que mueven millones de datos?

El diagnóstico de esta columna no pretende ser injusto ni lapidario. Es una invitación a mirar con honestidad el punto de inflexión que enfrenta la UIT, porque tenemos fe en que ella puede hacer todavía un mejor esfuerzo que la instale en el liderazgo que debe ostentar. 

Mucha historia y un protagonismo en dilución

La UIT es, literalmente, una de las organizaciones internacionales más añosas del planeta. Nació el 17 de mayo de 1865, en París, como Unión Telegráfica Internacional, cuando la telefonía apenas despuntaba. En 1932 adoptó su nombre actual y amplió su mandato hacia la telefonía y la radiocomunicación. En 1947 pasó a integrar formalmente el sistema de Naciones Unidas, instalándose en Ginebra (Suiza).

Hoy la misión formal de la UIT es ordenar el uso global del espectro radioeléctrico, administrar las posiciones orbitales, coordinar estándares técnicos y apoyar el desarrollo de infraestructura en países con brechas de conectividad. Un mandato ambicioso, necesario y técnicamente complejo.

Sin embargo, la pregunta que cualquier observador razonable puede formular hoy es simple: ¿está la UIT ocupando el lugar que las dinámicas del ecosistema digital requieren?

Un mandato valioso y algo extemporáneo

Aunque la UIT se define como el “organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales (TIC)”, la verdad es que su estructura interna —centrada en radiocomunicaciones, normalización y desarrollo de las telecomunicaciones— refleja una mirada propia del siglo pasado. Ese enfoque sigue siendo indispensable, pero ya no es suficiente.

En efecto, la transformación digital (Industria 4.0, Cuarta Revolución Industrial, era de los sistemas ciberfísicos, etc.) exige que la gobernanza internacional incorpore con claridad debates como las plataformas digitales y la concentración de poder. 

También la Inteligencia Artificial, el uso responsable de datos y la ciberseguridad avanzada. De igual manera, que incluya la arquitectura cloud y Data Centers, blockchain, los modelos OTT y la interoperabilidad digital de próxima generación, entre otras temáticas tecnológicas emergentes.

La UIT participa en algunas de estas líneas —WSIS, AI for Good, iniciativas de conectividad universal—, pero su presencia no siempre resulta gravitante. Una o dos iniciativas relevantes no bastan para anclar el liderazgo en un ámbito tan vertiginoso. 

En otras palabras, la convergencia entre telecomunicaciones y tecnología parece que aún no permea con la fuerza necesaria la estructura interna de la institución.

La gobernanza global ante el poder de los Estados 

El segundo desafío no es técnico, sino político. La UIT opera en un sistema donde los Estados conservan márgenes amplios de soberanía, incluso en un ámbito que exige profunda armonización internacional. Le cuesta a la UIT lograr disciplinar a las naciones.

El ejemplo más citado es el artículo 4.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que permite a los países utilizar frecuencias en condiciones distintas a las reconocidas internacionalmente, asumiendo los riesgos de interferencia. 

Este mecanismo, concebido como un equilibrio entre cooperación y autonomía, termina debilitando la disciplina colectiva del espectro, especialmente en un contexto donde el tráfico inalámbrico se multiplica exponencialmente.

Esto obedece a que ese “salvavidas soberano” —el art. 4.4 del Reglamento— debilita la disciplina internacional del espectro y convierte a la UIT en un árbitro sin pito ni tarjetas rojas. 

La proliferación de usos no armonizados, combinada con la creciente densidad del tráfico inalámbrico, amenaza la interoperabilidad que el propio Reglamento pretende resguardar.

Lo mismo ocurre en la competencia por posiciones orbitales geoestacionarias, donde los países con mayor capacidad técnica avanzan a un ritmo acelerado que deja poco espacio a quienes no tienen los mismos recursos. Este escenario tensiona la misión de equidad global que la UIT está llamada a proteger.

Una presencia tenue en los debates estratégicos del futuro digital

Mientras la OMS lidera de manera visible la agenda sanitaria mundial, la OMC coordina la discusión global del comercio y la FAO orienta la seguridad alimentaria, la UIT aparece situada en un rol más discreto o circunspecto. 

Este suele ser secundario —“segundón”— respecto de los debates que definirán la infraestructura del futuro. Pareciera que la UIT no tiene agenda o no quisiera tenerla en sus propios temas.

Algunos conceptos, como Open RAN, fair share, network slicing, neutralidad de red en arquitecturas avanzadas, ciberseguridad, resiliencia digital, 6G, redes mayoristas y nuevas formas de coordinación, etc., suelen avanzar impulsados por otros actores. Principalmente, la GSMA, 3GPP, la IETF, la Internet Society o las grandes compañías tecnológicas que dominan la innovación global.

En América Latina, la situación es más evidente. La discusión sobre conectividad, infraestructura y modernización institucional la han llevado adelante, con matices, el Banco Mundial, el BID y la CAF. 

En Chile, al menos, la visibilidad del trabajo de la UIT es baja. Su articulación con el regulador local no siempre resulta perceptible para el ciudadano informado, quien no ha escuchado de ella “ni en pelea de perros”.

No se trata de negar lo que hace la UIT, sino de advertir que su voz se escucha menos donde más se necesita. Ello, a pesar de que eventualmente pueda realizar un amplio paquete de actividades. Pero en este mundo de las apariencias, la señora del César no sólo tiene que serlo, sino también esforzarse por parecerlo. 

Un desplazamiento del centro de gravedad

Que los debates estratégicos del ecosistema digital migren fuera de la UIT no es un detalle menor. Significa que la coordinación multilateral —el propósito para el cual esta organización fue concebida— está ocurriendo en otros espacios. 

Mientras tanto, los Estados continúan financiando un organismo cuyo protagonismo se ve menguado en las discusiones críticas. El riesgo no es la desaparición de la Unión, sino su irrelevancia.

Por ello, algunas voces se han preguntado si tiene sentido mantener la UIT y todo su aparataje institucional en pleno siglo XXI. Mi respuesta es que “sí, tiene sentido”. La UIT sigue siendo el único foro universal con legitimidad técnica y política para administrar dos bienes naturalmente escasos y estratégicos, como son el espectro y las posiciones orbitales. Ningún consorcio privado ni estándar de facto puede reemplazar esa función.

La cuestión no es si debe existir, sino cómo debe reinventarse (“aggiornarse”) para recuperar liderazgo y asegurar que su misión siga teniendo impacto en un ecosistema digital que cambia cada día.

Un llamado razonable a la reinvención

La UIT conserva historia, legitimidad y conocimiento acumulado. Es un activo institucional que puede —y debe— jugar un rol más decisivo en la gobernanza del futuro digital. Pero requiere ajustar prioridades, modernizar su agenda, fortalecer su capacidad de anticipación y volver a ser un actor gravitante en temas que ya no admiten indiferencia.

La tecnología avanza como un tren de alta velocidad. La UIT puede subirse y conducir parte del trayecto, o resignarse a observar desde el andén, como Penélope en la canción de Joan Manuel Serrat. 

Esta burlada mujer —con su bolso de piel marrón, zapatos de tacón y vestido de domingo— se limita a mirar desde un banco del andén cómo llegan y salen los trenes, sin subirse a ninguno de ellos. Lo único que ella espera es el retorno de ese caminante amado, ya lejos, que una tarde de primavera la cautivó.

La conclusión es clara y sin matices. Si el siglo XIX le dio origen y el siglo XX le otorgó prestigio, el siglo XXI le exige a la UIT algo más. Esta meta consiste en asumir el rol de protagonista en la gobernanza digital global, antes de que otros con mayor vocación de poder decidan ocupar ese espacio en su lugar. 

En claves bíblicas, sólo los violentos y audaces logran arrebatar el reino de los cielos —es decir, la gloria eterna o el éxito temporal. 

¿Con qué disposición anímica se encuentra la UIT para tomar el liderazgo que supone dirigir la orquesta del ecosistema digital?

En la América hispánica y lusitana, Chile suele verse como el alumno responsable y aplicado en las tareas de normar prudencialmente, dar gobernanza al sector y favorecer el despliegue de sistemas y redes TIC. Lo respaldan sus cifras: más de 96% de la población conectada, una red capilar de fibra óptica, Data Centers en operación y en construcción, presencia de firmas hiperescalares, servicios satelitales activos, cables submarinos desplegados y el próximo proyecto Humboldt Connect.

Por estas condiciones, muchos lo presentan con floreos como un hub digital regional. Y si damos esta premisa por verdadera —hay que creerse el cuento—, conviene preguntar ¿de qué tipo de hub hablamos? ¿Cuáles son sus fortalezas y flancos débiles? ¿Y de qué lugar, en rigor, seríamos uno?

Los pellejos de un hub

En la tipología zoológica de conectividad, los hubs digitales son como animales que se diferencian por su distinto pelaje funcional. No todos hacen lo mismo o cumplen idéntico propósito.

Así, están los hubs de datos (data hubs), que hacen referencia a lugares con fuerte infraestructura de conectividad, como múltiples cables submarinos y puntos de intercambio de tráfico (IXPs), que los convierten en nodos de alto flujo de datos. Entre otros, Frankfurt, Singapur y Miami.

Asimismo, están los hubs de servicios digitales (service hubs), que aluden a países o jurisdicciones que exportan servicios digitales y de computación en la Nube a terceros países, lo cual implica contar con empresas TIC que prestan servicios regionales y una infraestructura capaz de soportar dichas operaciones. Por ejemplo, India, Irlanda y Uruguay.

De igual manera, encontramos los hubs de innovación (innovation hubs), que se refieren a ecosistemas donde florecen startups, se desarrolla capital humano avanzado (talento especializado), se crean soluciones o software exportables, hay financiamiento para empresas tecnológicas y se apalancan fuertemente en universidades innovadoras. Entre ellos, Silicon Valley, Tel Aviv y Shenzhen (China).

Finalmente, identificamos los hubs regulatorios (regulatory hubs), jurisdicciones con marcos legales estables, fuertes leyes de protección de datos personales y alta madurez institucional en ciberseguridad, lo cual les convierte en plataformas de confianza para la economía digital. Como referentes están Reino Unido, Estonia y Canadá.

En este mapa animal, Chile se perfila ante todo como un emergente hub de datos, gracias a la infraestructura que ha construido y a las iniciativas que lo proyectan como punto neurálgico del tráfico digital del Pacífico Sur. Esta concreción en el lenguaje le quita vaporosidad al etéreo concepto de “hub digital” —donde todos quieren subirse al carro—, aterrizándolo en una entidad con nombre y apellido validado internacionalmente: un hub de datos.

Si sobran las ganas, la vocación tecnológica de Chile podría complementarse, en menor medida, con las otras especies de la fauna, como un regulatory hub por su estabilidad institucional —aunque alicaída economía. También, un innovation hub si consolida talento y capital de riesgo, así como un service hub si logra exportar soluciones digitales propias. Pero todo esto sin volverse ambiciosos y sabiendo colaborar con los hermanos que menos tienen. Porque si a la región le va bien en su conjunto, a todos nos puede ir mejor.

Amenazas y fortalezas de un hub

Nunca debe perderse de vista la fragilidad del “título nobiliario” de hub. Porque es una nobleza “de toga” —reversible—, a diferencia de la nobleza de “sangre o espada” —transmitida por linaje— que ostentaron tantos duques, marqueses y condes europeos. Como el célebre marqués del Mediodía francés, Donatien Alphonse François de Sade. Sospecho que la crueldad de sus escritos habría estremecido de espanto al mismo conde Drácula, príncipe de Valaquia, conocido por empalar a sus adversarios. 

Es que hay amenazas y desafíos que enfrentan los países para mantener la corona nobiliaria que han ganado con tanto mérito y esfuerzo. Y Chile no es la excepción. Nuestra nación enfrenta hoy algunos riesgos que podrían erosionar ese estatus social incipiente, perdiendo la diadema de laureles.

Desde luego, nuestra legislación en protección de datos personales quedó solícita en la tutela del derecho de los individuos frente al responsable de las bases, bancos o ficheros. Sin embargo, la normativa es altamente exigente para el tratamiento de la información personal —incluida la sensible— y para la transferencia internacional de datos. 

Esto podría afectar actividades que se cocinan en la misma olla que el concepto de hub, como la ciencia de datos, el aprendizaje automático, el Big Data o la innovación, que dependen de flujos amplios y globales de información. Por ejemplo, académicos del primer mundo plantean una revisión del Reglamento Europeo de Datos Personales en asuntos específicos para no frenar la fuerza inventiva.

A esto hay que agregar un desnutrido Plan Nacional de Data Centers 2024-2030, impulsado por el actual gobierno, que carece de medidas autorizatorias y financieras concretas. Esto nos abochorna frente a un evento ocurrido al otro lado de la cordillera, en Argentina, donde OpenAI anunció un proyecto de hasta 25,000 millones de dólares para un Centro de Datos de gran escala. En pocas palabras, el Plan chileno aspira a atraer inversión por USD 2,500 millones en los próximos años; o sea, diez veces menos que el anuncio de OpenAI.

Por último, el deseo de sobre-regular los sistemas de Inteligencia Artificial en el Congreso es una tentación bastante seductora. Una eventual legislación inspirada en los guiones de Black Mirror podría paralizar la innovación y el conocimiento respecto de estas nuevas tecnologías que se busca proteger y promover. 

Por otro lado, regular tan de la mano de la Unión Europea, que es reconocida por su sesgo jurídico conservador y escrupuloso, podría no ser la mejor estrategia para países con un PIB per cápita bastante diferente. Este precedente sería un punto en contra del ideal de Chile como paraíso digital. 

Por fortuna, no todo son espinas y sombras en este valle de lágrimas. Es una muy buena noticia la regulación que busca simplificar el sistema de permisos y autorizaciones para grandes proyectos de infraestructura, incluidos los centros de procesamiento de datos. El silencio positivo debiera agilizar el peregrinaje permisológico, acortando los tiempos de espera para iniciar las obras.

También es motivo de jolgorio la sólida cultura regulatoria que Chile ha cultivado en ciberseguridad y gestión de ciberincidencias. La cooperación público-privada ha mostrado aceptación y madurez pocas veces vista, naturalmente que escarmentada por los infaustos episodios vividos por algunas importantes empresas víctimas de ciberataques. Aquí, las pérdidas económicas fueron millonarias.

Igualmente, potencia el anhelo de Chile como hub digital un tejido de reglas en telecomunicaciones y Tecnologías de la Información que es sumamente favorable a la inversión privada en redes y servicios. Este tejido —más allá del hecho puntual del sistema autorizatorio telco que está en crisis—, no entorpece innecesariamente la creatividad humana y facilita que brote el talento electrónico e informático donde sea que esté escondido. 

¿Un hub de dónde?

En este mundo donde todo parece obvio, algunas cosas no lo son tanto. ¿De qué lugar sería Chile un hub digital?

Pensar que lo sería de la región latinoamericana es más que discutible. Con apenas 19 millones de habitantes, nuestro volumen poblacional y de consumo de datos es reducido frente a Brasil, México o Argentina, verdaderos gigantes en generación y procesamiento de información.

Pero, visto desde otro ángulo, ser el “hub latinoamericano” puede ser una aspiración demasiado modesta. Sería quedarse cortos, chicos y estrechos. Porque el potencial expansivo de Chile es mucho mayor que sus repercusiones en un solo continente. 

En efecto, hoy ya existen cinco cables submarinos en funcionamiento que nos conectan con el hemisferio norte. El próximo cable Humboldt será la puerta de entrada a Nueva Zelanda y Australia, mediante una línea de alta capacidad del Estado chileno en alianza con Google. 

Además, se habla de un proyecto de infraestructura liderado por un consorcio de empresas estatales chinas, quienes estarían afinando los detalles para un inminente despliegue submarino que conecte un puerto de Chile con Hong Kong. 

Por último, se encuentran en fase de estudios los planes de factibilidad de un cable de fibra submarina entre Chile y la Antártica, para el transporte de información científica desde y hacia el continente blanco. Los resultados definitivos debieran estar disponibles el primer semestre de 2026.

Así las cosas, Chile bien podría reivindicar el título de “hub digital de cuatro continentes”. Le haría bien relativizar la carrera por disputar el podio en América Latina, para enfocar su energía en donde exhibe su mayor ventaja comparativa: los estratégicos puntos que lo conectan con América del Norte y del Sur, Oceanía, la Antártica y Asia. Ser un hub de datos para todos estos continentes y no sólo nuestra región.

¿Qué otro país del vecindario podría reclamar este mérito con tanta serenidad y soltura de cuerpo?

Alberto Jara | Consultor regulatorio en telecomunicaciones

En el mundo se consolida una tendencia que cala en las compañías de telecomunicaciones como un bálsamo de oportunidad. Se trata del tránsito de ser una “telco” tradicional a convertirse en una “techco”, con todas las solemnidades de la ley. La palabra suena moderna, sofisticada, casi con el halo aristocrático de pertenecer a la corte exclusiva de los innovadores digitales.

Claro ha querido subirse en Chile y Argentina a la corriente neo-identitaria. El Diario Financiero relató “la estrategia de Claro Empresas para transitar desde una telco a una techco apalancada por Hitss y Scitum”. 

DPL News añadió que en Argentina la firma relanzó su estrategia B2B bajo la misma consigna. Todo indica que la compañía bermellón busca transformarse en un hub de soluciones digitales, integrando las capacidades de América Móvil en minería, retail, smart cities y ciberseguridad.

Pero Claro no camina sola. Entel apostó por Ocean, Telefónica creó Tech, GTD despliega soluciones digitales y hasta Mundo acompaña su nombre de pila con el apellido “tecnología al alcance de todos”. La excepción sería WOM, que aún se aferra al relato clásico B2C, con campañas publicitarias que prefieren otras causas antes que el cambio de piel.

La tentación está clara para las telecos: huir de la canasta básica de los commodities para vestirse con la ropa cool de los servicios digitales. Pero ¿es esta mudanza un cambio real de paradigma o sólo maquillaje comercial?

Telcos, techcos y techs: la fauna digital

Conviene ordenar la fauna. Una telco (telecommunications company) es la compañía tradicional de telecomunicaciones. Su núcleo de negocio consiste en desplegar redes fijas y móviles, ofreciendo servicios básicos de voz, datos, SMS e Internet. Su modelo económico descansa en ingresos derivados de planes y tarifas, como Movistar, Claro, Entel o WOM.

En cambio, la techco representa la ambición de la telco por transformarse en algo más: una empresa que combina conectividad con servicios digitales. Su oferta incluye Cloud, ciberseguridad, IoT, Big Data, Edge Computing, soluciones digitales para empresas y gobiernos. En el fondo, intenta reducir su dependencia de la conectividad básica y orientarse hacia el B2B y las plataformas digitales. Telefónica Tech, Orange Business Services o T-Systems son buenos ejemplos.

Por su parte, la tech (technology company) es una empresa nativa digital, cuyo ADN no proviene de las redes. Su razón de ser son el software, los ecosistemas globales, la Inteligencia Artificial, los servicios Cloud y la monetización de datos. Su modelo de negocio descansa en la escalabilidad, la publicidad y la venta de plataformas, con una regulación prácticamente inexistente. Ahí se inscriben Google, Microsoft, Amazon, Apple y Meta.

La distinción no es trivial. El riesgo de la techco es olvidar que, a diferencia de las Big Tech, su activo distintivo es la conectividad, la infraestructura crítica que sostiene cualquier promesa digital.

De redes a servicios: evolución de la competencia

Durante décadas, las telcos se diferenciaron por la competencia en redes. La primera que desplegaba líneas en una zona geográfica se convertía en líder indiscutida de ese territorio. Las rezagadas llegaban después a disputar el feudo o, en algunos casos, se beneficiaban de la desagregación para usar redes ya construidas.

Con el tiempo, la competencia migró a los servicios. El negocio de las redes pasó a desarrolladores especializados: American Tower, Phoenix Tower o Cellnex en torres móviles; Onnet o Holdco en fibra óptica. Las telcos, en cambio, quedaron en el segmento de provisión de servicios de conectividad.

Al principio, la competencia era por los servicios de voz, planes de datos o banda ancha. Pero pronto se volvió un terreno poco fértil: vender megas y minutos se parece demasiado a vender papel higiénico y leche. Entonces allí surge la techco como la apuesta evolutiva lógica: diferenciarse mediante servicios digitales más sofisticados. Así, la competencia entre las telcos sigue siendo por servicios, pero mediante prestaciones diversas y complejas. 

Supervivencia y cambio de paradigma

Detrás de la metamorfosis hay un impulso pragmático: la supervivencia económica. Los ingresos por conectividad caen, las tarifas se estancan y la inversión en redes debe seguir creciendo. Convertirse en techco es, en parte, un acto de sobrevivencia. Como el buen padre de familia que debe asegurar que el pan siga en la mesa cada mañana para alimentar a los suyos.

Pero también la transición puede leerse como un cambio de paradigma industrial. La telco era un proveedor de infraestructura básica, un commodity. La techco aspira a ser una plataforma habilitante de la economía digital. Dicho de otro modo, estaríamos en presencia de pasar de las redes como tuberías esenciales (paradigma telco) a redes como base de servicios digitales (paradigma techco).

No es un simple rebranding. Muchas compañías parecen convencidas de que la provisión de voz, datos o Internet se transformó en un producto indiferenciado. Y cuando tu negocio se parece demasiado a vender un tarro de jurel, algo debe cambiar con urgencia.

La autoestima herida del sector

Más allá de la lógica económica, hay una fuerza psicológica en juego: el ego herido de las telcos. Una lectura freudiana vería en esta transición un complejo de inferioridad. El estigma de ser proveedores de un servicio estandarizado empuja a buscar reconocimiento como agentes innovadores.

Los discursos rimbombantes de las Big Tech —emprendedores que levantan millones en rondas de capital, unicornios inflados, pitchs enardecidos— exacerban ese complejo. Y algunas telcos empiezan a sentir vergüenza de su identidad, a verse miradas en menos.

Pero conviene recordarlo: sin el ADN de las telecomunicaciones, sin la conectividad robusta y segura, no habría Inteligencia Artificial, blockchain, robótica avanzada o smart cities. La telco sigue siendo la columna vertebral invisible del ecosistema digital, aunque a veces se nos olvide.

El desafío regulatorio: un terreno asimétrico

El tránsito hacia la techco también tensiona el marco regulatorio. Las telcos siguen hiperreguladas: concesiones, licencias de espectro, control tarifario, obligaciones de cobertura, continuidad y universalidad del servicio, etc. En el otro extremo, las Big Tech disfrutan de un ecosistema anémico en reglas. 

¿Dónde caben las techcos? En el limbo. Demasiado digitales para vivir bajo las cadenas pesadas del régimen telco, pero demasiado telcos para reclamar la liviandad normativa de las Big Tech. Esa es la asimetría regulatoria: un terreno de juego desnivelado donde las reglas parecen diseñadas para otros tiempos.

El desafío para los poderes legislativos es claro: actualizar los marcos normativos, definir cómo se regula a un actor híbrido y generar un terreno de juego más equilibrado. La pregunta no es sólo económica, sino política y social: ¿qué obligaciones tendrán las techcos en materia de cobertura, neutralidad, seguridad o continuidad de servicios?

La resbalosa identidad techco

La techco puede presentarse como una decisión estratégica coherente con la evolución del sector. Pero hay un límite: no puede olvidar que su esencia sigue siendo telco. Su activo distintivo es la red, la infraestructura crítica que permite la existencia de cualquier ecosistema digital. 

Al final, el orgullo de ser telco no debería perderse. Ni la Inteligencia Artificial ni el metaverso funcionarían si no hubiera alguien que, discretamente, tendiera los cables y encendiera los routers.

Ahora bien, si la techco pretende convertirse en una tech pura, me temo que corre el riesgo de diluirse en un disfraz inútil. Porque las Big Tech tienen ventajas estructurales en innovación, escalabilidad y control de datos. Son dinosaurios que llevan mucho mayor tiempo dominando con hegemonía el mundo jurásico. 

En definitiva, la encrucijada es clara: ¿queremos telcos sólidas que, al mutar en techcos, fortalezcan la conectividad universal con servicios de valor agregado? ¿O preferimos híbridos difusos, pseudotechs, ansiosos de competir en un terreno donde carecen de ventajas reales? ¿En cuál de estos modelos estarán pensando abrazar Claro, Entel, Movistar, GTD y Mundo?

No es una novedad, pero el sector de las telecomunicaciones se muestra tironeado de un lado y del otro en variados temas neurálgicos. Es parte de su atractivo intelectual como subsector de la economía, con debates siempre novedosos y actuales. Uno de esos temas es la discusión por el uso de la banda del espectro radioeléctrico de 6 GHz (5.925–7.125 MHz). En total, suman 1.200 MHz de discordia para los agentes del ecosistema digital.

Aunque el debate sobre la banda de 6 GHz parece un asunto técnico de frecuencias, interferencias y equipos, en realidad implica una decisión política y estratégica de gran alcance. Es, ni más ni menos, que elegir si esta franja del espectro será usada principalmente por la industria tecnológica, a través de Wi-Fi de libre acceso, o por los operadores móviles mediante licencias exclusivas para redes 5G y 6G.

Actores involucrados

La solidez de los argumentos y la energía del discurso poseen la fuerza de volver a dividir el Mar Rojo en dos murallas de agua, como lo hizo Moisés con su mano extendida, según relata el Antiguo Testamento. Esta vez, cada pared líquida reúne grupos de interés, empresariado y agentes de lobby que se mueven rápidamente entre los pasillos del poder para convencer y hacer prevalecer sus posturas. No son unos gatitos, sino leones rugientes en días en los que la gripe los deja con la voz más grave y ronca.

¿Quiénes son estos felinos? Prácticamente, los mismos de siempre.

En un costado de la sala identificamos la industria tecnológica, congregados entre los fabricantes de chips y dispositivos, así como la Wi-Fi Alliance (WFA). Ellos apuestan por abrir la banda completa (5.925–7.125 MHz) al uso no licenciado para Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7. Aquí se encuentran Apple, Samsung, Qualcomm, Intel, Google, Meta, Amazon, Microsoft y demás exponentes de la industria tecnológica, quienes quieren los 1.200 MHz a fardo cerrado.

En el otro costado de la sala está la hermandad de la industria móvil, que son los operadores de redes agrupados tras la GSMA. Aparentemente menos gazuzos que sus contrincantes, estos se muestran interesados en reservar solamente la parte alta de la banda para las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), y no la fracción completa. En esta posición menos exigente estarían Entel, Telefónica, Claro, Vodafone, Tigo, Millicom, AT&T y el resto de los operadores móviles.

Los ronroneos y zarpazos de estos felinos son presentados precisamente al órgano regulador de cada país, quien tiene la llave para decidir en materia de recursos electromagnéticos, incluida la banda 6 GHz. Ahí cada bando intenta allegar la mayor cantidad de agua a su molino. 

Consecuencias de una definición u otra

La primera tensión es totalidad versus repartija. Quienes defienden que los 1.200 MHz completos deben destinarse al uso no licenciado argumentan que la mayor parte del tráfico de datos ya se cursa por Wi-Fi, que es más inclusivo, barato y rápido de desplegar que licitar espectro. También, ellos señalan que la masificación del trabajo remoto, streaming, Cloud y gaming requieren de canales más anchos.

Por el contrario, los operadores móviles empatizan con la necesidad de espectro no licenciado para sostener el IoT y la fábrica inteligente, pero no quieren ingenuamente “perder pan ni pedazo”. Proponen hacerlo a través de una medida salomónica: la mitad para Wi-Fi y la otra mitad para IMT. Se trataría de “partir la guagua en dos”, tal como quiso el rey Salomón.

Sus argumentos descansan en que el tráfico móvil crece de forma exponencial y necesita espectro armonizado, además de que sin nuevas bandas medias el despliegue de la red 5G disminuirá su eficiencia. Además, perder por completo la banda de 6 GHz pone en riesgo aplicaciones críticas como vehículos conectados y autónomos, salud digital avanzada, ciudades inteligentes, defensa y seguridad pública, etc.

El segundo eje del debate es dejar todo para Wi-Fi, o bien dejar la mitad baja para Wi-Fi y la alta para IMT. Por cierto, el modelo “baja para IMT y alta para Wi-Fi” no existe. En Europa y varios países latinoamericanos se ha liberado la franja baja (5.925–6.425 MHz) para Wi-Fi, reservando la alta (6.425–7.125 MHz) para comunicaciones IMT. 

Así, hay potencias que han abierto la banda para Wi-Fi, mientras que otras se han inclinado por una solución mixta, e incluso hay varias que han sido cautelosas, dejando la parte alta “en estudio”. En cambio, Chile ha transitado un camino zigzagueante. 

Primero, la exsubsecretaria Pamela Gidi liberó toda la banda de 6 GHz mediante la resolución exenta N° 1.807/2020 de la Subtel. Algunos dicen que fue una decisión “un poco apresurada”, habida cuenta de que en la actualidad no existe una única respuesta técnica correcta. La elección dependerá del balance que haga cada país entre la urgencia por capacidad indoor y la necesidad de capacidad móvil exterior para IMT.

Por lo mismo, el subsecretario actual, Claudio Araya, dio marcha atrás con la x, limitando Wi-Fi a la porción baja y dejando la parte alta en suspenso. La resolución señala —textualmente— “con el propósito de esperar la decisión sobre la armonización internacional que se realizará en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23)”. 

Lo cierto es que esta conferencia internacional de la UIT ya ocurrió en Dubái hace dos años, pero Chile aún no ha tomado una determinación respecto de la parte alta de la banda. ¿No será prioridad? ¿El lobby es muy feroz? ¿O es una papa caliente que nadie quiere sostener en sus manos?

Como sea, sí es un serio problema de comunicación política el que se haya hecho descansar la decisión en la CMR-23. Porque lo cierto es que en dicha conferencia no hubo una única “recomendación mundial” de asignarla completamente a Wi-Fi o IMT, sino que la UIT dejó que cada región o país adopte su modelo, basándose en sus necesidades. 

Lo anterior pese a que Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 ganó la parte baja (5.925-6.425 MHz) en casi todo el mundo, mientras que IMT (5G/6G) ganó la parte alta (6.425-7.125 MHz) en Europa, África, Medio Oriente, pero no en América.

En términos de política pública, la decisión compromete una parte considerable de la estrategia digital de la próxima década. Optar por Wi-Fi significa priorizar acceso masivo y a bajo costo; apostar por IMT significa reforzar la robustez y capilaridad de las redes móviles. No parece existir la solución perfecta, pues cada alternativa genera costos de oportunidad para el otro sector.

El rol del próximo gobierno

La definición sobre el uso de la banda de 6 GHz está lejos de ser una medida cosmética. El ciudadano común puede beneficiarse en su conectividad indoor gracias al Wi-Fi 7 o, en cambio, de las promesas de la industria 5G si los operadores cuentan con espectro armonizado y suficiente.

Todo pareciera indicar que la solución debe ser mixta: una mitad para Wi-Fi y la otra mitad para IMT. Nadie puede negar que Wi-Fi 6 (y superiores) van a ser muy necesarios en el futuro, pero también se van a necesitar bandas medias para IMT —aunque la banda de 6 GHz no sea la “niña bonita” de la fiesta desde el punto de vista de 5G, pues hay bandas mejores. Sin embargo, hay importantes detractores de esta solución con muy buenos argumentos. La decisión es difícil.  

Cualquiera sea la fuerza política que gane las elecciones presidenciales de noviembre próximo, deberá cortar el pastel de una vez por todas, poniendo término a la indefinición. En tal escenario, ¿cuál visión prevalecerá? ¿Qué león agripado terminará por imponerse con sus rugidos?