Asamblea de Costa Rica avanza en reforma que obliga a telcos entregar datos a autoridades judiciales
Se aprobó el dictamen que reforma la ley de telecomunicaciones para obligar a los operadores a entregar registros de información. La medida busca combatir los llamados “secuestros virtuales” o extorsiones.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Telecomunicaciones, obligando a los operadores a dar acceso a sus registros de información a las autoridades judiciales.
Publicada en la Gaceta Oficial, la medida, avalada en dictamen afirmativo por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, busca establecer el acceso obligatorio —y en tiempo real— a datos sensibles como localización, registros de tráfico y direcciones IP, a solicitud del Ministerio Público.
De acuerdo con el documento, el Ministerio Público —y, por delegación, los cuerpos policiales de investigación— podrá requerir a los operadores datos sobre usuarios finales, incluyendo tráfico nacional e internacional, geolocalización, y direcciones IP, públicas y privadas.
Los operadores estarán obligados a conservar esta información por tres años, y, si no cuentan con la infraestructura tecnológica, tendrán un año para adecuarse.
Si las empresas incumplen con las peticiones judiciales, se considerará una “infracción muy grave”, con lo cual se refuerza la presión legal sobre los operadores para colaborar sin demoras.
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Además, la reforma crearía la Comisión Interinstitucional para la mejora de las investigaciones judiciales, compuesta por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Superintendencia de Telecomunicaciones y representantes de las empresas de telecomunicaciones.
Si bien su carácter es consultivo, su existencia institucionaliza la coordinación entre actores judiciales y privados para el acceso a información técnica y operativa.
El proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones se propone combatir los llamados “secuestros virtuales”, o extorsiones en las que se simula tener secuestrados o amenazados a familiares o amigos de las víctimas.
Pese a que la medida apunta a reducir la incidencia de este delito, también surgen inquietudes respecto a un posible debilitamiento de la privacidad ciudadana en la era digital.
La iniciativa de reforma señala que la Comisión Interinstitucional no interferirá con la autonomía del Poder Judicial ni con la independencia del OIJ, pero la posibilidad de acceder a información personal por orden del Ministerio Público o los cuerpos policiales genera serios cuestionamientos acerca de quién supervisará que estos datos no se utilicen con fines abusivos, indebidos, o fuera del contexto judicial para el que fue pensado.