Durante 2020, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) comprometió unos $9600 millones en subsidios para el despliegue de infraestructura para los próximos tres años y distribuyó, de esos recursos, unos $1598 millones, según se desprende del relevamiento de las actas de directorio y de las resoluciones correspondientes, publicadas en el Boletín Oficial. Entre los 78 receptores de estos últimos fondos se destacan empresas estatales de provincias oficialistas, asociaciones civiles partidarias, algunos particulares y cooperativas.
Esos recursos se aprobaron bajo el formato de aportes no reembolsables (ANR), es decir, subsidios, que se financian con el Fondo Fiduciario de Servicio Universal, creado para desarrollar la conectividad de regiones alejadas, inaccesibles o empobrecidas. Este fondo se nutre del 1% de la facturación bruta mensual de todos los proveedores de telecomunicaciones -telefonía fija y móvil, acceso a Internet y TV paga-, es decir, de lo que los usuarios pagan por esos servicios.
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