El gobierno argentino disolvió el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, la herramienta con la que se administraban los recursos que resultan del aporte de los operadores para garantizar el cierre de brecha digital. Las empresas mantendrán la obligación de contribuir con el 1 por ciento de sus ingresos.
Se buscará una forma de administración más transparente y eficiente, señalaron fuentes oficiales a DPL News. Los prestadores tendrán que seguir haciendo el aporte como hasta ahora; próximamente el Ministerio de Economía y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) establecerán el nuevo procedimiento.
Hace poco menos de un año, la administración de Javier Milei intervino el regulador sectorial. Uno de los puntos revisados fue el manejo y destino del Servicio Universal al detectarse, en boca de las nuevas autoridades, “fuertes anomalías”, subejecución y recursos usados en sitios no prioritarios. Además, se informó que no había ningún mecanismo de medición y que el costo por hogar de los adjudicatarios multiplicó por 5 o 6 los costos habituales de la industria en algunos casos.
La decisión fue publicada este lunes 6 de enero en el Boletín Oficial. El gobierno determinó, en concreto, la eliminación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado por el artículo 21 de la ley Argentina Digital. “Se ha puesto de manifiesto la existencia de casos de proyectos aprobados, como beneficiarios del Fondo, donde no se pudo fundamentar dicha condición, en tanto de las actuaciones no surge con claridad el cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para su inclusión en los beneficios”, fundamentó.
En el mismo decreto, el gobierno disolvió el fideicomiso Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. En todos los casos, las medidas corren desde su publicación en el Boletín Oficial.