Argentina crea el Centro Nacional de Ciberseguridad como parte de los cambios en ley de Inteligencia
El gobierno de Javier Milei aplicó, vía decreto publicado el primer día hábil de 2026, cambios en la ley de Inteligencia Nacional, entre los que destaca la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC).
La nueva dependencia nace con el objetivo de planificar y ejecutar programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger al ciberespacio de interés nacional, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos, además de sistemas tecnológicos empleados para actividades del sector público.
El CNC funcionará como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su conducción estará a cargo de un director ejecutivo con rango de subsecretario y un subdirector con rango de director nacional. Será la autoridad nacional en materia de ciberseguridad y tendrá entre sus funciones:
- Actuar como órgano rector de la protección y seguridad integral del ciberespacio de interés nacional.
- Capacitar al sector público y dictar lineamientos para la protección y seguridad de las herramientas que se utilicen.
- Elaborar e implementar la política de ciberseguridad al tiempo de elaborar planes con perspectiva federal en la materia.
- Coordinar acciones que promuevan el análisis de vulnerabilidad de software y entender en el diseño, la implementación y buen uso de sistemas criptográficos para el sector público.
- Desarrollar el Programa de Infraestructuras Críticas de la Información y su centro de respuesta a incidentes, además de incorporar buenas prácticas en el sector público y promover la adaptación a estándares que reduzcan riesgos.
- Entender en el monitoreo y respuesta de los incidentes informáticos del Sector Público Nacional y de las infraestructuras críticas nacionales y en la dirección del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos (Cert.AR).
- Coordinar respuestas ante incidentes y administrar el registro de respuestas ante incidentes, además de supervisar la incorporación de prácticas de desarrollo seguro de software en el sector público y realizar testeos periódicos para probar vulnerabilidades.
- Entender en la adopción de medidas técnicas y de organización en materia de ciberseguridad que permitan gestionar, con el menor índice de riesgo, las redes y sistemas que se utilizan para prestar servicios de telecomunicaciones.
- Colaborar, junto con organismos y centros de investigación públicos y privados, en la promoción de planes, programas y proyectos de innovación tecnológica y científica en materia de ciberseguridad, en coordinación con los organismos competentes en la materia.
- Celebrar convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios respecto a las actividades destinadas a la ciberseguridad, concientizando en la materia y protección de las infraestructuras críticas y objetivos de valor estratégico tecnológico y de la información, así como a la protección de ciberseguridad.
Motivación
La ley de Inteligencia Nacional –aprobada en 2001– estableció el marco en el que se desarrollaran actividades de organismos de inteligencia en Argentina. En 2024, la administración actual dispuso la reorganización integral y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional: creó la Agencia de Seguridad Nacional, la División de Asuntos Internos y la Agencia Federal de Ciberseguridad, esta última como órgano de competencia en materia de ciberdelincuencia, infraestructuras críticas y objetivos de valor estratégico tecnológicos y de la información.
Según el nuevo decreto, la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad se da con el fin de evitar superposición de competencias entre distintas dependencias encargadas del asunto, entre ellas la Dirección Nacional de Ciberseguridad, y garantizar la autonomía entre la respuesta a las demandas de ciberinteligencia del Sistema de Inteligencia Nacional y las funciones de ciberseguridad que desarrolla la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
De hecho, la Agencia Nacional de Ciberseguridad pasa a llamarse Agencia Federal de Ciberinteligencia y cambia su responsabilidad: desde ahora será el órgano responsable de la producción de Inteligencia nacional sobre actores, hechos, riesgos, oportunidades y amenazas que se desarrollen en el dominio del ciberespacio y el espacio radioeléctrico y puedan afectar la seguridad nacional, las infraestructuras críticas digitales, el patrimonio del Estado, la soberanía tecnológica y/o la integridad de la información pública y privada.
El documento también establece una mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y amplía facultades operativas de los organismos del sector, además de proclamar que “todas actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Quejas
La publicación del decreto trajo consigo fuertes quejas de la oposición, que reclamó tanto por el contenido como por la forma: el texto no pasó por discusión parlamentaria y fue aprobado el último día del año.
“El DNU 941/25, publicado anoche mientras sonaban las cañitas voladoras, modifica la Ley de Inteligencia Nacional, generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei. Todo eso sin pasar por el Congreso, y sin participación de la Comisión Bicameral”, disparó en sus redes el diputado Esteban Paulon.
Desde el interbloque Unidos (Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal) también rechazaron el decreto al considerar que no existe necesidad ni urgencia de los cambios planteados. Se quejaron de que el texto avanzó “sin consenso, debate público ni especialistas” y señalaron que “la seguridad nacional es un objetivo legítimo pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano”.
En la previa a la publicación del documento, cuando ya circulaban versiones de su alcance en los medios, el legislador Leopoldo Moreau señaló: “Estaríamos en presencia de una suma de aberraciones: el DNU, con su contenido y alcance, implica el dictado de una nueva Ley de Inteligencia, violando expresamente la Constitución Nacional. También significa la creación de una policía secreta y clausura la posibilidad de la conducción civil de la inteligencia militar. Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático”.
En la misma línea se pronunció el diputado Agustín Rossi, quien consideró que se trata de “otro DNU gravísimo. Nada bueno para la ciudadanía ni para el sistema de inteligencia argentino”. Añadió que
“fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”. También algunos funcionarios avanzaron en que el decreto servirá para “recortar derechos y perseguir opositores”.
Al mismo tiempo, hubo rechazo a la potestad de requerirse información sensible a cualquier organismo del Estado y por el artículo que señala que “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.