Anatel defiende continuidad de los servicios de Oi incluso en caso de quiebra
Medidas judiciales apuntan indicios de gestión fraudulenta por parte de la controladora de Oi, PIMCO, mientras trabajadores denuncian atrasos salariales y condiciones críticas en la operación.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y el gestor judicial de Oi, Bruno Rezende, defendieron ante la 7ª Vara Empresarial de Río de Janeiro que, aun si se decreta la quiebra del grupo, se adopte un modelo de transición que garantice la continuidad de los servicios prestados por la compañía.
El argumento se basa en la amplitud y criticidad de las operaciones, que incluyen más de 4,600 mil contratos con el sector público, además de la presencia de la empresa en 7,400 mil localidades donde es la única operadora disponible.
El gestor judicial sostiene que el grupo se encuentra en situación de inviabilidad financiera debido al rápido aumento del pasivo extraconcursal, que alcanzó aproximadamente 1,700 millones de reales sólo con proveedores, y a la caída en la capacidad de generación de caja.
Según él, la diferencia entre ingresos netos y costos llegó a -135% en octubre, comprometiendo el mantenimiento mínimo de las operaciones.
En un hecho relevante divulgado el 7 de noviembre, Oi confirmó al mercado que, ante la decisión judicial del 31 de octubre que mantuvo el arresto de recursos, se presentó al juzgado una petición reconociendo la posible quiebra, debido a la imposibilidad de cumplir el plan de recuperación judicial y al agotamiento de la capacidad de maximizar el flujo de caja.
En caso de decretarse la liquidación, la compañía solicita autorización para mantener provisionalmente sus actividades hasta la transferencia integral de los servicios esenciales a otros agentes.
La Anatel refuerza esta posición. La agencia no se ha pronunciado sobre el mérito de la quiebra, pero sostiene que una interrupción abrupta podría generar impactos graves en servicios esenciales, como redes de comunicación de órganos federales, estatales y municipales, universidades, fuerzas de seguridad, además del CINDACTA, responsable por el control del espacio aéreo, el cual ya fue transferido a Claro.
Te recomendamos: Quiebra de Oi preserva subsidiarias y reabre disputa sobre concesión
La operadora también provee conectividad a aproximadamente 13,000 casas lotéricas de Caixa, que en muchas localidades funcionan como la única infraestructura bancaria disponible para la población.
Indicios de fraude
Paralelamente, avanza en el Tribunal Regional del Trabajo de la 1ª Región un proceso de responsabilización patrimonial. En una decisión del 7 de noviembre, la Justicia del Trabajo determinó el arresto de notas de crédito de PIMCO, señalada como controladora de Oi, al considerar que existen indicios de abuso de poder y vaciamiento patrimonial.
La decisión menciona elementos identificados por la justicia empresarial, como la contratación de servicios jurídicos de alto costo, el pago de bonificaciones incompatibles con la crisis y la presentación de información patrimonial inconsistente, evaluados como señales de gestión fraudulenta. La medida impide la negociación de dichos títulos hasta nueva deliberación judicial.
Además, la acción de la Justicia del Trabajo abre camino para la desconsideración de la personalidad jurídica, permitiendo el direccionamiento de ejecuciones contra socios y administradores en caso de comprobarse dolo, culpa o abuso de poder.
La decisión destaca que el grupo Oi constituyó deudas extraconcursales a favor de su propia controladora, lo que podría caracterizar favorecimiento indebido y perjuicio a acreedores laborales y financieros.
Situación de los trabajadores
La crisis ya repercute directamente en la cadena de prestadores de servicios. Trabajadores de Serede, subsidiaria integral de Oi y responsable de servicios de campo y mantenimiento de red, denunciaron retrasos en el pago de salarios y beneficios, afirmando que no pueden ser “chivos expiatorios” de la mala gestión del grupo, según manifestaciones recientes.
También lee: Oi tiene la quiebra decretada, pero los servicios seguirán operando de manera provisoria
La propia Oi reconoce que no cuenta con recursos para honrar obligaciones operativas básicas, incluida la nómina, escenario asociado al incremento del pasivo extraconcursal y a disputas con proveedores, según consta en documentos judiciales analizados.
Serede ya enfrentaba disputas laborales, y decisiones recientes de la Justicia del Trabajo indican el redireccionamiento de ejecuciones hacia socios y administradores, dado que la empresa fue incluida en el proceso de recuperación judicial y existen dificultades para ejecutar su patrimonio.