¿Anatel asumirá la regulación de la ciberseguridad en Brasil?

Sin margen presupuestario para crear una nueva autarquía, el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia de Brasil decidió proponer que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) asuma el papel de órgano central de la política de ciberseguridad del gobierno federal. El cambio figura en la nueva versión del anteproyecto de ley que se debate en el Comité Nacional de Ciberseguridad (CNCiber).

El ministro jefe del GSI, general Marcos Antonio Amaro dos Santos, explicó que la iniciativa busca dar alcance nacional a la Política y a la Estrategia de Ciberseguridad —aprobadas en 2023 y 2025, respectivamente—. “Los documentos abarcan principalmente al Poder Ejecutivo, pero no alcanzan a los estados, municipios y al sector privado. Buscamos un marco legal que permita una cobertura más amplia”, señaló el ministro al inaugurar el evento Brasil Ciberseguro 2025, realizado el 29 de octubre en Brasilia, en asociación con el BID.

Ante la resistencia del Ejecutivo a crear una nueva estructura, el GSI apuesta por aprovechar una agencia ya existente. Según Amaro, la intención es garantizar capacidad regulatoria y poder de fiscalización sobre las empresas que operan servicios esenciales e infraestructuras críticas. “Si no es posible crear una agencia nueva, que el tema sea absorbido por una de las que ya existen. Ese camino quizás esté más cerca de concretarse”, afirmó.

La propuesta original del GSI preveía la creación gradual de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCiber) en un plazo de cinco años, con 800 servidores y un presupuesto anual de R$ 600 millones. Como alternativa, se estudiaron tres opciones —una secretaría ejecutiva, una autarquía coordinadora y la propia agencia— hasta que surgió una cuarta: atribuir la competencia a la Anatel.

Un grupo de trabajo conformado por el GSI, el Ministerio de Gestión y la Anatel revisa actualmente el anteproyecto para incorporar la nueva propuesta. El grupo tiene dos meses para concluir el texto, que debería ser enviado al Congreso aún este año. Se espera que el proyecto tramite junto con el PL 4752/2025, de la Frente Parlamentaria de Apoyo a la Ciberseguridad y a la Defensa Cibernética, que se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado.