Alistan ley para prohibir plataformas de transporte en Colombia y sancionar a usuarios

Alianza In advirtió que la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) está preparando un proyecto de ley que, de aprobarse, prohibiría la operación de las plataformas de transporte como Uber y DiDi, y generaría efectos adversos para la economía nacional y de miles de hogares.

En días pasados, funcionarios de la institución se reunieron con la asociación que representa a diversas plataformas de la economía colaborativa, para darles a conocer la versión preliminar de la iniciativa.

José Daniel López, presidente del organismo, alertó que el contenido de la propuesta busca establecer un régimen sancionatorio para bloquear a los conductores de las aplicaciones y, finalmente, impedir que brinden sus servicios de movilidad.

¿Qué es lo que dice el proyecto?

  • Particularmente, el proyecto plantea otorgar a Supertransporte la facultad de ordenar a los operadores de telecomunicaciones que desconecten a las plataformas como Uber hasta por 30 días (con posibilidad de prorrogarse), cuando la autoridad considere que son ilegales.
  • De acuerdo con el borrador del texto, difundido por Alianza In, las aplicaciones tecnológicas deberán contar con la autorización de Supertransporte, o de lo contrario se considerará que comprometen la eficiente prestación del servicio público de transporte, su regularidad, continuidad y sostenibilidad.
  • Supertransporte podría aplicar multas por 500 unidades de valor tributario a los conductores de las plataformas y de 60 días de ingresos brutos a las empresas de Internet en caso de que incurra en una conducta que afecte el transporte público.
  • Además, el documento señala que las autoridades podrán ordenar la retención o inmovilización de los vehículos en los siguientes casos:
  1. cuando no cumplan con las condiciones de homologación;
  2. sean equipos de plataformas suspendidas o canceladas;
  3. cuando no cuente con los debidos documentos de transporte o estén alterados;
  4. cuando el vehículo transporte artículos o mercancías ilegales;
  5. cuando se compruebe que el equipo se usa para prestar un servicio “no autorizado”.
  • Las personas usuarias también serían sancionadas si utilizan las plataformas digitales. Quien contrate este servicio podría recibir una multa de  250 unidades de valor tributario. También constituirá una infracción que los establecimientos de comercio intermedien o propicien el uso de las aplicaciones.
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¿Por qué encendió las alarmas?

El proyecto de ley de la Superintendencia busca imponer una serie de restricciones a la operación de las plataformas digitales, de tal manera que quedarían prohibidas, y parte del supuesto de que su funcionamiento puede ser ilegal y distorsiona el mercado de transporte.

Si bien aún se trata de un borrador, del cual se desconoce todo el contenido, Alianza In afirmó que existen cuatro grandes riesgos si avanza esta iniciativa:

  • Las plataformas de transporte quedarían prohibidas, ya que en cualquier momento Supertransporte podría ordenar su desconexión. La autoridad señala en el documento que se otorgarían permisos, pero no se explica bajo qué criterios.
  • Más de 100 mil personas perderían su fuente de ingresos. Hoy las aplicaciones se han convertido en una importante alternativa para generar ingresos, pues 44 por ciento de las personas que están inscritas en las plataformas considera que de otra forma estaría desocupado.
  • Sería una violación a la neutralidad de la red. Este principio prohíbe a los gobiernos bloquear el acceso a servicios, aplicaciones y contenidos en Internet, por lo que la medida de Supertransporte representaría incluso una violación a los derechos humanos.
  • El gobierno envía un mensaje contradictorio: Alianza In señala que la propuesta prohíbe los servicios de las plataformas, mientras que al mismo tiempo el gobierno dice públicamente que está comprometido a crear una regulación que abra la puerta a este sector de la economía colaborativa.

Además de los peligros enunciados por la asociación, el proyecto de ley podría desencadenar otras importantes afectaciones. Una de ellas es que dejaría sin una opción de movilidad relevante a las personas usuarias, ya que el uso de las plataformas se ha popularizado como una oferta eficiente, asequible, segura y cómoda para trasladarse.

Otro de los problemas es que frenaría el desarrollo de la economía colaborativa y la economía digital en Colombia. En la actualidad, las plataformas aportan el 0.23 por ciento del PIB, de acuerdo con Fedesarrollo. Si bien puede no parecer mucho, se trata de un impacto económico importante proveniente de un sector relativamente nuevo.

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La economía colaborativa está en una edad joven, pero para seguir creciendo necesita de un entorno regulatorio propicio e innovador que reconozca a las plataformas de transporte como un nuevo modelo de negocios basado en la tecnología.

Sin embargo, los marcos normativos restrictivos aumentan los costos de transacción eficientes logrados por la intermediación de la tecnología y hacen que este modelo sea inviable a largo plazo. Las plataformas colaborativas quedarían asfixiadas no a causa del mercado, sino de la regulación.

No es la primera vez que Supertransporte impulsa medidas prohibitivas contra las plataformas digitales. Ya antes ha implementado campañas sancionatorias, que además persiguen y criminalizan la ocupación de los conductores.

La Superintendencia equipara a las plataformas digitales con el servicio público, cuando se trata de dos modalidades distintas. Las aplicaciones son intermediarias de un servicio de transporte privado, pero en reiteradas ocasiones el órgano regulador ha dicho que son ilegales porque no cumplen con las normas del transporte público.

El presidente de Alianza In afirmó que “si esto se vuelve ley, tendremos un mal viaje al pasado, con más colombianos sin ingresos, menos libertades, menos economía digital y unos monopolios celebrando”.

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