La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) advirtió que las restricciones actuales a las plataformas digitales de hospedaje en la Ciudad de México, como Airbnb, podrían afectar la economía digital, la competitividad turística y la equidad regulatoria.
En octubre de 2024, la capital mexicana reformó su Ley de Turismo para, entre otros puntos, limitar la operación de la llamada estancia turística eventual al 50% de las noches del año, con el objetivo de frenar el desplazamiento habitacional de la población y el encarecimiento de la vivienda.
Según ALAI, esta medida no distingue entre anfitriones individuales y grandes desarrolladores inmobiliarios, lo que dificulta el monitoreo efectivo y fomenta la informalidad, con riesgos para la recaudación fiscal.
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La asociación advirtió que en ciudades como Nueva York, en Estados Unidos, medidas similares derivaron en un aumento de tarifas del hospedaje tradicional y en la migración de la oferta temporal hacia sectores no regulados.
Con base en esos antecedentes, la organización consideró que la Ciudad de México también podría perder competitividad turística si limita la diversidad de oferta y frena la innovación en el ecosistema digital.
ALAI comparó el caso con Barcelona, donde la zonificación provocó concentración de visitantes en ciertas zonas y redujo la descentralización del turismo.
Otro punto crítico, señaló ALAI, es la falta de un “piso parejo” entre actores. Las obligaciones actuales benefician a grandes operadores tradicionales y marginan a anfitriones que utilizan plataformas digitales para obtener ingresos adicionales, desincentivando su formalización, señaló.
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El posicionamiento de ALAI hace eco de las críticas que ha hecho Airbnb a la reforma. En julio, la plataforma promovió un amparo contra la regulación de estancia turística eventual en CDMX.
Por el contrario, la reforma a la Ley de Turismo también ha recibido respaldo de sectores que acusan a las plataformas digitales de hospedaje de contribuir a la gentrificación, encarecer el costo de la vivienda y alterar la dinámica de barrios residenciales.
Organizaciones vecinales y autoridades locales argumentan que la regulación busca equilibrar la actividad turística con el derecho a la vivienda y la preservación de comunidades, limitando la conversión masiva de propiedades en alojamientos temporales y reduciendo presiones sobre el mercado inmobiliario.
ALAI pide una regulación basada en evidencia
La asociación propuso al gobierno un esquema regulatorio diferenciado que distinga entre pequeños anfitriones y grupos inmobiliarios con grandes carteras de propiedades.
“Es fundamental que el marco legal no comprometa el impacto económico del turismo en la Ciudad de México, no inhiba la innovación y no vulnere derechos fundamentales”, indicó ALAI.
Asimismo, llamó al gobierno capitalino y al Congreso local a revisar la ley vigente con base en evidencia, diálogo plural y la participación del ecosistema digital.
La asociación reiteró que una regulación incluyente debe proteger sin paralizar y promover sin discriminar, para así construir un turismo más sostenible y justo que beneficie a las comunidades receptoras.