Hubo un tiempo en que la política de la industria de telecomunicaciones tenía un norte claro y una tarea relativamente sencilla. Era ordenar el espectro radioeléctrico, evitar interferencias perjudiciales, asegurar el funcionamiento armónico de los sistemas electrónicos y, en paralelo, abrir un mercado de servicios hasta entonces encapsulado en estructuras monopólicas.
Era un mundo donde, por ejemplo, la escasez tecnológica se traducía en listas de espera de años para acceder a una línea telefónica. Era un mundo más simple, si se quiere, pero donde los problemas estaban bien definidos.
Ese fue el Chile de fines de los setenta, donde había baja penetración de la telefonía y una industria tecnológica rudimentaria.
La respuesta del régimen militar fue una política industrial nítida y coherente: liberalización, promoción de la competencia, interconexión obligatoria y subsidios focalizados para expandir cobertura.
Este diseño no fue improvisado. Se desplegó en tres hitos que responden a una misma lógica: la creación de la Subtel en 1977, la Política Nacional de Telecomunicaciones de 1978 y la dictación de la Ley General de Telecomunicaciones en 1982. No fueron piezas aisladas, sino partes de una arquitectura institucional consistente, orgánica y funcionalmente acoplada.
La pregunta “¿a dónde vamos?” —ese clásico quo vadis— tenía entonces una respuesta clara: masificar el acceso a las telecomunicaciones. Llevar a cada rincón del país la telefonía, el télex, el teletex, el videotex, el fax, etc. Construir redes donde no las había, creando así un mercado donde antes sólo había comunicaciones postales y recados por la radio.
Durante las décadas siguientes, la política evolucionó sin perder ese eje. Primero, fortaleciendo el entorno competitivo y expandiendo cobertura mediante subsidios.
Luego, promoviendo la convergencia regulatoria y la modernización institucional. Más tarde, tras el terremoto de 2010, impulsando la reconstrucción y el despliegue de infraestructura, para finalmente concentrarse en estándares de calidad, derechos de los usuarios y redes de nueva generación, como la fibra óptica y el 5G.
El resultado está a la vista. Chile exhibe hoy indicadores que lo posicionan como un referente regional. Miramos “por encima del hombro” al resto de países, porque gozamos de coberturas cercanas a la universalidad, despliegue masivo de fibra óptica, liderazgo en 5G y velocidades de banda ancha competitivas a nivel global.
Incluso el acceso a internet ha sido reconocido como un servicio esencial. La infraestructura, en términos generales, está operativa y funcionando, rindiendo los frutos del progreso técnico y digital.
Y, sin embargo, pareciera que la política industrial de telecomunicaciones debiese cambiar de nivel o estadio. Porque la pregunta vuelve a aparecer incómoda: ¿quo vadis? Pero la respuesta por el “a dónde vamos” sintoniza otra frecuencia, quizá en amplitud modulada (AM) cuando debiera sonar en frecuencia modulada (FM).
En realidad, una política industrial de telecomunicaciones es el conjunto articulado de decisiones y herramientas mediante las cuales el Estado orienta el desarrollo del sector, no sólo desde la regulación, también en su dimensión económica, tecnológica y competitiva.
Una política industrial supone integrar fines públicos —como cobertura, calidad, inclusión digital y seguridad de redes— con medios de intervención —como normas, asignación de espectro, subsidios e incentivos a la inversión— para alcanzar un resultado: un mercado funcional, competitivo y sostenible que soporte el desarrollo digital del país. No se trata simplemente de regular, sino de dirigir estratégicamente el rumbo del sector.
Y acá un papel central cumple el Subsecretario de Telecomunicaciones, como máxima autoridad rectora del sector. El titular anterior, Claudio Araya, respondió al quo vadis con su política “brecha digital cero”. Un objetivo políticamente irreprochable, pero también insuficiente para la magnitud del desafío actual. Porque reducir la desigualdad en el acceso es una condición necesaria para el desarrollo digital, pero ya no es el problema central.
¿Qué dirá la actual subsecretaria Romina Garrido frente al quo vadis de la regulación sectorial? Hasta ahora no hemos oído murmullos.
En paralelo, vemos un desacople entre una política industrial de telecomunicaciones moderna y una del siglo pasado. Esto es evidente, porque las telecomunicaciones han dejado de ser un fin en sí mismo para convertirse en la infraestructura habilitante de la economía digital.
Sobre ellas operan la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, la computación en la Nube, la ciberseguridad y un conjunto creciente de tecnologías que reconfiguran la producción, los servicios y la vida cotidiana.
Pero en ese nuevo entorno, el valor ya no se genera ni se captura necesariamente en las redes. Esto lo sabe muy bien la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, porque ella proviene del ecosistema de los datos y la ciberseguridad. Ella justamente conoce el gremio tecnológico.
Ahí reside la tensión que el diseño actual aún no termina de asumir: quienes invierten en infraestructura —Entel, WOM, Claro, Mundo, OnNet, Movistar, GTD— no siempre capturan el valor que esa infraestructura permite generar.
Y quienes sí lo capturan —plataformas, aplicaciones, servicios digitales tales como Facebook, Google, Amazon, TikTok, los Data Centers, etc.— operan muchas veces fuera del perímetro regulatorio que sigue recayendo sobre los operadores tradicionales.
El equilibrio histórico se ha roto. El “ancienne régimen” ha caído. La actual política industrial de telecomunicaciones se resquebraja. Hace falta un new deal.
Volvamos a insistir en el punto. Durante décadas, la política sectorial se construyó sobre una premisa implícita: que inversión y captura de valor estaban alineadas. Esa premisa justificaba una regulación orientada a expandir cobertura, corregir fallas de mercado y garantizar condiciones mínimas de competencia.
Hoy, esa base ha cambiado. Sin embargo, buena parte del andamiaje regulatorio continúa operando como si ese alineamiento aún existiera.
Se habla de cobertura, de subsidios, de acceso que deben cumplir los mismos de siempre: Entel, WOM, Claro, Mundo, OnNet, Movistar, GTD.
Pero se habla poco de modelos de negocio, de sostenibilidad de la inversión en un contexto de presión sobre los márgenes, de asimetrías regulatorias o de competencia entre actores que no están sujetos a las mismas reglas, como los Facebook, los Google y los X.
En este contexto, la política industrial de telecomunicaciones parece seguir anclada en la lógica del siglo XX —cerrar brechas de acceso—, mientras el siglo XXI impone otra pregunta: ¿quién captura el valor de lo digital y bajo qué reglas?
Tal vez el desafío no consista simplemente en redefinir instrumentos —planes, agendas, hojas de ruta—, sino en reformular la pregunta.
Durante décadas le preguntamos al regulador hacia dónde iba el sector. Hoy, en cambio, es el propio cambio tecnológico el que fija el rumbo. El regulador ya no lidera: interpreta, adapta, reacciona.
Frente a ese nuevo paradigma, la política industrial de telecomunicaciones —en Chile y en el mundo— debiera atreverse a mirar de frente y preguntar, sin eufemismos: ¿quo vadis? ¿A dónde debemos ir como sector telco?