Acciones para la plena conectividad en Chile hacia 2035

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado de Chile, con asistencia técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la colaboración de Chile Telcos y la Cámara Chilena de Infraestructura Digital presentaron una nueva versión de la Estrategia de transformación digital Chile Digital 2035, en la que se establecen objetivos para cumplir desafíos en la materia para el país que, señalan, “destaca en adopción de servicios tanto en América Latina como a nivel OCDE”.

La propuesta se presentó inicialmente en 2021 y ha sido actualizado teniendo en cuenta avances y nuevas necesidades identificadas.

Entre las buenas noticias, el documento repasa que 64 por ciento de los hogares chilenos cuenta con Internet fijo y la fibra óptica es la tecnología dominante, con un crecimiento que ubica al país en el top 5 del ranking OCDE y una red que es reconocida entre las más rápidas del mundo. Las redes móviles cubren 99 por ciento del territorio y el despliegue y adopción 5G se encuentra en crecimiento.

Aun en un buen contexto, quedan cosas por hacer, como mejorar la conectividad en zonas rurales y de difícil acceso, avanzar en la adopción por parte de adultos mayores y trabajar en habilidades digitales para reducir la brecha de uso generada por falta de interés o desconocimiento de las virtudes del ecosistema digital.

Se proponen, entonces, algunas 14 líneas de acción divididas en cinco focos:

Foco 1. Vertebración de las redes y última milla en alta velocidad

• Medida 1. Conectividad inclusiva: nuclea acciones para que la banda ancha llegue a todos los hogares, con énfasis en áreas rurales y extremas sin cobertura. Esto a partir de, por ejemplo, identificar nuevos modelos de provisión de servicios, avanzar con servicios operados por comunidades, fomentar la compartición de infraestructura, una regulación avanzada y soluciones validadas por las comunidades. También propone el uso de múltiples tecnologías y su combinación para soluciones más precisas.

• Medida 2. Conectividad a través de servicios clave del Estado: se propone fortalecer la relación Estado-ciudadano con uso de herramientas digitales.

• Medida 3. Acceso efectivo de familias vulnerables: identifica buenas prácticas para el uso de subsidio a la demanda, que correrá próximamente tras la aprobación del proyecto de Internet como Servicio Público. Esta herramienta debe ser usada –indica– con cuidado particular en la identificación de la vulnerabilidad de la familia, grupos objetivos y la generación de acciones adicionales para su pleno aprovechamiento. También debe analizarse el subsidio sobre dispositivos.

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Foco 2: Conectividad para las empresas

• Medida 4. Conectividad de ultra alta velocidad para zonas de alto atractivo económico: incentivar el despliegue en zonas productivas y evaluar el financiamiento en sitios con conectividad insuficiente.

• Medida 5. Conectividad de alta velocidad para pymes, microempresas y emprendedores: se propone identificar iniciativas útiles para empresas de este tipo, generar subsidios para el acceso y diseñar una canasta básica de conectividad orientada al sector productivo.

Foco 3: Habilitación de infraestructura digital

• Medida 6. Programa de atracción de inversiones en infraestructura digital: se pide generar condiciones de estabilidad y certeza jurídica, potenciar la creación de polos tecnológicos en el país, simplificar trámites y homologar beneficios otorgados a inversionistas extranjeros a inversionistas locales.

• Medida 7. Hubs de conectividad para desarrolladores: generar áreas de conectividad de banda ancha de ultra alta velocidad disponibles en centros de innovación y mantener franquicias tributarias y arancelarias asociadas a la exportación de servicios, entre otros.

• Medida 8. Potenciar infraestructura digital verde: descentralizar infraestructuras digitales y avanzar en la disponibilidad de zonas de energías limpias, generar indicadores relacionados y desarrollar programas que promuevan el uso de energías renovables.

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Foco 4: Reducción de barreras administrativas

• Medida 9. Ventanilla única digital y simplificación administrativa: disponibilizar en línea todos los procesos de obtención de autorizaciones, licencias y permisos.

• Medida 10. Armonización, estandarización de trámites y costos: “los pagos para los trámites de las municipalidades debieran ser orientados a costos”, señala el documento que también pide fijar plazos de pronunciamiento y establecer etapas de apelación.

Foco 5. Modernización regulatoria

• Medida 11. Actualización regulatoria para la adopción de la innovación tecnológica: se pide, entre otros puntos, generar normativa —desde leyes a resoluciones— que permitan un uso más eficiente de la infraestructura pasiva existente y modificar la ley de antenas en los aspectos que han generado barreras para el despliegue o han quedado obsoletos.

• Medida 12. Armonización y complementariedad de regulaciones intersectoriales: revisar la normativa de este tipo, contemplar los despliegues en proyectos ajenos al sector pero con impacto en él y avanzar con modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

• Medida 13. Compartición de infraestructura: reducir requisitos, adoptar medidas a favor de la cooperación en un escenario de reglas claras y transparencia.

• Medida 14. Disponibilización de espectro: establecer una política de asignación de espectro que se anticipe a las necesidades de crecimiento de la industria y con reglas más flexibles que permitan la adaptación a las condiciones de demanda de espectro e innovación tecnológica, generar nuevos procesos de adjudicación y establecer costos y condiciones alineados con objetivos en materia digital. Además, pide establecer un mercado secundario de espectro.

En el apartado de metas, la estrategia propone que para 2035, la fibra debe pasar por 85 por ciento de los hogares chilenos, mientras que la cobertura 5G se estima en un 100 por ciento (98% para 2030).

La calidad de banda ancha debe crecer a un promedio de 900 Mbps en redes fijas y 500 Mbps en redes móviles, con despliegue incluido en dependencias estatales. La penetración móvil (usuarios únicos) deberá estar en un 98 por ciento y la fija en un 95 por ciento medida en hogares.