ABM apoya Ley de Ciberseguridad… ¡con mejoras!

Excélsior Alicia Salgado

En general, el sector privado y la Asociación de Bancos de México, que preside Julio Carranza, apoyan la decisión del Legislativo y del Ejecutivo de contar con una Ley Federal de Ciberseguridad, como la presentada por el diputado del Verde Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero pide a los legisladores que se considere que las instituciones bancarias están sujetas a leyes financieras especiales, acuerdos internacionales, así como a la supervisión y vigilancia de diversos órganos reguladores, en particular por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esto porque el artículo 55 de la iniciativa propuesta obligaría (mediante reglas que no están definidas) a los proveedores de servicios bancarios y financieros a establecer las medidas de ciberseguridad necesarias para evitar fraudes electrónicos en las plataformas y también sobre los servicios que prestan.

Es evidente que dicho artículo no toma en cuenta la regulación existente ni la normatividad aplicable a dichas entidades bancarias, que también regulan aspectos de seguridad de la información, como el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Hay varias definiciones en la ley que no toman en cuenta tampoco que las entidades que proveen servicios a bancos (relacionados con sistemas informáticos, bases de datos o procesos operativos) también tienen una regulación especial en las Disposiciones de Carácter General aplicables a Instituciones de Crédito (CUB), que obliga a dar aviso o pedir autorización a la CNBV, que la misma entidad y el Banxico, tratándose de estabilidad financiera, puede ordenar la suspensión de los servicios cuando se pueda ver afectada la estabilidad financiera, la continuidad operativa de la entidad o la protección de los intereses del público, y prevé regulación relacionada con la integridad, seguridad, confidencialidad, resguardo y confiabilidad en el manejo de la información generada con motivo de la prestación de los servicios.

Tenemos entendido que el diálogo es continuo y que algunos de los elementos que menciona la ABM en la misiva de 10 páginas tienen referencia clara, pero lo que debe subrayarse es que, si bien se apoya el que México cuente con una Ley Federal de Ciberseguridad, que haya competencias y coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de ciberseguridad; que determine los lineamientos generales a que debe sujetarse una política nacional en materia de ciberseguridad, y que establezca las bases para la prevención y persecución de los delitos cibernéticos, así como el marco regulatorio que fortalezca la gestión de incidentes cibernéticos; en el caso del sector financiero y particularmente el bancario, que se considere que las operaciones y su infraestructura está regulada y supervisada por las autoridades financieras, porque podría poner en riesgo el andamiaje que se ha construido por entidades supervisoras y supervisadas a lo largo de los últimos cuatro años.

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