Excélsior Alicia Salgado
Si la razón de ser del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) es enfrentar y prevenir delitos como secuestros o extorsiones mediante el uso de teléfonos celulares, esto es hacer el trabajo que no han logrado ni para evitar el tráfico de celulares en penales federales en la SSPC, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, bien podrían disponer de una parte de su cuantioso presupuesto para que sea “trasladado” al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Adolfo Cuevas. Recuerde usted que ha sido elevada siempre la pérdida presupuestal asociada a los “registros fallidos”, como el de 2009, cuando se entercaron en crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que también buscaba combatir la delincuencia y en las mismas condiciones. Para el Renaut se pedía mandar un mensaje de texto con el nombre y CURP del usuario. Ahora quieren, al menos, huellas digitales (biométricos).
El problema es que ese alcance de abril realizado en el Senado, que incluye un Panaut biométrico pegados a los IMEI, implica una inversión superior a los mil millones de pesos. Para el 2021, el presupuesto autorizado fue de 1,510 millones de pesos, pero por cobro de “regalías regulatorias”, perdón, derechos de espectro y hasta multas por cualquier cosa, el IFT aportó 24,350 millones de pesos el año pasado a la Tesorería de la Federación, algo así como 16 veces lo que cuesta.
Traemos esto a colación porque todo discutieron los senadores, menos el cómo sería fondeado el “in-ge-nio-so” mecanismo de control de extorsiones telefónicas, pues para quien suponga que mil millones de pesos es mucho, debe considerar lo que implica construir una infraestructura de información robusta, segura, impenetrable y redundante, para dar albergue a más de 100 millones de registros móviles (el INE tiene alrededor de 80 millones de registros de huellas y su capacidad de procesamiento central tiene un costo aproximado de 400 millones de pesos por año), con sus respectivos biométricos.
Estos últimos son datos muy sensibles, porque su mal uso o pérdida coloca en situación de grave riesgo a los particulares. En México, según la GSMA, superó más de medio millón la consulta de IMEI (el número de identificación único de cada celu-sim), por lo que puede imaginar la capacidad de respuesta a cada consulta que pudiera tener el Panaut.
¿Y si luego nos vuelven a salir con que necesitan un padrón de celulares administrado desde la Luna?, se la cobran a Ricardo Mejía Berdeja. Igual, si el IFT no tiene presupuesto, caerá en el supuesto constitucional de que nadie está obligado a lo imposible, ¿o sí?