El Economista – Javier Mesones / Antonio Lorenzo
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha implementado una estrategia para obtener ingresos extraordinarios que permitan reforzar su presupuesto destinado a actuaciones en carreteras, fundamentalmente de mantenimiento. En esta línea, los despliegues de infraestructuras de telecomunicaciones del 5G y de fibra óptica en España se presenta como una oportunidad y ya existen negociaciones para establecer las condiciones para el uso de las carreteras, tanto estatales, como autonómicas y locales, que llevaría asociado el pago de un canon por parte de las operadoras de telecomunicaciones.
Según explican fuentes oficiales del departamento que dirige José Luis Ábalos, la Dirección General de Carreteras (DGC) está trabajando con la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para “definir un proceso que agilice lo más posible la concesión de las autorizaciones” de ocupación del dominio público (la zona expropiada de ocho metros a cada lado de la carretera para su defensa) a las operadoras “para que las redes de fibra óptica lleguen hasta las correspondientes antenas para el desarrollo del 5G”.