Los órganos autónomos están contemplados en la Constitución mexicana y —de acuerdo con el objetivo esperado— deben actuar con independencia en sus decisiones y estructura orgánica. La Carta Magna incluye, por ejemplo, la creación del INE, la CNDH, el INAI, la Cofece y el IFT.
Ello se describe en una de las iniciativas que se presentó ante el Congreso de la Unión durante la actual Legislatura, y que busca reformar la Constitución para modificar el mecanismo de evaluación y designación de comisionados de los dos últimos órganos autónomos mencionados (Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones).
“La actuación de estos órganos (autónomos) no está sujeta, ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público —Legislativo, Ejecutivo y Judicial—, a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales”, se lee en la iniciativa presentada en el 2019 por la diputada federal Dulce María Sauri Riancho (PRI).