En estos días está circulando en el Congreso de la Nación Argentina un proyecto para regular algunos aspectos de Internet. Si bien se puede estar de acuerdo en algunos puntos, otros generan una fundada preocupación por sus posibles consecuencias.
En efecto, todos creemos que es fundamental garantizar el acceso a Internet de todos los argentinos con un servicio universal y asequible.
Lo preocupante es crear un Plan de Conectividad que planifique y coordine no sólo las inversiones públicas (que sería lo lógico), sino también las privadas. En el caso del servicio móvil, el despliegue ya se encuentra regulado por la licitación de espectro 4G y sus obligaciones de cobertura.
En lo que hace al Internet fijo hay libre competencia pero con una marcada inversión pública subsidiaria con base en el Fondo de Servicio Universal que recauda el Ente Nacional de Comunicaciones (Aportes no reembolsables a pymes, cooperativas y SAPEM provinciales, créditos a tasa subsidiaria, despliegue de ARSAT) para lograr cobertura en los pueblos más chicos del país o, por ejemplo, conectar escuelas públicas.
La sola posibilidad de que el Estado pueda intervenir en la planificación e inversión privada, paradójicamente, afecta negativamente los fines que la misma ley dice defender. No se va a lograr una mayor inclusión digital sin seguridad jurídica en una industria de capital intensivo y que requiere reglas claras y de largo plazo.
El proyecto también hace una evaluación errada de las prioridades, excluyendo, por ejemplo, los barrios del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) y las localidades menores a 20 mil habitantes, que son las más afectadas por la falta de cobertura del servicio móvil y de banda ancha fija.
Resulta preocupante, además, volver a declarar los servicios TIC como servicio público en competencia, dándole al Estado la posibilidad de regular tarifas. Este tipo de intervención afecta el desarrollo de la infraestructura digital de la Argentina, en un momento en el cual necesitamos una fuerte inversión privada para promover el desarrollo federal del país.
Por ejemplo, al día de hoy contamos sólo con un millón de hogares con fibra óptica (FTTH) sobre un total de más de 14 millones. Por su parte, las empresas móviles deben completar las últimas etapas de despliegue 4G y en los próximos años comenzar el propio de la red 5G.
Por último, pone en cabeza de los prestadores la obligación de contar con un plan inclusivo con tarifa diferenciada, según los parámetros y las condiciones dispuestos por el gobierno.
Entendemos que si el regulador cuenta con el Fondo de Servicio Universal, un fondo que es financiado justamente por esos prestadores y que recauda más de 3 mil millones (42 millones de dolares) por año, debería pensarse en un subsidio a la demanda que promueva un servicio más asequible para los sectores más postergados, tal como lo hacen muchos países (EEUU, Colombia, Uruguay, entre otros).