Proceso Neldy San Martín
Luego de reducir el gasto en publicidad oficial en más de 500% desde que llegó a la Presidencia, López Obrador hizo un guiño a los concesionarios de radio y televisión el pasado viernes 3 de marzo, cuando anunció que ese mismo día firmaría un decreto para “devolver” los tiempos oficiales que utiliza el poder Ejecutivo en sus estaciones y canales.
Aunque la CIRT celebró la medida como “un importante paso, de manera congruente con su política de ‘devolver al pueblo lo robado’”, organizaciones civiles como Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, la calificaron como “un retroceso” y cuestionaron que se busque afectar “el derecho a la información” de la sociedad.
De acuerdo con el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, López Obrador no se refería a los tiempos del Estado porque son constitucionales, sino a los tiempos fiscales del Poder Ejecutivo.
Según la Ley General de Comunicación Social, corresponden al Ejecutivo el 40 por ciento del total de los tiempos fiscales y el resto se reparten entre el Legislativo, el Judicial y los organismos autónomos.
El artículo 17 de la Ley General de Comunicación Social –reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución y que fue publicada el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto– establece que la Secretaría de Gobernación administrará el uso de los tiempos de Estado y de los tiempos fiscales, salvo en el caso de los tiempos oficia-les que en distintos momentos corresponda administrar al INE, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución.
Por ello el mismo viernes 3 el INE pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una explicación de los alcances del decreto, pues de entrada el instituto considera que, en los términos del anuncio, el Ejecutivo estaría invadiendo atribuciones de otros poderes y órganos autónomos. Hasta el cierre de esta edición el INE no había tenido respuesta.
Contradicciones
En entrevista, el consejero del INE Ciro Murayama advierte que los tiempos oficiales, de Estado y fiscales, no son patrimonio de una persona sino parte de un diseño constitucional, del que incluso el propio presidente se benefició cuando fue candidato.
“Por la vía del decreto puede estarse poniendo en riesgo un modelo de comunicación política que ha permitido la equidad de las contiendas electorales y que no se encarezcan más las campañas. Detrás de esto está la posibilidad de que los partidos no tengan que estar pagando a las radiodifusores y televisoras”, explica.
Desde que inician las precampañas hasta que se realiza la jornada electoral, el INE dispone de 48 minutos diarios, distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en todas las estaciones radio-fónicas y canales televisivos. Fuera de los periodos electorales, al INE le corresponde el 12% de los tiempos del Estado y debe distribuir la mitad entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria y el resto se destina a las actividades del instituto, como promover la credencialización.
El consejero del INE señala que uno de los mayores riesgos del anuncio para beneficio de “ciertos grupos económicos” es que, si el Ejecutivo renuncia al 40% que le corresponde de los tiempos fiscales, el total de los minutos oficiales disminuye para todos: “De 35 minutos en radio a 21, y de 18 a menos de 11 en televisión. Eso implica una disminución del tiempo que administra el INE como institución autónoma, porque son porcentajes, si disminuye al total entonces afecta al Poder Judicial, al Legislativo y a los autónomos”.
Además, dice Murayama, de acuerdo con un análisis del INE, de 2015 a 2016 y de enero a abril de 2017, en periodo de precampañas, el entonces dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador apareció en 2 millones 305 mil 513 spots pautados por el INE.
Otros dirigentes también aparecieron, como el del PAN, Ricardo Anaya, que apareció en 1 millón 463 mil 174 spots del INE. Pero el que más apareció fue el de Morena.
“Es un modelo –prosigue el consejero– que ha permitido las alternancias de los partidos que no tienen grandes sumas de dinero, para que puedan ser competitivos… como el caso de Morena, que se dio con base en este modelo que puso el énfasis la equidad después de que en 2006 se demostró que los concesionarios cobraban tarifas diferenciadas según los distintos actores políticos.
Para evitar eso se construyó desde la Constitución y la ley este modelo que ahora se está cuestionando por el propio Ejecutivo”. En su anuncio del viernes 3, el presidente dijo que la decisión respondía a un compro-miso con los concesionarios, ya que “están pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad como era antes”. Añadió que “con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos”.
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, dijo a Proceso que no se tiene planeado modificar la ley, pues el Ejecutivo está renunciando voluntariamente a su espacio sin modificar la legislación, mediante un decreto.Pero con el decreto las empresas únicamente podrán ampliar su programación.
Para incrementar sus ventas se tendría que modificar la ley, pues el artículo 237 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión limita la comercialización a 18% de las transmisiones de televisión y 40% de las radiofónicas.
El 7 de noviembre de 2019, durante la 60 Semana Nacional de Radio y Televisión en el World Trade Center, José Luis Aguirre Rodríguez, presidente de la CIRT, pidió a López Obrador reconsiderar los tiempos fiscales en radio y televisión que fijó el expresidente Gustavo Díaz Ordaz a la industria como pago en especie. “Este es un tributo denominado ‘el decreto mordaza’, impuesto por el gobierno del presidente Díaz Ordaz no en contra de los derechos de la radio y la televisión, sino del derecho a la libertad de expresión y derecho a la información del pueblo de México”, dijo Aguirre Rodríguez.Pese a que Jesús Ramírez Cuevas expresó el 17 de abril de 2019 que esta administración aprovecharía ese pago en especie porque “normalmente no se utilizaban al 100 por ciento los tiempos oficiales y se contrataba publicidad en medios electrónicos”, el López Obrador le dio la razón a la CIRT.
En su intervención, el presidente respondió que ya había considerado el tema como un pendiente porque se impuso en “uno de los gobiernos más autoritarios” en la historia de México, que “un gobierno democrático no necesita de propaganda”. De acuerdo con una fuente de la Presidencia, “Andrés Manuel no quiere nada que tenga que ver con el expresidente Díaz Ordaz, por eso se quiere deshacer de los tiempos fiscales”. Sin embargo, el decreto foxista de 2002 señala que “si el Ejecutivo federal no utilizare, total o parcialmente, tales tiempos para transmisión, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines, a efecto de no interrumpir el servicio de radiodifusión”.
De esta forma, la decisión de López Obrador de no usar los tiempos fiscales ya está contemplada en el decreto vigente. O para enviar mensajes objetivos y claros”, sostiene. Al plantearle al presidente de la Ame-di que López Obrador habló de la devolución de los tiempos oficiales para su comercialización, responde: “La palabra correcta no es ‘devolución’, porque no se les ha quitado nada, es un impuesto del gobierno. A lo mejor no nos gusta, pero todo gobierno tiene derecho a cobrar impuestos. Para nosotros es una condonación fiscal que contradice el discurso del presidente. López Obrador ha dicho en reiteradas veces que no va a condonar impuestos, pero los tiempos fiscales son un impuesto en especie, un impuesto en tiempo aire de radio y televisión, porque los concesionarios usan un bien de la nación que se llama espectro radioeléctrico”.
Tajante corrige a López Obrador: “La industria de radio y televisión paga en especie con estos 18 minutos en televisión y 35 en radio; por lo tanto, si les quitas ese impuesto, pues solo conozco una palabra para definirlo y es condonación”. Costos inmediatos El primero en reducir los impuestos para los empresarios de medios electrónicos fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz, después de la matanza de 1968. Existía un impuesto monetario del 25% de los ingresos de televisoras y radiodifusores que en 1969 se sustituyó, mediante un acuerdo, por un impuesto en especie del 12.5% en tiempos de transmisión. En 2002, el entonces presidente Vicente Fox redujo los tiempos fiscales a 1.25% de la transmisión diaria, pero el costo para el gobierno fue inmediato, ya que la reducción en los tiempos le dejó al Estado mexicano únicamente los 18 minutos en las televisoras y 35 en radio.
La exconsejera del INE Pamela San Martín recuerda que un año después del llamado decretazo de Vicente Fox los gas-tos en publicidad gubernamental pasaron de mil millones a 3 mil millones de pesos, es decir, se triplicó. Agrega que, con la cancelación de los tiempos fiscales mediante un nuevo decreto, el gobierno va a perder espacios necesarios para informar a la población sobre la actual epidemia, por lo que no tendrá más opción que comprarlos.“Está planteando la condonación de tiempos fiscales justo en el momento en el que más necesitamos los tiempos del Esta-do en la lógica de informar, no con una lógica de propaganda electoral.
La Constitución establece que la propaganda gubernamental tiene como fin informar, en el contexto de la epidemia es preocupante que se des-Alejandro Saldívar Benjamín Flores San Martín Ríos. una controversia constitucional ante la invasión de sus competencias y la eventual violación a su mandato de administrar los tiempos oficiales de radio y televisión en conjunto con Gobernación.Explica que incluso los partidos políticos podrían presentar acciones de inconstitucionalidad si se afectan los tiempos a los que tienen acceso en radio y televisión. Incluso, reconoce que en el caso del IFT, al estar contemplados los tiempos del Estado dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones, también podría quejarse de una invasión a sus facultades legales y presentar su propia controversia constitucional.
“A partir de la reforma en telecomunicaciones, el Ejecutivo federal ya no es el en-cargado de administrar las concesiones de radio y televisión, ahora le corresponde al IFT como organismo público autónomo, lo que el presidente tiene, vía Segob, es la ad-ministración de estos tiempos, por eso insisto en que no los puede devolver; no son tiempos del Ejecutivo, son tiempos del Estado y el órgano regulador de las concesiones es el IFT. que fue creado para quitarle ese control al Poder Ejecutivo”, concluye.
El presidente de la Amedi, Jorge Bravo, ve otra violación constitucional y adelanta que esa organización podría presentar un juicio de amparo, como antes lo hizo contra la llamada Ley Televisa, que también favorecía a ese emporio:“Se afecta el artículo 87 de la Constitución, que obliga al presidente a ver por el bien y la prosperidad de la Unión, al abandonar el 40% de sus tiempos fiscales por-que ya no podría informarle a la sociedad, a la población, sobre lo que está ocurriendo vía campañas de comunicación social de dependencias como el IMSS y el ISSSTE. Ahorita estamos viviendo una pandemia, pero no sabemos qué puede ocurrir en el futuro si ya no hay tiempos para informar a la población”.