Reforma Jorge F. Negrete P.
Si el regulador no genera inversión, innovación, nuevos negocios, servicios y la habilitación de derechos humanos; si no promueve un entorno competitivo vibrante; si el mercado fortalece sus ineficiencias; si mantiene privilegios en mercados diferenciados; si la competencia se sustituye por el lobby regulatorio y mediático; si no comparte su pensamiento con los órganos de gobierno y legislativo, sus retos y oportunidades; si se obsesiona en los procesos y no en los resultados; si no visibiliza la oportunidad digital y la comparte, si regula para quedar bien con unos y con otros; si olvida la inclusión digital, si no pondera el impacto nacional, regional y global de sus decisiones, si no regula para el ciudadano, el regulador está haciendo algo mal o no está haciendo nada.
Persistir, realizando lo mismo sin consecuencias positivas para los ciudadanos es una evidencia empírica de que el regulador hace lo incorrecto. Pero persistir, conociendo la falta de efectos en el ciudadano, no es necedad, es convicción y eso es punible, sancionable, una responsabilidad objetiva al regulador por el dispendio de recursos públicos y conculcación de derechos al ciudadano. El regulador no falla, daña.
El entorno regulatorio actual se caracteriza por un mosaico de reglas complejas, superpuestas y a menudo inconsistentes. La mala regulación detiene la innovación, la productividad y pospone nuestros desafíos económicos y sociales; no protege a nuestros ciudadanos. La mala regulación violenta derechos fundamentales, como el derecho a la información, cuando cancela la convergencia por varios años y afecta la calidad de la democracia; cuando asigna espectro a un operador ineficiente.
¿Cómo regular sin destruir los beneficios que ofrece la tecnología? Todo cambia para el regulador. El derecho de la competencia, la regulación de las telecomunicaciones, el derecho informático, la protección de datos personales, la propiedad intelectual y los derechos humanos son un universo que amanece integrado. Nuevas realidades, nuevos paradigmas regulatorios.
El ciudadano como centro de la regulación. Cuando demasiadas reglas se centran en el proceso y no en el resultado, hay una regulación que asfixia a las empresas y su eficiencia. Lo importante será cumplir procesos, no los resultados al consumidor, al ciudadano. El viejo mundo 3G pedía 4 operadores por país, competencia con acceso a infraestructura, insumos estratégicos, interconexión y precios preferenciales, mucha burocracia. Hoy, ¿dónde el ciudadano, sus necesidades, precios, servicios, innovación?
Hay decenas de países con 4 operadores por país, ARPU alto, tarifas caras, bajos niveles de rentabilidad para los operadores, estructuras operativas caras, sueldos enormes, operación suntuosa pagada por el consumidor. Mucha competencia, pocos beneficios al ciudadano, gana la burocracia real de los operadores, nostálgicos de la regulación asimétrica y el beneficio regulatorio.
Existen países con altos niveles de concentración, como Costa Rica, Uruguay, Colombia y México, con niveles de concentración superiores al 50% y tienen las tarifas más bajas de América Latina, gastos operativos menores y estructuras no suntuosas. México cuenta con el quinto Internet más asequible del mundo y Colombia el tercero, según Alliance for Affordable Internet. Tenemos nuevas realidades competitivas. El tamaño, como condición punible, beneficia al ciudadano. No hay estudio serio que demuestre lo contrario. Los operadores se consolidan en el mundo por regiones y se integran estructuralmente en mercados como uno solo. El primero de ellos, Norteamérica, con el T-MEC.
El chantaje de los operadores secuestra el enfoque del regulador con el ciudadano y abandona el bienestar digital y los derechos fundamentales. Necesitamos regulación neutra, centrada en los resultados, no en prejuicios subjetivos, coordinada a nivel subnacional, en las ciudades, regiones y con perspectiva internacional. Nace un nuevo regulador, el regulador digital.
Twitter @fernegretep
Presidente de Digital Policy & Law