A partir de julio de 2020, las plataformas digitales en México tendrán que pagar el impuesto al valor agregado (IVA). Esto forma parte de la hoja de ruta hacia un marco regulatorio para la economía digital dentro del país, aunque generalizar los modelos de negocio podría ser una estrategia equivocada.
Se dio un paso atrás para la recaudación de impuestos a compañías extranjeras donde, como consecuencia de incumplir con las obligaciones tributarias, se planeaba un bajón de switch para los gigantes tecnológicos, lo que no sólo afectaría a los gigantes extranjeros sino también a las empresas nacionales hospedadas en sus servidores, haciendo un efecto dominó en la economía digital mexicana.
En entrevista para DPL News, Sissi de la Peña, de la Asociación Latinoamericana de Información (ALAI), señaló que las conversaciones para crear un modelo más adecuado a las necesidades de la economía digital continúan con las autoridades mexicanas; sin embargo, las pláticas con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aún no concluyen; hasta ese momento será más visible el camino a tomar en cuanto a marcos regulatorios que se adapten a cada modelo de negocio.
Seis meses no son suficientes
La compañía de transporte privado, Uber, tardó seis meses en implementar un modelo que le permitiera pagar un IVA y el impuesto sobre la renta (ISR), de acuerdo a las directrices marcadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El modelo de negocio de la compañía permitió identificar adecuadamente al producto.
No obstante, cada empresa digital tiene diferentes modelos de negocio que hacen complicado aplicar la misma fórmula que Uber presentó para su caso específico; como Twitter, Google o Facebook, cada plataforma tiene diferentes servicios o multiservicios que no se acoplan a un modelo simplificado de impuestos. Además de que cada uno de estos sitios actuará como retenedor del ISR para quienes dentro de cada plataforma ofrecen sus propios servicios, como es el caso de Airbnb, Amazon o Mercado Libre.
De la Peña subrayó que las plataformas digitales están en la mejor disposición de buscar una regulación apropiada para tributar de acuerdo a las leyes mexicanas; sin embargo, las leyes actuales son desiguales para las grandes empresas y los pequeños empresarios quienes, además, se verán más afectados por el esquema de seis meses para adaptarse a los lineamientos propuestos.
La regulación en materia de economía digital es primordial para el Estado mexicano. Con el avance de la tecnología y, por ende, de la economía digital, las industrias se mueven de formas diferentes, donde una frontera geográfica no puede ser el freno para el crecimiento de una sociedad.
La ALAI continuará pendiente de la resolución de las conversaciones en la OCDE para reactivar la colaboración con el gobierno mexicano y dar solución al complejo tema de la tributación de productos y plataformas digitales.