La eliminación de proveedores de telecomunicaciones designados como de alto riesgo, como Huawei, de las redes de la Unión Europea (UE) tendría un costo de entre 30,000 y 40,000 millones de euros, de acuerdo con un nuevo estudio de GSMA Intelligence, elaborado para evaluar el impacto de las propuestas regulatorias incluidas en la futura Cybersecurity Act 2 (CSA2).
El informe advierte que el reemplazo de equipos de estos proveedores en las redes móviles, fijas y de transporte representaría un costo significativamente superior al estimado anteriormente por la Comisión Europea y podría afectar la inversión, la innovación y la competitividad del sector de las telecomunicaciones en la región.
Según el análisis, la Comisión Europea había calculado previamente que el retiro de proveedores designados tendría un costo de entre 10,000 y 13,000 millones de euros, pero las nuevas estimaciones de GSMA Intelligence —basadas en información proporcionada por operadores europeos— elevan esa cifra entre tres o hasta cuatro veces más.
El estudio señala que la propuesta de la CSA2 ampliaría los requisitos actuales de ciberseguridad, al permitir que la Comisión Europea designe proveedores de terceros como de alto riesgo y exija su exclusión de infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Esto implicaría sustituir equipos ya desplegados en redes existentes, incluso cuando estos continúen siendo funcionales.
GSMA Intelligence sostiene que una medida de esta magnitud tendría consecuencias que van más allá del costo directo del reemplazo de infraestructura.
Al respecto, el reporte advierte que obligar a los operadores a destinar miles de millones de euros a la sustitución de equipos, incluso mientras funcionan, reduciría los recursos disponibles para desplegar nuevas redes, ampliar la cobertura y acelerar la adopción de tecnologías como 5G y futuras generaciones de conectividad.
Asimismo, el informe alerta que el incremento de costos podría traducirse en mayores precios para los usuarios finales o en menores niveles de inversión por parte de los operadores, afectando el ritmo de transformación digital de Europa.
Como si lo anterior fuera poco, el estudio de GSMA también advierte sobre el impacto financiero que esta decisión puede tener, pues al limitar el número de proveedores disponibles se reduciría la competencia en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones, aumentaría la concentración entre un menor número de fabricantes y disminuiría las opciones tecnológicas para los operadores europeos.
GSMA Intelligence señala que la resiliencia y la seguridad de las redes dependen de una combinación de medidas técnicas, estándares de ciberseguridad y una adecuada gestión de riesgos, por lo que considera que las decisiones regulatorias deben estar sustentadas en evaluaciones objetivas de riesgo y en análisis de impacto económico.
“Las políticas de seguridad deben fortalecer la resiliencia de las redes sin comprometer la inversión, la innovación y la competitividad del ecosistema digital europeo”, indica el estudio.
Asimismo, el documento concluye que cualquier obligación de reemplazar infraestructura debería estar respaldada por una evaluación integral de costos y beneficios, dado que el impacto económico recaería principalmente sobre los operadores de telecomunicaciones y, potencialmente, sobre los consumidores.
En este sentido, GSMA recomienda que las futuras decisiones regulatorias en materia de seguridad cibernética consideren tanto los objetivos de protección de las redes como la necesidad de mantener un mercado competitivo que incentive la inversión y el despliegue continuo de infraestructura digital en la Unión Europea.