Desde 2018, al menos cinco instituciones públicas que enfrentaron incidentes de ciberseguridad redujeron su gasto en informática, de acuerdo con un análisis de El Universal y el IMCO. Para ello, el IMCO seleccionó doce partidas específicas de la Cuenta Pública relacionadas con la seguridad digital, como software, bienes informáticos e infraestructura de cómputo, y las agrupó en un rubro general denominado “informática” para las instituciones analizadas.
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