La regulación inteligente se basa en incentivos, se adapta y se centra en el usuario
Cartagena. En el marco de Colombia Digital Summit, evento organizado por DPL Group, reguladores de América Latina y Europa coincidieron en la necesidad de adoptar nuevos modelos de regulación inteligente, más dinámicos, basados en evidencia y orientados a la experiencia del usuario, en lugar de los enfoques tradicionales rígidos y basados en el castigo.
Cada uno de los panelistas delineó lo que para ellos significa la regulación inteligente, mencionando aspectos como la adopción de un enfoque que anticipa los cambios del mercado, que gestiona incentivos en lugar de imponer sanciones, y que reconoce las telecomunicaciones como servicios esenciales para el desarrollo.
Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, consideró que la regulación inteligente “busca soluciones y resuelve problemas a la ciudadanía”, evitando regular desde perspectivas tecnológicas específicas y aplicando principios de neutralidad. “La percepción del servicio por el usuario es lo más importante”, afirmó.
Los reguladores coincidieron en la importancia de cambiar el enfoque de la regulación moderna, desde la preferencia por medidas punitivas hacia la adopción de normas que incentiven la calidad y la inversión. Por ejemplo, señalaron que para mantener la calidad de los servicios, la principal herramienta debería ser la de empoderar a los usuarios con información.
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Gonzalo Balseiro, presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) de Uruguay, planteó que el verdadero cambio consiste en “pasar de dictar reglas a gestionar incentivos”, promoviendo la calidad de experiencia mediante mecanismos como rankings públicos y mediciones de calidad real que empoderan a los consumidores.
Al respecto, Felipe Díaz Suaza, director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, enfatizó la necesidad de adoptar mediciones de calidad que funcionen como incentivos para que los agentes puedan mejorar y contribuir al cierre de brechas.
Johnny Marchán Peña, gerente General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en Perú, coincidió en que su organismo ha actualizado el reglamento de calidad para transitar del régimen sancionador al informativo, donde “el régimen reputacional es lo que más juega”. Osiptel ha incorporado metas de mejora e indicadores referenciados, priorizando herramientas de monitoreo público sobre las sanciones económicas.
En ese sentido, Carlos Manuel Baigorri, presidente de Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) en Brasil, subrayó que “la regulación inteligente es la que está basada en evidencias” y que opera bajo un régimen informativo que proporciona métricas para que los usuarios tomen decisiones informadas, en lugar de que el Estado dicte precios o niveles de calidad.
Cargas fiscales y barreras al despliegue
Aunque los reguladores reconocen no tener competencia directa en asuntos tributarios, coincidieron en la necesidad de influir técnicamente en estas discusiones. Díaz Suaza advirtió que “parece que todavía se tiene la idea de que las telecom son un bien de lujo, cuando son necesarios”.
Alertó, por ejemplo, que en Colombia los operadores se enfrentan a tarifas municipales de alumbrado público que pueden variar hasta 30 veces entre localidades, lo desincentiva el despliegue de infraestructura, pese a los esfuerzos por derribar barreras municipales.
Baigorri reconoció que Brasil representa “una pésima referencia” con cinco impuestos específicos al sector, herencia de la época estatal. En contraste, Balseiro presumió que Uruguay considera las telecomunicaciones un sector clave para el desarrollo, sin impuestos excesivos más allá de los costos de espectro.
Hacia una gobernanza digital equilibrada
Los panelistas coincidieron en que la convergencia tecnológica exige una evolución regulatoria. García Castillejo abogó por organismos que regulen el conjunto de las comunicaciones desde una “perspectiva de 360 grados”, mientras que Díaz Suaza enfatizó que “la infraestructura es la espina dorsal de la economía digital” y requiere articular el ecosistema completo para el bienestar general.
“No se trata de telecomunizar las plataformas de Internet o trasladar cargas de un sector a otro”, aclaró Díaz, “sino de reconocer las asimetrías y articular el ecosistema para que contribuya al bienestar general”.