El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España abrió a consulta pública el proyecto denominado Ómnibus Digital, propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo que tiene como meta simplificar, aclarar y modernizar el marco regulatorio del bloque mediante una reforma integral.
Se busca reducir las cargas administrativas para empresas y administraciones públicas, reforzar la seguridad jurídica y promover la competitividad europea sin comprometer derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de la información.
En palabras de las autoridades españolas, el plan es “adaptar el marco a un entorno global altamente competitivo, priorizando la agilidad normativa, la innovación y la soberanía tecnológica de la Unión Europea y asegurando que las normativas actúen como motor del crecimiento económico y del mercado único de datos”.
Si la propuesta avanza sin cambios, se modificaría el Reglamento General de Protección de Datos, el relativo a la creación de la pasarela digital única, el Reglamento de protección de datos de las instituciones de la Unión Europea, la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónica, la Directiva de ciberseguridad NIS2 y la Directiva de resiliencia de entidades críticas. Al mismo tiempo, se derogaría el Reglamento sobre libre circulación de datos no personales, el Reglamento sobre usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, el Reglamento de Gobernanza de Datos y la Directiva relativa a datos abiertos y reutilización.
La propuesta de legislación se presentó el 19 de noviembre pasado en simultaneo al denominado Ómnibus Digital sobre la IA, que persigue como meta una aplicación oportuna, fluida y proporcionada de algunas de las disposiciones de la Ley de IA.
Así, hasta el 29 de marzo se recibirán comentarios sobre los problemas que pretende solucionar la normativa, necesidad y oportunidad de la reforma, objetivos concretos que debería perseguir y posibles alternativas regulatorias y no regulatorias.