ComexPerú muestra preocupación por rol punitivo del Osiptel

ComexPerú ha advertido la necesidad de revisar el modelo de gestión de las telecomunicaciones para garantizar su sostenibilidad. La asociación gremial enfatizó que los desafíos regulatorios, operativos e institucionales del sector así lo exigen.

También indicó que los operadores enfrentan diversos problemas derivados de la regulación emitida por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y la limitada coordinación entre el sector público y privado.

Enfoque punitivo del Osiptel

ComexPerú destacó que una de sus principales preocupaciones es el “incremento del enfoque punitivo” en el rol del regulador, lo cual, a su consideración, queda de manifiesto con el aumento de las multas en los últimos dos años.

Como dato para ilustrar la magnitud de esta barrera, la organización señaló que, en la última década, el porcentaje de los ingresos de los operadores destinado a multas se quintuplicó, al pasar del 0.2% al 1%, una cifra equiparable a su aporte al Fitel, algo que, aseguró, fue advertido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un informe de 2023.

Retiro del cableado aéreo antiguo

El segundo desafío enumerado es el Decreto Supremo 007-2024-MTC, que otorgó un plazo de dos años para el retiro del cableado aéreo antiguo, incluidos los de la Compañía Peruana de Teléfonos.

Comex indicó que, si bien se han logrado algunos avances, el plazo ha resultado insuficiente debido a la presencia de operadores informales que utilizan postes sin autorización y a la falta de medidas del Estado para combatir esta situación. En ese sentido, propuso que, en lugar de disponer sanciones por su incumplimiento, la autoridad debería establecer medidas que faciliten el retiro, lo que, a su juicio, exhibiría la priorización de las soluciones por encima de una cultura sancionadora.

RDNFO: gestión deficiente del Pronatel

El tercer aspecto que resaltó Comex fue la operación provisional de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), tras cancelar el contrato con Azteca. La organización explicó que la inestabilidad de su gestión “ha afectado la continuidad operativa y puesto en riesgo la sostenibilidad de las redes regionales”, como se demuestra en los procesos arbitrales vinculados a los proyectos de Piura y Tumbes y la pérdida de laudos por montos que rondan los 4 millones de dólares.

Por ello, exhortó a impulsar “la asignación de la operación provisional a una empresa especializada, con obligaciones técnicas claras, estándares verificables y mecanismos efectivos de supervisión”, para asegurar un mejor desempeño en beneficio del interés público.

La asociación advirtió que estas barreras regulatorias pueden afectar la inversión, la innovación y la mejora en la calidad de los servicios. Y concluyó que resulta indispensable reducir el énfasis punitivo, fortalecer la coordinación público-privada y garantizar una gestión técnica eficiente de la infraestructura pública para proteger la inversión, mejorar la calidad de los servicios y ampliar el acceso a la conectividad.