En continuidad de la acción interpuesta por Oi, la compañía obtuvo en la Justicia de Río de Janeiro una medida cautelar que bloquea créditos y garantías pertenecientes a tres de sus antiguos principales accionistas, fondos vinculados a las gestoras PIMCO, SC Lowy y Ashmore. La decisión fue dictada por el 7º Juzgado Empresarial.
En la demanda, Oi acusa a los inversionistas de abuso de poder y de actuar para privilegiar intereses propios mientras ejercían influencia sobre la gestión. El embargo precautorio alcanza créditos concursales y extraconcursales, títulos de deuda y garantías asociadas, incluidas participaciones societarias e instrumentos financieros derivados de financiamientos otorgados a la empresa.
Según el criterio de la magistrada a cargo del caso, existen indicios suficientes de eventual responsabilidad solidaria de los demandados por daños aún por determinar, lo que justificaría la preservación de esos activos para asegurar una eventual indemnización futura.
Los valores potencialmente afectados incluyen deudas renegociadas con vencimientos concentrados en los próximos años, como financiamientos estructurados, préstamos y bonos emitidos por la compañía.
La medida, no obstante, no extingue el derecho de crédito de los fondos ni impide su participación en las decisiones de la recuperación judicial, preservando los derechos políticos y de veto vinculados a los títulos que poseen.
La evaluación judicial indica que no debería haber impacto financiero inmediato, ya que los pagos relevantes sólo están previstos para 2027 y 2028. Estimaciones presentadas en el proceso señalan que el trío de inversionistas tiene por cobrar cerca de US$ 1,400 millones en ese periodo.
Paralelamente, la Justicia brasileña ordenó el envío de una comunicación al Tribunal de Quiebras de Nueva York, responsable del proceso internacional de la operadora, con el objetivo de obtener cooperación para que la medida cautelar produzca efectos también en Estados Unidos, donde la compañía tramita el mecanismo conocido como Chapter 15, destinado al reconocimiento de procesos extranjeros de insolvencia.
Los fondos asumieron una participación accionaria relevante en la empresa tras la aprobación del plan de recuperación de 2024, que convirtió parte de la deuda en acciones. Posteriormente esas posiciones fueron desmanteladas, pero los inversionistas tuvieron un papel decisivo en la designación de la administración que condujo a la operadora hasta ser apartada judicialmente al año siguiente.
La actual gestión sostiene que hubo un uso indebido de la influencia societaria para priorizar el pago a acreedores financieros en detrimento del interés de la compañía y de los demás stakeholders.
La acción judicial, presentada con un valor simbólico inicial de R$ 100 mil, busca la responsabilización por eventuales perjuicios derivados de esa conducta y la condena solidaria de los demandados al pago de una indemnización, cuyo monto dependerá de lo que se determine a lo largo del proceso. La operadora también intentó suspender los derechos políticos asociados a los créditos, pero ese pedido no fue acogido en la decisión preliminar.
Entre los acusados, PIMCO divulgó un posicionamiento público en el que cuestiona las alegaciones. La gestora afirma que no ejerció control sobre la empresa y que la conversión de deuda en participación accionaria se realizó dentro de las reglas de la recuperación judicial.
Según la institución, el intento de responsabilización ignora el historial de dificultades financieras de la compañía y vulnera las garantías legales otorgadas a los acreedores en este tipo de procesos.