Tras la polémica generada, el Gobierno de Colombia decidió retirar el proyecto por el cual los servicios con vehículo particular prestados a través de plataformas pasarían de ser actividades no reguladas a definirse como ilegales. El texto presentaba multas para trabajadores y usuarios al tiempo que instaba a intensificar el control en puntos de alta demanda.
“Considerando las múltiples erradas interpretaciones de algunos artículos del proyecto radicado, el Gobierno decidió retirarlo para hacer unos ajustes al articulado de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios”, expresó Luis Gabriel Sena, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte.
Alianza In había advertido que el proyecto representaba “uno de los retrocesos más graves que haya enfrentado el país en materia de innovación y movilidad, y una amenaza directa para el ecosistema digital y para cientos de miles de familias que generan ingresos a través de estas plataformas”.
En Colombia hay 1.2 millones de conductores que generan ingresos a través de plataformas digitales de movilidad y existen 21.5 millones de cuentas de usuarios que las utilizan.