Ecuador presentó oficialmente la Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial, un instrumento en el que el Gobierno venía trabajando desde agosto del año pasado y que pretende establecer una política pública para ordenar, guiar y acelerar la adopción de esta tecnología en el país, bajo un enfoque que prioriza la protección de derechos fundamentales, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.
La estrategia, emitida por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MinTEL) y publicada en el Registro Oficial en enero de 2026, incorpora una una visión de implementación a cuatro años (2025–2029) y se centra en el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial (IA) para contribuir al bienestar social.
En total, el documento contempla 3 ejes estratégicos para ordenar el ecosistema de IA. El primero, se enfoca en la gobernanza de la IA, que busca establecer principios éticos, mecanismos de supervisión y lineamientos claros para el uso de la IA, especialmente en el sector público.
En este primer eje, el gobierno ecuatoriano pretende priorizar la transparencia algorítmica, la responsabilidad en el uso de datos y la alineación con los estándares internacionales de derechos humanos, como la Recomendación sobre la Ética de la IA de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Recomendamos: Colombia aprueba política nacional para el desarrollo de la Inteligencia Artificial
El segundo eje, dedicado a capacidades y tecnología, reconoce que sin talento humano, infraestructura y ecosistemas de investigación, la adopción de IA será limitada. Por ello, la estrategia impulsa el fortalecimiento de la educación en IA. La formación de profesionales especializados, el desarrollo de infraestructura tecnológica y el fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
El tercer eje está centrado en la adopción y desarrollo de la IA. Aquí, el gobierno ecuatoriano busca promover casos de uso concretos en sectores estratégicos como salud, educación, justicia, agricultura, finanzas y servicios públicos.
Este eje enfatiza en el desarrollo de soluciones que respondan a problemáticas locales de Ecuador, como el acceso a atención médica en zonas rurales o la reducción de brechas educativas mediante plataformas adaptativas.
Para el cumplimiento de cada eje, la estrategia se articula con la Constitución, con la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para evitar escenarios de vigilancia, uso indebido de información o toma de decisiones automatizadas sin mecanismos de control humanos.
Otro aspecto relevante es la incorporación explícita del enfoque ambiental. La estrategia reconoce que la IA puede tener un impacto significativo en el consumo energético y la huella de carbono, especialmente en infraestructuras como Centros de Datos.
Por ello, el documento promueve el uso eficiente de recursos, la adopción de energías renovables y el diseño responsable de infraestructuras tecnológicas, alineando el desarrollo de la IA con los principios constitucionales de sostenibilidad y derechos de la naturaleza.
Por otro lado, la estrategia no enfatiza en presupuestos ni rubro específicos de inversión, pero establece un marco habilitante para la movilización de recursos mediante cooperación internacional y alianzas público-privadas. Organismos como Unesco, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), PNUD y CAF, así como empresas tecnológicas y el sector académico, han participado en su construcción y aparecen como actores clave para su implementación.
Este enfoque refuerza la idea de que la IA debe desarrollarse de manera colaborativa, con participación del Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil.
Tras la presentación oficial de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el siguiente paso será su implementación progresiva a través de planes operativos, coordinación interinstitucional y casos de uso concretos, especialmente en el sector público.