El Juzgado 7º Empresarial de Río de Janeiro concentró esta semana decisiones relevantes que involucran la masa en quiebra de Serede y el proceso de liquidación de activos de Oi, en medio de disputas judiciales, la venta multimillonaria de una participación societaria y definiciones sobre la remuneración de la administración judicial.
En el caso de Serede, la administradora judicial Tatiana Binato presentó un escrito el lunes 26 de enero solicitando autorización para contratar estudios jurídicos que actúen en cerca de 18 mil procesos judiciales en curso contra la empresa, en las esferas laboral y civil, distribuidos en distintos estados.
Según explicó, el volumen y la complejidad de las demandas (en diferentes etapas procesales y con necesidad de audiencias y actuaciones en múltiples jurisdicciones) exigen un seguimiento técnico especializado y continuo.
Binato sostiene que la contratación es necesaria para preservar los activos de la masa en quiebra, mitigar riesgos jurídicos y racionalizar la gestión del pasivo judicial. Subraya que los costos de los estudios tendrán carácter extraconcursal, es decir, serán considerados gastos operativos de la quiebra, con prioridad de pago frente a los créditos concursales. La administradora informó además que existen recursos en caja, aunque limitados, para financiar las contrataciones por un plazo inicial sugerido de hasta tres meses.
También lee: Oi sale del mercado bursátil continuo y la Justicia autoriza recontratación de RR. HH. para despidos
Asimismo, Serede solicitó que la Justicia autorice el envío de oficios a los Tribunales Regionales del Trabajo para comunicar la declaración de quiebra, orientar sobre la verificación de créditos y determinar la suspensión de los procesos laborales por al menos 180 días, con el fin de organizar el listado de acreedores.
El movimiento se produce en medio de la presión de sindicatos, los cuales afirman que las indemnizaciones por despido no habrían sido pagadas a los trabajadores. Las entidades piden una reunión urgente con la jueza Simone Gastesi Chevrand, a cargo del caso, pero señalan que hasta ahora no han logrado agendar el encuentro.
Venta de participación multimillonaria en V.tal
En el frente de Oi, el mismo Juzgado 7º Empresarial aprobó el miércoles 28 de enero las bases para la venta de la participación de la operadora en la empresa de infraestructura V.tal. La participación ofrecida corresponde al 27.26% del capital, con un precio mínimo fijado en R$ 12.315 mil millones. El pago deberá realizarse al contado y exclusivamente en efectivo. La audiencia para la apertura de propuestas fue programada para el 5 de marzo.
Si las ofertas quedan por debajo del valor mínimo, la decisión final estará en manos de los acreedores de Oi. El edicto aún debe publicarse oficialmente para surtir plenos efectos legales.
El documento también señala que la participación de Oi en V.tal podría sufrir una dilución de hasta 4.26 puntos porcentuales, dependiendo del resultado de notificaciones y discusiones sobre indemnizaciones previstas en acuerdos de inversión firmados entre las empresas en 2021 y 2025, vinculados a las ventas de InfraCo (que dio origen a V.tal) y de ClientCo/Oi Fibra. Según la administración judicial, las notificaciones están en evaluación y no generan, por sí solas, una obligación automática de indemnizar.
Al autorizar el edicto, la jueza destacó el plazo acotado que tiene Oi para avanzar en la venta de activos dentro de su proceso de “liquidación ordenada”, recordando que la compañía mantiene protección frente a acreedores hasta mediados de abril.
Se mantienen los honorarios del gestor judicial
También el miércoles, Chevrand rechazó los cuestionamientos del Ministerio Público y de UMB Bank sobre la remuneración de Bruno Rezende, de Preserva-Ação, quien actúa como administrador judicial y gestor de Oi. La Justicia había fijado honorarios del 5% sobre los montos efectivamente pagados a los acreedores, porcentaje impugnado por considerarse excesivo.
La magistrada calificó la situación de Oi como “sin precedentes” y subrayó que Rezende acumula funciones de administrador judicial, responsable de la liquidación de activos y gestor de la compañía —que se encuentra bajo intervención judicial desde septiembre de 2025—. Para ella, el tope legal del 5% es proporcional ante la suma de atribuciones.
Chevrand también enfatizó que la remuneración se aplicará únicamente sobre lo que efectivamente se pague a los acreedores, y no sobre el pasivo total ni sobre el patrimonio de la operadora. Según la decisión, los honorarios estarán vinculados al desempeño del gestor y a su capacidad de generar resultados en el proceso.
La permanencia de Rezende al frente de la empresa también fue reforzada recientemente en segunda instancia. Al extender por 90 días adicionales la protección de Oi frente a acreedores, la jueza de apelación, Mônica Maria Costa, determinó que, al final del plazo, el gestor deberá presentar un informe detallado de gestión, que servirá de base para una eventual transición en la administración de la compañía.