Debate europeo reaviva la controversia sobre el proyecto de ley de Mercados Digitales en Brasil
Un debate organizado por CCIA Europe en alianza con la ALAI (Asociación Latinoamericana de Internet) este 19 de noviembre reavivó las críticas al proyecto de ley (PL) 4675/25, que crea la Superintendencia de Mercados Digitales en el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
La discusión técnica, anclada en experiencias internacionales, en especial en la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) de Europa, amplía la ofensiva de ALAI para sostener su posición contraria al proyecto, postura que la entidad mantiene desde que el gobierno brasileño envió el texto al Congreso en septiembre de 2025.
El proyecto prevé la designación de plataformas de “relevancia sistémica” con base en efectos de red, integración vertical, posición estratégica, acceso a datos y facturación superior a R$ 50,000 millones en el mundo o R$ 5,000 millones en Brasil. Estas empresas podrían ser sometidas a obligaciones como interoperabilidad, portabilidad de datos, límites a prácticas de autopreferencia y exigencia de presencia legal en el país.
Para defensores del texto dentro del gobierno, el objetivo es fortalecer la soberanía regulatoria y permitir que el CADE actúe de manera preventiva ante conductas anticompetitivas en el entorno digital.
El gerente de políticas públicas de la ALAI, Sergio García Alves, reforzó la oposición de la entidad. Indicó que el proyecto puede generar superposición entre estructuras del CADE, aumentar los costos de cumplimiento y afectar al ecosistema de startups que depende de la publicidad digital y de las herramientas ofrecidas por las grandes plataformas.
Aunque afirmó que ALAI “no está en contra de la regulación”, defendió que esta debe ser “viable, técnicamente sustentada y proporcional”. Señaló también que la Asociación está finalizando un estudio económico sobre los potenciales impactos del PL.
A modo de comparación, el panel señaló que, aunque la DMA fue celebrada como un marco pionero para limitar el poder de las plataformas, su aplicación práctica ha generado una combinación de efectos colaterales, inseguridad regulatoria y resultados por debajo de lo esperado.
El profesor e investigador de la University of Surrey, Mikołaj Barczentewicz, destacó que el régimen europeo “no fue autoejecutable”, requiriendo sucesivos guidances e interpretaciones técnicas que aumentaron los costos de cumplimiento sin aportar claridad.
De acuerdo con Barczentewicz, la DMA terminó fragmentando decisiones sobre interoperabilidad y seguridad, dejando vacíos que ni siquiera organismos especializados como la ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) fueron llamados a resolver durante la elaboración de las reglas.
En esta misma línea, la economista Cathy Swillman, del NextTrade Group, amplió la comparación con datos utilizados por gobiernos fuera de Europa para justificar su decisión de no replicar la DMA.
Swillman recordó que países como India y Tailandia llegaron a considerar propuestas similares, pero retrocedieron ante el impacto en la innovación, el capital de riesgo y las startups.
“La Unión Europea –reforzó– tiene cuatro veces menos startups que Estados Unidos, ocho veces menos capital de riesgo y sólo cuatro de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo”, un escenario que, según Swillman, debe servir de alerta para países emergentes.
A su vez, Maria Teresa Köhler, de CCIA Europe, sostuvo que el bloque enfrenta hoy un deterioro perceptible en la experiencia del usuario. Estudios citados por ella apuntan a una peor personalización de herramientas, reducción de funcionalidades en servicios como mapas y una caída de hasta 40% en el tráfico directo de algunos sectores de la economía, derivada de la reconfiguración forzada de flujos de información.
Köhler añadió que países y empresas europeas viven un ambiente de incertidumbre continua, marcado por aclaraciones sucesivas de la Comisión Europea sobre puntos que deberían estar consolidados en el texto legal.
¿Y América Latina, dónde entra en esto?
Si por un lado la discusión europea moldeó el trasfondo técnico del panel, fue la perspectiva latinoamericana presentada por Juliana Domingues, profesora de Derecho de la USP, la que conectó el debate con Brasil.
La exsecretaria nacional del consumidor argumentó que América Latina llega a la disputa global sobre modelos de regulación digital en condición de desventaja estructural: dependiente de grandes potencias, con capacidad institucional y presupuestaria limitada y presiones políticas que aceleran soluciones sin el debido maduramiento.
Para Domingues, la adopción de regímenes ex ante “de arriba hacia abajo” tiende a generar tensiones entre organismos reguladores, judicialización y dificultades operativas. Citó como ejemplo la experiencia de la Ley General de Protección de Datos (LGPD), aprobada antes de la definición plena de la autoridad responsable, lo que generó improvisaciones institucionales y críticas por la falta de recursos.
La jurista también llamó la atención sobre la prisa política en la tramitación del PL brasileño. Según señaló, el intento de aprobar la propuesta aún en 2025 restringe la mirada técnica y reduce el espacio para la calibración institucional: un movimiento que se repite en otros marcos digitales en debate en el país.