La integración Tigo-Movistar no genera un desmejoramiento de las condiciones de competencia: SIC Colombia

Bogotá, Colombia. Durante una rueda de prensa este viernes 14 de noviembre, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, detalló los motivos que llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia a aprobar la integración empresarial entre Tigo y Movistar.

Rusinque habló de los beneficios potenciales y riesgos que llevaron a la SIC a autorizar la operación bajo condicionamientos específicas con las que se espera evitar un mercado antimonopolio pero inició aclarando que “La integración Tigo Movistar no genera un desmejoramiento de la situación actual del mercado de telecomunicaciones en términos de las condiciones de la competencia”.

Rusinque afirmó que la SIC actuó con el objetivo explícito de “evitar la consolidación de un monopolio o duopolio en el sector. La operación aprobada permitirá que ambas empresas consoliden una infraestructura única que podría reducir costos, optimizar el uso de recursos y mejorar la eficiencia operativa”. 

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Con esta decisión, el gobierno espera “incrementar la calidad del servicio, ampliar la cobertura en zonas desatendidas y competir de manera más efectiva contra el operador de mayor tamaño, lo cual podría traducirse en mejores precios, mayor calidad y mejor servicio para los usuarios”.

Además, estos efectos se alinean con las políticas públicas de reducción de brechas de conectividad y expansión de redes 5G en Colombia.

Con respecto a las condiciones impuestas por la SIC, la entidad realizó un análisis técnico, en articulación con las autoridades del sector, en donde identificó riesgos en 4 de los 19 mercados evaluados que a partir de ahora estarán bajo vigilancia para evitar que la integración no desmejore las condiciones actuales de competencia. 

Dos de los mercados identificados están relacionados con los servicios móviles. El primero en el mercado móvil mayorista con acceso y originación de Roaming Automático Nacional (RAN) y operadores Móviles Virtuales (OMV). 

La SIC explicó que actualmente los cargos que pagan los operadores se determinan bajo lógica de libre competencia. Con la integración, existe el riesgo de que la empresa resultante de la integración entre Tigo y Movistar desmejore las condiciones de acceso de sus competidores, alterando los incentivos de competencia efectiva. Para mitigar ese riesgo, la SIC ordenó que la empresa integrada ofrezca una tarifa de acceso al RAN con descuentos entre 12,5% y 24,3% respecto de las tarifas vigentes, condiciones que aplicarán desde el momento mismo en que se materialice la integración.

En los mercados minoristas móviles, referentes a paquetes de telefonía, Internet y mensajería, la SIC identificó que la empresa integrada podría afectar a los operadores más pequeños mediante empaquetamientos que estos no están en capacidad de replicar. Por ello la SIC prohíbe a la empresa resultante dirigir campañas y ofertas enfocadas en operadores de menor tamaño y deberá detallar el precio individual de cada servicio dentro de los paquetes para garantizar transparencia y evitar prácticas que debiliten a competidores más pequeños. 

Con el fin de que “la empresa integrada compita hacia arriba, contra el operador dominante, y no hacia los actores minoritarios”, aseguró la superintendente.

Sobre los otros dos riesgos, que corresponden al mercado fijo, la SIC definió un esquema de municipios de referencia que consiste en la tarifa que la empresa integrada cobrará en municipios con riesgo de incremento los paquetes duales y en la provisión de fibra óptica. 

Esto garantiza que no se aproveche de una posición más fuerte para subir precios donde la presión competitiva es menor.

En la misma línea, Rusinque aseguró que se busca que se genere un control negativo con respecto al despliegue de fibra óptica, por lo que la SIC impuso un estricto esquema de manejo de información confidencial, que impedirá a la empresa integrada acceder a datos sensibles y un sistema de reportes y auditorías independientes que permitirá vigilar en tiempo real el comportamiento de la empresa integrada en los órganos de administración de la red de fibra.

Los condicionamientos tendrán una duración inicial de cuatro años, contados a partir de la materialización de la operación. Sin embargo, Rusinque advirtió que, si durante ese periodo la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expide regulación sobre los temas cubiertos por los condicionamientos, será esa regulación la que prevalecerá. 

Rusinque enfatizó en que la SIC mantendrá una “vigilancia estricta sobre la implementación de las medidas para garantizar que la integración no afecte negativamente la competencia y que los usuarios sean los beneficiarios finales de la operación”.

Aunque la operación ya fue autorizada por la SIC, aún quedan detalles pendientes por confirmar como el nombre bajo el cual operará la compañía integrada (Tigo, Movistar o un nuevo nombre), así como la imagen propia de la marca. Tampoco se confirmó el costo final de la operación, ni detalles técnicos como el manejo de los topes de espectro radioeléctrico de la empresa integrada, ni el manejo de específico de los datos comerciales sensibles de los usuarios que poseen en este momento Movistar y Tigo por separado.