El decreto de quiebra de Oi por la 7ª Vara Empresarial de Río de Janeiro, este lunes (10), trae algunos desdoblamientos como el alejamiento de los efectos de la quiebra sobre sus subsidiarias Serede y Tahto, que tuvieron el procesamiento de la recuperación judicial; también existe la posibilidad de volver a discutir el acuerdo firmado entre Oi, Anatel, el gobierno federal y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) para el fin de la concesión de telefonía fija.
En la decisión, la jueza Simone Gastesi Chevrand señaló que el acuerdo define la destinación de eventuales valores obtenidos por Oi en el arbitraje contra la agencia reguladora (una disputa estimada en US$ 11,300 millones), priorizando multas a la Unión, deudas con V.tal e inversiones públicas antes de cualquier repase a la masa concursal.
Para la magistrada, el arreglo colocó “el mayor activo de Oi” en un modelo que no beneficiaría a la empresa, pudiendo configurar renuncia de crédito relevante. Aunque el acuerdo sigue vigente, ella afirmó que su validez podrá ser rediscutida dentro del proceso de quiebra.
La decisión también mantuvo la indisponibilidad de los valores provenientes de la venta de activos realizada en la segunda recuperación judicial de Oi, incluyendo la venta de Oi Fibra/NIO y los créditos ligados al arbitraje. Recursos presentados por Anatel, V.tal y el BID contra este bloqueo ya habían sido rechazados.
Continuidad de los servicios
Además de la continuidad provisoria de los servicios de Oi, la jueza constató que Tahto y Serede son empresas financieramente autónomas, con flujo de caja positivo, aunque juntas sumen más de R$ 1,600 millones en deudas declaradas. Según la magistrada, la quiebra de la controladora “no impacta en absoluto la recuperación de las subsidiarias”.
Serede, responsable por actividades de instalación y mantenimiento de redes, declaró que el 60% de su facturación proviene de contratos con empresas fuera del Grupo Oi, entre ellas NIO Fibra, que heredó la infraestructura de banda ancha tras la venta de la antigua Oi Fibra. El desempeño independiente fue uno de los principales fundamentos para descartar el riesgo de paralización de sus operaciones.
Tahto, empresa de atención y BPO, también presentó una cartera de clientes diversificada, incluyendo la asociación con la multinacional Intelcia, lo que refuerza su sostenibilidad financiera fuera del grupo económico.
Con el otorgamiento de la recuperación judicial, quedan suspendidas por 180 días todas las acciones y ejecuciones contra Serede y Tahto. También está prohibido el corte de servicios esenciales o el vencimiento anticipado de deudas, garantizando la continuidad operativa. Tatiana Binato de Castro, de Preserva Administração Judicial, fue nombrada por la jueza como administradora judicial y gestora provisional de las compañías.
Castro será responsable por la gestión y eventual venta de más de 7,000 inmuebles liberados con el fin de la concesión, que antes eran bienes reversibles (propiedad de la Unión).