El Economista Jorge Bravo
Otra legislación y otro intento que amenazan la tecnología, la economía digital y sus beneficios. El proyecto de reforma al Código Fiscal de la Federación 2026 no contempla medidas dirigidas a combatir fraudes fiscales. Contiene una bomba de tiempo que estalla no contra las empresas, explota contra los usuarios, las inversiones, la innovación y la economía digital mexicana.
El artículo 30-B “permite a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real a la información que obre en sus sistemas o registros” de las plataformas digitales y permite el bloqueo temporal de las mismas; el artículo 113-Bis criminaliza y penaliza con cárcel conductas relacionadas con comprobantes fiscales falsos y extiende sanciones a las plataformas cuando se publiquen anuncios para su adquisición o enajenación.
Lo que pretende ser un refuerzo contra la evasión se lee como un pase directo para la vigilancia masiva. Acceso “permanente”, “en tiempo real” y “bloqueo temporal” implica que la autoridad podrá inspeccionar flujos, metadatos y transacciones de millones de usuarios sin las salvaguardas legales ni procesales.
El poder absolutamente desproporcionado de bloqueo temporal, la amenaza de cortar el acceso a un servicio, es un acto de censura inconstitucional con efectos sobre la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y los derechos digitales de la población.
El discurso oficial sostiene que estas medidas “no transgreden” garantías constitucionales y que son medidas técnicas. La letra fría del Código Fiscal revela plazos abreviados, suspensión de facturación, publicación de nombres en el portal del SAT y facultades penales que se ejercen sin agotar mecanismos administrativos previos.
La combinación de acceso masivo + sanción penal + bloqueo técnico crea un ambiente donde el silencio es la opción más segura para una plataforma, y el silencio se traduce en contenidos retirados, mercados cerrados y usuarios privados de servicios.
Las consecuencias económicas son inmediatas y profundas. La economía digital en México ya es una parte significativa del PIB y crece a ritmos de dos dígitos. El comercio electrónico ya representa alrededor de 8% del PIB en 2024, un motor evidente de empleo, consumo y formalización de la economía. Eso se quiere dinamitar.
Además, inversiones masivas en infraestructura digital (desde grandes Nubes hasta Centros de Datos y desarrollos en Inteligencia Artificial) estaban llegando al país: anuncios y compromisos recientes de inversión en infraestructura tecnológica muestran un interés por expandir la capacidad y el talento en México. Interrumpir ese clima de confianza representa una pérdida absurda de oportunidades, con consecuencias en fuga directa de capitales y proyectos.
Piense en los Centros de Datos, la columna vertebral de la IA y la Nube. Su construcción y operación requieren marcos regulatorios estables, seguridad jurídica, contratos de largo plazo y certidumbre energética.
El Código Fiscal introduce incertidumbre reputacional y riesgos operativos (bloqueos, publicación de “sospechosos”, querellas penales). Resultado: las grandes apuestas de inversión (hyperscalers, Nubes privadas, pilotos de Inteligencia Artificial) pueden detenerse o reubicarse en países con mejores marcos legales y genuino liderazgo digital. Una inversión perdida deja desempleo calificado, menos transferencia tecnológica y un México menos competitivo para la era digital.
El otro vector de riesgos es la estrecha relación con Estados Unidos. El gobierno estadounidense, bajo la administración del presidente Donald Trump, emitió un memorando en febrero de 2025 para “defender a las empresas e innovadores americanos de extorsiones y multas injustas” hacia las empresas tecnológicas y ha dejado claro que no tolerará medidas que castiguen a sus proveedores de tecnología, incluidas amenazas de aranceles o sanciones comerciales a países con impuestos o normativas discriminatorias.
Ese memorándum coloca México en el cruce de legislar fiscalmente sin calibrar los impactos comerciales y diplomáticos que, no tengo duda, pueden traducirse en sanciones, aranceles o presiones que afecten las exportaciones de bienes, productos y servicios, así como la negociación y renovación del T-MEC. Las empresas tecnológicas tienen acceso directo al presidente Trump y no se van a quedar con los brazos cruzados si el 30-B y el 113-Bis pasan en el Congreso.
El Código Fiscal de la Federación 2026 no es una legislación contra plataformas: es una ley contra los usuarios, contra la infraestructura que las sostiene y contra los beneficios que entregan.
La “veracidad” exigida para comprobantes se traduce en herramientas que pueden ser usadas de forma indiscriminada contra proveedores, pequeños vendedores y desarrolladores. La penalización a plataformas por contenidos publicados por terceros las obligará a moderar hacia la máxima cautela (equivalente a autocensura) y asumir cargas de cumplimiento que espantan cualquier inversión.
La Secretaría de Hacienda está cometiendo un riesgo geoestratégico al no calcular medidas unilaterales de control de datos e intervención fiscal que exponen a México a represalias comerciales en un entorno donde EE. UU. ya mostró voluntad de responder con aranceles a países como Canadá, Brasil o toda la Unión Europea, o investigaciones contra políticos incómodos también en Brasil.
Hacienda tampoco ha previsto la pérdida de empleos de alta productividad y de oportunidades de nearshoring tecnológico si la inseguridad jurídica persiste.
El escenario catastrófico para los usuarios de plataformas no es ciencia ficción: suspensión de servicios, retirada de inversiones en Centros de Datos e AI, cierre paulatino de startups incapaces de asumir riesgos legales o técnicos y un movimiento en cadena que arrastra inversiones, digitalización, innovación, empleos y genuina tributación.
El gobierno debería recordar que digitalizar no es sólo recaudar, es crear un ecosistema que multiplica empleos, formaliza ingresos y potencia exportaciones de bienes y servicios. Penalizar la infraestructura y someter a las plataformas a vigilancia permanente y bloqueos temporales equivale a desmantelar la base sobre la cual se construye el Plan México de la presidenta Sheinbaum.
X: @beltmondi