El Economista – Gerardo Flores
Es evidente que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tomaron nota del problema en el que metieron a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se provocó un intenso debate por aquella disposición que se incluyó en la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que envió al senado a finales de abril pasado, en la que se establecía la posibilidad de que con apoyo de dicha ley las autoridades del gobierno de México pudieran bloquear el acceso a plataformas digitales. Ello estaba previsto en el ya famoso artículo 109 de la referida iniciativa.