Jueza congela obligaciones de Oi y alerta sobre “situación preconcursal”
La jueza Simone Gastesi Chevrand, del 7º Juzgado Empresarial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, suspendió hasta el 31 de agosto de 2025 la exigibilidad de las obligaciones que Oi pretende incluir en la adición al Plan de Recuperación Judicial (PRJ), presentada el 1 de julio de este año. La decisión también prohíbe la imposición de restricciones sobre el patrimonio de la compañía durante este periodo, que podrá ser prorrogado.
El auto reconoce el incumplimiento, por parte de la operadora, de compromisos previstos en el Plan de Recuperación homologado en mayo de 2024, además de deudas extraconcursales, incluso en el extranjero, situación que la magistrada calificó como de “probable situación preconcursal”. Incluso ya existen solicitudes de quiebra presentadas en el expediente.
La jueza ponderó, sin embargo, que Oi mantiene la prestación de servicios públicos esenciales, como la red de telefonía fija, atenciones de urgencia (SAMU, soporte policial y otros servicios de “tres dígitos”) y cerca del 70% de la infraestructura del sistema de control del espacio aéreo (CINDACTA), lo que exige cautela para evitar la interrupción.
La adición al plan de recuperación está paralizada hasta que el denominado watchdog, un interventor designado por la Justicia, presente un informe sobre la real viabilidad económico-financiera de la empresa. Además, Oi deberá presentar un plan de transición para garantizar la continuidad de los servicios en caso de interrupción. La Anatel y el Tribunal de Cuentas de la Unión fueron intimados a pronunciarse sobre la propuesta.
Entre las medidas complementarias, la Justicia suspendió el pago de bonificaciones a la alta administración y determinó que cualquier venta o gravamen de activos sea previamente autorizado por el juzgado. El watchdog también fue encargado de auditar de inmediato las cuentas de la compañía.
El Ministerio Público (MP) y la administración judicial cuestionan la solidez del informe económico-financiero que respalda la adición, señalando debilidades y dependencia de datos proporcionados por la propia Oi.
En paralelo, la jueza reconoció que la empresa puede buscar protección contra acreedores en Estados Unidos, vía Capítulo 11, siempre que eventuales conflictos de jurisdicción sean evaluados durante el proceso. La magistrada también advirtió a la acreedora V.Tal contra el exceso de peticiones, solicitando moderación para no entorpecer el expediente.
La decisión es un capítulo más en el tercer proceso de recuperación judicial de la operadora, que busca renegociar deudas y mantener sus operaciones en medio de una fuerte presión financiera y jurídica.