El Universal Irene Levy
En semanas recientes fuimos testigos de un hecho tan alentador como inusual: tras un amplio proceso de diálogo público a través de diversos conversatorios, la propuesta de Ley de Telecomunicaciones presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue modificada de manera sustancial. La apertura al debate, la escucha a especialistas y la disposición a corregir rumbos generaron un resultado legislativo mucho más respetuoso de la libertad de expresión y de otros derechos fundamentales. Fue una muestra de que la política puede ejercerse con responsabilidad y sensibilidad democrática. Sin embargo, ese logro contrasta de forma dramática con la manera en que se aprobó otro paquete legal de gran calado: la imposición de la CURP biométrica como documento de identificación en todo el país y las discrecionales atribuciones del gobierno para rastrear nuestra información. A diferencia de la #LeyTelecom, esta reforma avanzó sin diálogo, sin explicación técnica y sin garantías, despertando una legítima preocupación ciudadana.
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