El anuncio de la licitación 5G en Paraguay ha revelado una contradicción peligrosa entre el discurso oficial de modernización y las decisiones geopolíticas que podrían condenar al país a un atraso digital estructural. Al imponer requisitos político-diplomáticos que excluyen a proveedores clave como Huawei (siguiendo el modelo de Costa Rica), Paraguay no sólo limita la competencia y encarece el despliegue, sino que sacrifica su soberanía tecnológica en el altar de la geopolítica digital 1. Esta decisión, tomada en un país que ya llega tarde a la revolución 5G, amenaza con profundizar las brechas digitales, económicas y sociales en detrimento del desarrollo nacional.
Paraguay acaba de lanzar una licitación 5G con requisitos político-diplomáticos que en la práctica excluyen a proveedores clave como Huawei.
El presidente Santiago Peña ha presentado la tecnología como “nuestra aliada estratégica” y ha resaltado avances en digitalización, pero el pliego de bases de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contradice ese discurso. En lugar de neutralidad tecnológica, el proceso impone un criterio de “reciprocidad comercial” mediante un informe diplomático para certificar la apertura al mercado paraguayo.
Dado que Paraguay no tiene relaciones con China (reconoce a Taiwán), no existe embajada paraguaya en China que emita ese informe. En la práctica esto descalifica automáticamente a Huawei y ZTE, dos de los mayores fabricantes mundiales de infraestructura 5G. Así, una puja que debiera guiarse por criterios técnicos y económicos queda condicionada por rivalidades geopolíticas.
Contradicción con el discurso presidencial
Santiago Peña ha insistido en que Paraguay busca ser un hub digital y atraer inversión tecnológica. En su informe anual resaltó que “la tecnología se ha convertido en nuestra aliada estratégica” y destacó la construcción de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay.
Sin embargo, la licitación 5G introduce una condición diplomática contradictoria: exigir que el país de origen del fabricante permita a empresas paraguayas participar de sus contrataciones públicas. Este requisito político (no técnico) excluye a Huawei y ZTE porque Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China.
Pese a los anuncios de apertura y modernización, las bases del concurso limitan la competencia y podrían elevar los costos del despliegue de infraestructura y ralentizar el proceso de implementación, mermando la competitividad digital del país. Se crea un puente al revés: buenas intenciones en los discursos, pero condiciones de licitación contrapuestas a esos objetivos.
Paraguay tiene aproximadamente 6.37 millones de habitantes (2024) y un PIB de alrededor de 43,000 millones de dólares 2023 (creció 4-4.7% anual los últimos años) (Wikipedia).
Su economía está basada en la agricultura y la ganadería (soja, maíz, algodón, carne vacuna). También destaca en agroindustria (azúcar, yerba mate, lácteos), manufactura (cemento, textiles, alimentos, madera, acero) y energía hidroeléctrica (represas de Itaipú y Yacyretá) como sectores clave. Todos estos rubros podrían aprovechar el ecosistema 5G para ganar competitividad.
Cada uno de estos casos de uso (agricultura, ganadería, logística, energía o manufactura) aprovecha la alta velocidad, capacidad y baja latencia de 5G para digitalizar y automatizar procesos críticos. Con la adopción industrial de estas tecnologías, Paraguay podría impulsar su desarrollo económico y social y modernizar sus actividades productivas tradicionales con soluciones innovadoras basadas en 5G.
Contexto global y casos similares
El de Paraguay no es un caso aislado. El veto a proveedores chinos en 5G responde a la guerra tecnológica impulsada por la administración Trump (continuada por el gobierno de Joe Biden) contra Huawei.
Varios gobiernos occidentales, siguiendo esas presiones, han prohibido o restringido la participación de Huawei en sus redes 5G. Países como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos e incluso algunos europeos (Dinamarca, Polonia, Rumania, Alemania, Reino Unido, Grecia) han adoptado medidas para vetar los equipos chinos.
En América Latina, Costa Rica ya siguió ese camino: a finales de 2023 el presidente Rodrigo Chaves firmó un decreto que prohíbe que las empresas de telecomunicaciones contraten tecnología china para desarrollar 5G.
La justificación oficial es la ciberseguridad, pero esta exclusión puede dañar el mercado y encarecer la tecnología. En términos de seguridad de infraestructuras críticas, no es la exclusión sino la responsabilidad compartida, la colaboración y la adopción de estándares internacionales lo que realmente puede mitigar el riesgo en las redes.
Costos y pérdidas económicas
Diversos estudios de casas consultoras reflejan el alto costo de excluir a Huawei de los proyectos de 5G. Un informe de Analysys Mason y Ericsson reveló que el costo estimado para instalar 5G en India sería de unos 75,000 millones de rupias (la cifra más alta entre 15 países analizados), precisamente por no contar con proveedores chinos económicos.
En Europa, la consultora Oxford Economics cifró que limitar proveedores clave (Huawei/ZTE) haría subir los gastos anuales de inversión de las operadoras europeas entre 1,400 y 4,500 millones de euros (un aumento de hasta 30% en el CAPEX de 5G).
El mismo estudio proyecta pérdidas para el PIB europeo de hasta 85,000 millones de euros hacia 2035 si se excluye Huawei de 5G. Estos análisis subrayan que la competencia tecnológica es esencial para contener precios: cuantas menos opciones de proveedores (y más caras) dispongan los operadores, mayor será el costo final del servicio, la inversión en redes y el tiempo de despliegue.
La limitación de proveedores eleva precios y afecta la cobertura y la inclusión digital. Los equipos de Huawei y ZTE han sido fundamentales para extender redes en zonas rurales y marginadas, debido a su “relación calidad-costo” especialmente en áreas de difícil acceso.
Si los operadores no pueden usar esa tecnología más económica, tardarán más en alcanzar zonas alejadas, lo cual ampliará la brecha digital. En Paraguay, donde aún falta desarrollar redes fijas y móviles de alta velocidad (la penetración 4G es de 93%), encarecer el despliegue de 5G puede retrasar indicadores clave.
La exclusión de Huawei y otros proveedores chinos conlleva impactos tangibles que Paraguay no puede ignorar. El primero y más evidente es el incremento de costos. Huawei ofrece soluciones hasta 40% más económicas que sus competidores occidentales Ericsson y Nokia. Su exclusión encarecerá el despliegue de redes, un lujo inasumible para un país con limitaciones presupuestarias.
Otro aspecto es el retraso tecnológico, porque Paraguay llega tarde a 5G. La disyuntiva es si llega con la posibilidad de revertir el tiempo perdido o si incluso lo extenderá aún más. Excluir proveedores clave añadiría entre 2-3 años de demora adicional. Mientras Brasil ya cubre 4,200 municipios con altas velocidades 5G, Paraguay ni siquiera inicia operaciones comerciales.
Algunas estimaciones consideran que hasta 70% de la infraestructura 4G regional depende de Huawei, con variaciones por país. Eliminarlo abruptamente obliga a costosas migraciones técnicas y rompe la interoperabilidad con redes existentes, lo cual puede afectar servicios críticos.
Quizá lo más delicado es la dependencia estratégica y tecnológica, porque al rechazar a China, Paraguay se somete a un duopolio tecnológico occidental (Ericsson, Nokia). El país y sus operadores pierden capacidad de negociación y diversificación de proveedores.
Impacto comparativo de exclusiones 5G en América Latina
| País | Enfoque | Cobertura 5G | Proveedores dominantes | Costo de despliegue | |
| Brasil | Neutral | 4,200 municipios | Huawei (45%), Ericsson (54%) | Bajo (hay incentivos) | |
| Costa Rica | Prohibición | Limitada | Ericsson, Nokia | Alto (+30-40%) | |
| México | Mixto | 100 ciudades | Huawei (sur), Ericsson y Nokia (norte) | Medio | |
| Paraguay | Exclusión | 0% | Por definir (sin Huawei) | Estimado: muy alto |
En resumen, la exclusión ralentiza la conectividad nacional, posterga la adopción de servicios avanzados (telemedicina, ciudades inteligentes, transformación digital industrial…) y deja atrás a poblaciones vulnerables. En un país con brecha digital persistente, cada punto porcentual de retraso en 5G tiene implicaciones sociales y económicas importantes.
Impacto en los operadores móviles de Paraguay
La exclusión de proveedores clave como Huawei afecta la política pública y a los usuarios finales, pero representa un desafío directo para los operadores móviles que deberán implementar las redes 5G bajo condiciones de menor flexibilidad tecnológica y mayor presión financiera.
En Paraguay, los principales operadores son Tigo (Millicom), Claro (América Móvil), Personal (Telecom Argentina) y Copaco, la empresa estatal. Todos estos actores han sido fundamentales en el despliegue de redes móviles 3G y 4G en el país, y son quienes están llamados a liderar la transición hacia 5G.
Huawei y ZTE han sido proveedores habituales de infraestructura para varios de estos operadores debido a su alcance regional, tanto en redes de acceso como en sistemas de transporte, core de red y dispositivos. La decisión de excluirlos impone un cambio forzado en sus estrategias tecnológicas y sus cadenas de suministro.
Tigo (operador líder en Paraguay) ha trabajado con Huawei para el despliegue de LTE en zonas rurales de Paraguay, lo cual permitió ampliar cobertura y contener costos. La imposibilidad de seguir utilizando esta tecnología en 5G podría significar mayores inversiones en nuevos equipos, compatibilidad limitada con redes existentes y retrasos logísticos por nuevas integraciones.
Además, los operadores enfrentarán un escenario menos competitivo entre proveedores, lo cual tiende a elevar los precios. Como lo demuestran estudios de Oxford Economics y Analysys Mason, la exclusión de proveedores chinos puede incrementar hasta 30% los costos de infraestructura y reducir la cobertura en las fases iniciales del despliegue.
En un mercado como el paraguayo, caracterizado por márgenes reducidos, escasa densidad poblacional y bajo ARPU (ingreso promedio por usuario, menor a 5 dólares), cada dólar adicional en el CAPEX significa una demora significativa en el retorno de inversión o la imposibilidad de desplegar 5G fuera de las grandes ciudades.
La decisión regulatoria también genera incertidumbre para la planificación estratégica de los operadores. La falta de neutralidad tecnológica implica que las decisiones técnicas ya no dependen de criterios de eficiencia, sino de condiciones diplomáticas externas. Lo anterior introduce un nuevo nivel de riesgo político en la inversión en telecomunicaciones.
En lugar de promover un ecosistema vibrante de innovación y competencia, las restricciones pueden forzar a los operadores a reestructurar sus modelos de despliegue, con menos incentivos para apostar por zonas no rentables o tecnologías emergentes.
En última instancia, serán los operadores los que carguen con los costos de una política diseñada sin su participación activa ni su perspectiva técnica, y los consumidores quienes sufran el impacto en calidad, cobertura y precio del servicio.
Competitividad y neutralidad tecnológica
Exigir criterios geopolíticos rompe el principio de neutralidad tecnológica: la idea de no favorecer a ningún proveedor por su origen. La legislación paraguaya (al igual que la mayoría de los marcos regulatorios) promueve la neutralidad y la competencia efectiva.
En Costa Rica, por ejemplo, la Ley de Telecomunicaciones exige neutralidad tecnológica, de competencia efectiva y optimizar los recursos escasos, principios que quedan vulnerados si se discrimina por país de origen. Aplicar decisiones de seguridad nacional para elegir proveedores implica trasladar la disputa EEUU-China a Paraguay o cualquier otro territorio, en lugar de enfocarse en factores técnicos, económicos y de servicio al usuario.
Las autoridades paraguayas deberían cuidar que su política no derive en proteccionismo ni en exclusión de la inversión privada. Decisiones fundamentadas en intereses extranjeros (el “destino manifiesto digital” de Estados Unidos) pueden tener el costo de frenar la innovación local, la transformación digital industrial y el ecosistema 5G.
En cambio, la competitividad exige condiciones claras y equitativas: que cualquier empresa con la mejor tecnología y precio gane, sin cuotas ni vetos políticos.
Brasil: modelo regional
El vecino de Paraguay, Brasil, ofrece un modelo más equilibrado. En 2021 su licitación 5G recaudó 8,400 millones de dólares sin prohibir proveedores y con obligaciones de cobertura. El proceso buscó maximizar la inversión y la competencia: otorgó bloques de espectro a varios operadores (Claro, Vivo, TIM y nuevos entrantes regionales) y destinó la mayor parte de la recaudación a desplegar infraestructura.
Según Conexis Brasil Digital, “90% de los casi 47,000 millones de reales serán inversiones… por lo que podremos tener más dispositivos conectados con 5G en menos tiempo que otros países”. Además, la licitación brasileña permitió la entrada de seis nuevos jugadores al mercado, lo cual permitió ampliar la competencia local. Al poco tiempo, el propio mercado ajustó el número de nuevos competidores, precisamente quienes no pudieron hacerse cargo del espectro y sus inversiones.
Brasil puso énfasis en cobertura: la red 5G debía llegar a las principales capitales en 2022 y cubrir la mayor parte del territorio antes de 2028. La estrategia ha sido cuidar los precios del espectro y atar inversiones a proyectos sociales (antenas para televisión rural, conectividad escolar, Internet en las carreteras, una red para seguridad pública…), en lugar de castigar a un proveedor.
En la región, el modelo brasileño se considera exitoso y replicable: condiciones claras, neutralidad tecnológica y bajo precio del espectro estimulan el despliegue masivo. La evidencia es clara: Brasil lidera en velocidad de banda ancha móvil en América Latina con 222 Mbps, en tanto que la velocidad de Internet móvil en Paraguay es de apenas 22.35 Mbps.
Los resultados hablan por sí solos: 24 millones de conexiones 5G, cobertura en 88% de la población y una contribución proyectada de 26,000 millones al PIB para 2030. Paraguay eligió un modelo similar al costarricense que muestra limitaciones en cobertura y asequibilidad.
Paraguay se enfrenta al riesgo de retrasarse aún más en su desarrollo 5G. El Plan Nacional de Telecomunicaciones 2021-2025 aspiraba a cubrir 511 localidades con 5G en 2024 (30%) y más de 1,000 para 2025, pero vetar tecnología clave puede convertir esas metas en promesas incumplidas.
Hacia una soberanía digital paraguaya
Más allá de la coyuntura política, el país debe privilegiar su propio crecimiento a largo plazo: conectividad, innovación y reducción de brechas. La neutralidad tecnológica es una condición de eficiencia: permite acceder a la mejor oferta global y a precios competitivos.
Paraguay debería evitar decisiones tecnológicas basadas en la geopolítica de terceros y seguir el ejemplo de países vecinos que apostaron por la apertura y la competencia. De lo contrario, las buenas intenciones de fomentar la transformación digital terminarán siendo contrarrestadas por las malas decisiones de la licitación, con costos adicionales para consumidores y para la competitividad futura de Paraguay.
Paraguay debe corregir el rumbo urgentemente. Reconocer y suspender exclusiones arbitrarias, porque las decisiones deben basarse en evaluaciones técnicas de ciberseguridad, no en presiones geopolíticas. Si existen vulnerabilidades, deben mitigarse mediante estándares internacionales verificables.
Por su cercanía y relación comercial, Paraguay puede adoptar el modelo brasileño, el cual se fundamenta en priorizar obligaciones de inversión sobre pagos por espectro, obligaciones de hacer (cobertura) con plazos mensurables y flexibilidad financiera para operadores. Recientemente, el país sufrió vulnerabilidades en ciberseguridad. Si Paraguay está interesado en proteger sus infraestructuras críticas, transacciones, privacidad, datos y a su población de eventos maliciosos, el gobierno puede desarrollar un marco de ciberseguridad soberano en alianza con todos los actores (públicos, privados, académicos, organismos internacionales) involucrados en el ecosistema digital de Paraguay. Todos estos protagonistas pueden ayudar a evaluar riesgos reales, no nacionalidades de proveedores.