Abranet propone ajustes a nueva regulación de los proveedores de Internet en Brasil
En respuesta a la Resolución de Anatel que instituyó un plan nacional para combatir la competencia desleal y la informalidad en el mercado de banda ancha fija, la Asociación Brasileña de Internet (Abranet) publicó un documento técnico en el que exige transparencia, coherencia regulatoria y una fase de transición adecuada para la regularización de las Prestadoras de Pequeño Porte (PPP).
La entidad reafirma su apoyo a los objetivos del plan, pero advierte que su implementación, si no es debidamente reglamentada, podría tener efectos perjudiciales sobre miles de empresas legalmente constituidas; la misma posición fue manifestada por Abrint.
El centro de la crítica está en la suspensión cautelar del artículo 13 del Reglamento General de Licencias (RGO), que eximía de la exigencia de licencia a las empresas con hasta 5,000 accesos que utilizasen redes confinadas o equipos de radiocomunicación de radiación restringida.
Según Abranet, esta norma, aunque objeto de críticas, fue consolidada a lo largo de años, y su revocación inmediata, sin procedimiento regulatorio ni espacio de adaptación, representa una ruptura de la previsibilidad.
Datos del mercado y volumen de licencias
La posición de Abranet se basa en datos de la propia agencia: el Servicio de Comunicación Multimedia (SCM) es, por mucho, el servicio con mayor número de licencias emitidas por Anatel. La comparación con otros servicios revela la disparidad entre el SCM y los demás servicios fijos regulados, como la telefonía fija (STFC) y la televisión por suscripción (SeAC).
En 2025, el SCM alcanzó la marca de 13,218 licencias activas, mientras que el STFC sumaba 1,674 y el SeAC, 1,539. Es decir, el SCM concentra hoy más de 11,500 licencias adicionales respecto a los otros dos servicios fijos juntos, un volumen que evidencia el peso específico de este mercado en el ecosistema de telecomunicaciones.
A juicio de Abranet, estos números prueban que cualquier cambio regulatorio sobre el SCM, especialmente en lo relativo a licencias, tiene un impacto estructural sobre el sector, afectando a miles de empresas que operan bajo el marco normativo vigente desde 2010. La asociación recuerda que la mayoría de estas prestadoras son de pequeño porte, muchas de ellas actuando en regiones de bajo IDH y sin cobertura de las grandes operadoras.
“Es evidente que la cantidad de prestadoras de pequeño porte que pueden verse afectadas por cambios regulatorios es muy significativa”, afirma el documento.
Al presentar estos datos comparativos, Abranet no solo argumenta, sino que demuestra técnicamente que la suspensión de la dispensa de licencia en el SCM, aunque legítima como medida para combatir la informalidad, no puede tratarse como una intervención puntual, sino como una reestructuración de alcance nacional, que exige una fase de transición, regulación detallada y participación efectiva del sector.
Abranet reconoce que la dispensa de licencia generó asimetrías, así como el uso del Simples Nacional y la exención de obligaciones como el Fust y el RGC, lo que ha distorsionado la competencia.
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No obstante, subraya que el combate a esas distorsiones debe realizarse sobre la base de normas claras, calibradas con la realidad operativa del sector, y tras un diálogo abierto con los actores involucrados.
Entre las propuestas concretas presentadas, se destacan:
- Definir ventanas de transición normativa, con plazos escalonados y proporcionalidad en las exigencias.
- Evitar la asociación automática entre PPPs e informalidad, preservando la imagen de las empresas regulares hasta que se compruebe alguna infracción.
- Establecer criterios objetivos para la aplicación de sanciones y una comunicación clara sobre los requisitos de regularización.
- Detallar los procedimientos de fiscalización y del canal nacional de denuncias, con garantías a la integridad reputacional de los empresarios hasta la conclusión de eventuales procesos administrativos.
La entidad también critica el hecho de que el plan ya tenga efectos vinculantes sin haber pasado por consulta pública ni análisis de impacto regulatorio, en desacuerdo con los principios de la Ley nº 13,848/2019, que rige el proceso decisorio de las agencias reguladoras.
“Las acciones resultantes ya están establecidas y pueden tener efectos perjudiciales en el mercado si no se detallan y reglamentan con el debido diálogo”, sostiene la asociación.
Para Abranet, el objetivo de frenar la actuación clandestina en el sector es legítimo, pero debe lograrse sin comprometer la continuidad de las operaciones de las empresas que han hecho posible, durante décadas, la expansión del acceso a internet en regiones desatendidas.