¿Otra carga… para quién, por qué y con qué evidencia?
En algunos países de América Latina y el Caribe (ALC) ha vuelto a sonar un tema viejo. El mal llamado “fair share” -nombre tendencioso para una propuesta con consecuencias negativas para los usuarios, la innovación y el desarrollo del ecosistema de Internet.
Desde la Alianza por una Internet Abierta, una coalición que une diversas voces del ecosistema digital de ALC queremos hablar claro: no se trata de una “contribución justa”, sino de una medida regresiva y perjudicial para el ecosistema digital.
Antes de imponer reglas que la evidencia ha demostrado que no funcionan, lo que corresponde es solucionar los problemas de siempre que afectan al sector
telecomunicaciones, como el alto precio del espectro radioeléctrico y la complejidad de los procesos de autorizaciones para prestar servicios. Estos problemas son complejos y exigen soluciones integrales, no respuestas simplistas, como las tarifas de red.
¿Dónde están hoy los verdaderos desafíos?
El desafío principal en la conectividad ya no es la cobertura. Más de 94% de la población latinoamericana vive en zonas con señal móvil, pero más del 30% no utiliza el servicio.
Por otra parte, 6% que resta cubrir es el más difícil: zonas rurales o remotas, donde los satélites LEO y los pequeños ISP que cubren la última milla tienen un rol clave.
La brecha que persiste es de usabilidad. Resolverla requiere servicios y dispositivos más asequibles, expandir contenidos relevantes, fortalecer habilidades digitales, generar confianza y mejorar la experiencia del usuario.
Imponer nuevas cargas que puedan limitar el acceso a contenido, frenar la innovación y fortalecer los monopolios en la última milla, va en sentido contrario a lo que necesitamos para cerrar la brecha digital que persiste.
¿Quiénes han sido clave para cerrar esa brecha?
Todos los actores del ecosistema digital tienen un rol importante.
Los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (CAPs) han desarrollado plataformas educativas, redes sociales, herramientas para pymes, contenidos en idiomas locales y
servicios financieros digitales. Estudios recientes (Katz, 2024) demuestran que el video on demand (VOD) impulsa la adopción de banda ancha, especialmente en hogares de menores ingresos.
Los CAPs ayudan a dinamizar la demanda, crean empleo e invierten masivamente. En la última década se destinaron más de 883 mil millones de dólares a infraestructura digital global: redes de distribución de contenido, cables submarinos, Centros de Datos y fibra óptica. A esto se suma su inversión en herramientas como la Nube y la Inteligencia Artificial,
que también potencian las telcos, así como en contenidos, aplicaciones y servicios digitales.
¿Qué pasa con el tráfico y la inversión?
Diversos estudios —como el de BEREC y el de Analysys Mason— muestran que el aumento del tráfico no implica un aumento proporcional en los costos. Según la consultora SMC (2025), la inversión anual CAPEX de los operadores en Latam se mantiene estable en torno a los 11.000 millones de dólares.
Se espera que las inversiones aumenten, pero a menor ritmo que el tráfico, por lo que la inversión por exabyte caería de 165 a 62 millones de dólares. La relación inversión/ingresos pasaría del 20% (2016-2018) al 14% en 2030.
En ALC, 84% del tráfico es fijo, no móvil, y el costo marginal de las redes fijas tiende a la baja gracias a la eficiencia tecnológica, el caching y los acuerdos voluntarios.
Por otro lado, hoy, 99.9996% de los acuerdos de interconexión (peering) se hacen por consenso de las partes. No hay falla de mercado, asimetrías, ni crisis de sostenibilidad.
¿Qué muestran los datos económicos?
Como informa SMC, con base en información pública y de la GSMA, los ingresos de los operadores móviles en ALC crecieron de 67 mil millones en 2016 a 85 mil
millones de dólares en 2024.
El ARPU aumentó y los márgenes EBITDA se mantuvieron robustos, superando 35% para los principales operadores. La sostenibilidad del sector depende de su capacidad de transformación, lo cual implica generar nuevas fuentes de ingreso a través de la consolidación, mejoras en eficiencia y también mediante la reducción del costo del espectro y de cargas regulatorias innecesarias.
En este contexto, las TIC aportan valor al ecosistema al generar ahorros, habilitar nuevos casos de uso, optimizar las operaciones, agilizar el mantenimiento de las redes y mejorar la experiencia del usuario.
¿Y qué implican las tasas de red?
- Doble cobro. Cobrar a los CAPs por un tráfico que ya pagan los usuarios es como si una empresa eléctrica cobrara a los fabricantes de lavarropas por la energía que usan las familias.
- Intervención innecesaria. El ecosistema digital y los acuerdos de peering funcionan gracias a sinergias, colaboraciones y relaciones simétricas.
- Riesgos reales. Se afectaría la neutralidad de red, la diversidad, la competencia y la libertad de elección del usuario. Podría fortalecerse el monopolio de los operadores en la última milla y aumentar el costo para los usuarios.
- Precedente fallido. En Corea del Sur —el único país que implementó una medida similar— bajó la calidad del servicio y se limitó la competencia.
¿Quién ganaría con las tasas de red?
Nadie. Perderían los pequeños ISP, los desarrolladores, las plataformas emergentes y, sobre todo, los usuarios. Las tasas distorsionarían los incentivos, dificultarían el peering y el caching y romperían el delicado equilibrio que ha permitido el desarrollo del ecosistema, afectando también a los propios operadores.
¿Qué necesitamos entonces?
Impulsar la colaboración, los acuerdos voluntarios, la regulación inteligente y evitar repetir experimentos fallidos. El ecosistema digital de América Latina ha progresado gracias a la colaboración y al consenso. Repetir errores ajenos sería dar un paso atrás. Lo que necesitamos es más innovación, más cooperación e impulsar el desarrollo.