El Economista Marco A. Mares
El gobierno no debe tener concesiones comerciales ni competir directamente en el mercado minorista.
La participación del Estado, en la provisión de servicios de telecomunicaciones, está limitada a esquemas sin fines de lucro, para garantizar el acceso donde el mercado no ha sido suficiente.
Tal limitación no es arbitraria, deriva de principios constitucionales, como la neutralidad competitiva y criterios regulatorios que reconocen que el uso de recursos públicos para fines comerciales, puede generar distorsiones en el mercado.
En consecuencia, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión –que está próxima a ser analizada, discutida y votada en periodo extraordinario de sesiones– no debe prever el otorgamiento de concesiones comerciales al Ejecutivo para que compita directamente en el mercado minorista.
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