Multa a Oxxo y Telcel: desesperación regulatoria, estrangulación a la innovación e incertidumbre para invertir
De forma tardía, inoportuna y sin bases sólidas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió una multa en contra de Telcel por 1,782.6 millones de pesos, por supuestas prácticas monopólicas relativas, en lo que parece ser más un último intento de proyectarse como un órgano regulador efectivo, que por buscar el buen funcionamiento de los mercados.
Este intento llega de forma tardía y poco cuidadosa para el delicado entorno político presente y la compleja transición regulatoria que atraviesa el sector.
Ahora impone una multa desproporcionada y sin justificación a uno de los operadores del sector, cuando debería estar enfocado en mantener la estabilidad del mercado ante los cambios propuestos por la nueva ley.
Según el IFT, Telcel otorgó incentivos y beneficios a Oxxo, la cadena de comercio minorista más grande del país, a IMMEX y un canal de distribución indirecto para no comercializar tarjetas SIM de sus competidores a nivel nacional. Supuestamente, la conducta se acreditó entre enero de 2021 y enero de 2024.
La investigación fue iniciada a través de una denuncia de un competidor de Telcel. Aunque el Instituto no revela el nombre del denunciante, Telefónica es uno de los competidores que había señalado abiertamente que algunos canales de distribución ofrecían condiciones diferentes para el Agente Económico Preponderante (AEP) en comparación con otros operadores en la venta de SIMs y otros servicios.
En caso de ser Telefónica, es público y notorio que ese Operador Móvil Virtual ha limitado sus inversiones, cadenas de distribución y tiendas de atención al cliente.
La investigación, iniciada el 2 de agosto de 2021, se extendió por casi cuatro años hasta su resolución en junio de 2025, superior al periodo original que había sido establecido por el propio Instituto cuando publicó el aviso en el Diario Oficial de la Federación.
Originalmente, la investigación debía resolverse en no más de 120 días hábiles, con posibilidad de ser extendido hasta por cuatro ocasiones. ¿Por qué el regulador demora tanto en sus indagaciones pero sí hace cálculos políticos al hacer públicas sus resoluciones?
La decisión tomada por el órgano autónomo es nuevamente inoportuna. Se implementa en un momento en el cual la estructura regulatoria del sector está transitando por cambios relevantes, incluida la desaparición del propio Instituto, y por tanto, la redistribución de sus facultades entre nuevas oficinas públicas dependientes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la futura oficina antimonopolios.
Bajo este contexto, decisiones como la anunciada abonan al ambiente de incertidumbre que se registra en el sector, al considerar que aún falta la definición final sobre quién exactamente estará a cargo de las facultades actuales del Instituto.
Lo anterior, sin mencionar que también fueron renovados los Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión con motivo de la reforma y elección judicial del pasado 1 de junio, donde seguramente se dirimirá la sanción.
Los futuros pasos a tomar en el proceso en contra de Telcel, como litigios de defensa de los involucrados y la decisión final sobre el mismo, serán definidos por una instancia diferente, en conjunto con otros asuntos pendientes del Instituto.
Evidentemente, los involucrados negaron haber cometido alguna práctica indebida. Telcel acusó que la “investigación se caracterizó por el actuar parcial y carente de pruebas por parte de la Autoridad Investigadora del IFT”, por lo que utilizaría todos los medios de defensa a su alcance contra un “abusivo” proceso de investigación y una multa “arbitraria”.
La cadena de tiendas Oxxo también aclaró que la conclusión del órgano regulador no refleja su negocio, el cual cuenta con una “oferta amplia, diversificada y abierta” con más de 20 proveedores de tiempo aire y la venta de SIMs de cuatro operadores.
La multa sienta un precedente de incertidumbre en la formación de alianzas comerciales entre operadores y cadenas de distribución para ampliar la disponibilidad de acceso a SIMs, recargas y muchos otros servicios digitales, cada vez más utilizados por la población.
Un comercio que realiza la venta de SIMs de cierto proveedor con gran demanda entre sus consumidores, podría ser investigado y erróneamente multado aun cuando no se trate de un acuerdo de exclusividad o una acción deliberada para limitar la venta de otros proveedores.
Además, no hace falta una investigación exhaustiva para darse cuenta que existen infinidad de comercializadores de tarjetas SIM, incluidas tiendas de conveniencia competidoras de Oxxo. Tampoco requiere esfuerzo regulatorio saber que el usuario toma decisiones libres, racionales y en función de sus intereses económicos.
Esta situación genera cautela entre los minoristas, quienes podrían optar por limitar su oferta de productos para evitar posibles litigios o multas, afectando negativamente la innovación y la disponibilidad de servicios para los consumidores y frenando la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones.
En ese sentido, una decisión regulatoria poco cuidadosa limita la libertad de los comercios para realizar promociones conjuntas con los proveedores de servicio, que permitan impulsar la venta de SIMs y otros servicios de telecomunicaciones, en beneficio de los consumidores con menores precios y mejores condiciones como parte del proceso de competencia económica por llevar la mejor oferta al mercado.
Además, se debe considerar que existen una amplia disponibilidad de canales de distribución para la adquisición de SIMs, desde grandes cadenas minoristas hasta tiendas y kioskos que amplían la accesibilidad para la compra de este producto.
La Unidad Investigadora del IFT debió considerar la participación que tendría una cadena como Oxxo sobre la distribución total de SIMs, dentro de los múltiples canales de distribución a disponibilidad de consumidores y proveedores del servicio de telecomunicaciones.
La multa impuesta a Telcel podría ser interpretada como un intento desesperado por reafirmar su autoridad. Sin embargo, esta acción reciente en lugar de consolidar su posición, podría generar incertidumbre para la inversión y un ambiente desafiante de crecimiento para los futuros actores regulatorios.
El Instituto demostró que no fue capaz de leer el ambiente político cuando emitió una convocatoria para la futura licitación de espectro radioeléctrico que muy probablemente no iba a poder llevar a término, además de los múltiples cambios que se proponían para los procesos de adjudicación.
Tras haber hecho una defensa débil y poco convincente de su autonomía frente a las propuestas del Ejecutivo Federal para la desaparición de los órganos autónomos, el IFT ahora pareciera estar buscando formas de justificar su existencia y demostrar su relevancia como regulador del mercado de telecomunicaciones en México.
En última instancia, esta medida podría obstaculizar el proceso natural de llevar la mejor oferta al mercado, resultando en una menor diversidad de opciones y, potencialmente, en un aumento de los costos para los usuarios finales.
Por ello, se requiere que cualquiera de las decisiones finales que tome el IFT se ejecuten con una visión integral, considerando no sólo los objetivos inmediatos, también las repercusiones a largo plazo en la economía y el bienestar de los consumidores, además de facilitar una transición fluida al siguiente conjunto de reguladores.