La Comisión Europea acusó a X de engañar a sus usuarios con la marca azul de “cuenta verificada”, pues cualquier persona puede pagar por tenerla y ello afecta la libertad de tomar decisiones sobre la autenticidad de las cuentas.
“En primer lugar, X diseña y explota su interfaz para las ‘cuentas verificadas’ con la ‘marca de control azul’ de una manera que no se corresponde con la práctica del sector y engaña a los usuarios.
“Dado que cualquier persona puede suscribirse para obtener este estado ‘verificado’, afecta negativamente a la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan”, advirtió la Comisión Europea.
Dijo que existen pruebas de que agentes malintencionados motivados abusan de la “cuenta verificada” para engañar a los usuarios.
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Además, la Comisión Europea acusó que X no respeta la transparencia requerida en materia de publicidad, ya que no proporciona un repositorio de anuncios publicitarios fiable y accesible, sino que establece características de diseño y barreras de acceso que hacen que el repositorio no sea apto para su finalidad de transparencia con respecto a los usuarios.
En particular, dijo, el diseño no permite la supervisión y la investigación necesarias de los riesgos emergentes derivados de la distribución de publicidad en línea.
Asimismo, señaló que X no proporciona acceso a sus datos públicos a los investigadores en consonancia con las condiciones establecidas en la Ley de Servicios Digitales. En particular, agregó, X prohíbe a los investigadores elegibles acceder de forma independiente a sus datos públicos, como se indica en sus condiciones de servicio.
Además, el proceso de X de conceder a los investigadores elegibles acceso a su interfaz de programación de aplicaciones (API) parece disuadir a los investigadores de llevar a cabo sus proyectos de investigación o no les deja más opción que pagar tasas desproporcionadamente elevadas.
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“La Comisión informa a X de su opinión preliminar de que incumple la Ley de Servicios Digitales. Esto se entiende sin perjuicio del resultado de la investigación, ya que X tiene ahora la posibilidad de ejercer su derecho de defensa”, señaló la Comisión Europea.
Si finalmente se confirmaran los puntos de vista preliminares de la Comisión, esta señaló que adoptaría una decisión de incumplimiento en la que declararía que X infringe los artículos 25, 39 y 40 (12) de la Ley de Servicios Digitales.
Tal decisión podría implicar multas de hasta el 6 por ciento del volumen de negocios total anual mundial del prestador y ordenar al proveedor que adopte medidas para hacer frente a la infracción. Una decisión de incumplimiento también puede dar lugar a un periodo de supervisión reforzado para garantizar el cumplimiento de las medidas que el proveedor se propone adoptar para subsanar la infracción.
La Comisión también puede imponer multas coercitivas para obligar a una plataforma a cumplir.