Corte en Brasil veta licencia ambiental para implementación de estaciones base
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La ministra del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Cármen Lúcia, votó a favor de la inconstitucionalidad de las leyes estatales de Bahía que exigen una licencia ambiental para la instalación de estaciones radio base (ERB) de telefonía celular en el estado.
La ministra reconoció en su relatoría una interferencia en la competencia de la Unión y de la Anatel (Agencia Nacional das Telecomunicaciones) para autorizar la implementación de infraestructura de telecomunicaciones.
La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7509 fue presentada por la Acel (Asociación Nacional de Operadoras Celulares) en noviembre de 2023 y el STF comenzó a votar el tema el 22 de marzo. Casos similares ya han sido vetados anteriormente por el Tribunal, como el municipio de Guarulhos, en São Paulo, y el estado de Manaus.
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La Acel argumenta que el decreto estatal y la resolución del CEPRAM (Consejo Estatal del Medio Ambiente) de Bahía perjudican la organización y la explotación de los servicios de telecomunicaciones a nivel federal. La Ley 13.116/2015, que establece las normas para el licenciamiento e instalación de infraestructura de telecomunicaciones, dice en el § 3º del Art. 4º que:
“La regulación y fiscalización de aspectos técnicos de las redes y los servicios de telecomunicaciones es competencia exclusiva de la Unión, quedando prohibido a los estados, municipios y al Distrito Federal imponer condicionamientos que puedan afectar la selección de tecnología, la topología de las redes y la calidad de los servicios prestados”.
La Acel también solicitó la suspensión inmediata de los ítems impugnados, ya que, a pesar de contar con la licencia federal emitida por la Anatel, las normativas han generado multas y sanciones a los operadores de telecomunicaciones. El tribunal tiene plazo hasta el 3 de abril para el fallo, así como para el voto de los demás ministros.
Vale la pena señalar que Jerônimo Rodrigues, gobernador de Bahía, defendió que la acción no fuera admitida y el presidente del Consejo Estatal del Medio Ambiente no proporcionó información sobre el caso. Por otro lado, la Procuraduría General de la Unión (PGU) y el Procurador General de la República se manifestaron a favor de conceder la medida cautelar solicitada por Acel y de la procedencia de la ADI.