Plataformas: ¿es el tiempo de la regulación?
Las Plataformas de Intermediación de Servicios han aportado al desarrollo económico de América Latina.
Han ayudado tanto a miles de familias a generar ingresos de forma segura y digna frente a situaciones complejas como el desempleo, así como también a cientos de miles de restaurantes que se han apoyado en las plataformas para aumentar sus ventas y, con ello, mejorar las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras.
Las aplicaciones han mejorado nuestra movilidad, dejando atrás el en ocasiones inseguro sistema de transporte público.
Las plataformas llegaron para quedarse, de ello no debemos tener dudas.
Los millones de usuarios a lo largo del mundo dan cuenta de la necesidad y de los nuevos estándares de servicio de sus usuarios y consumidores.
Sin embargo, la política pública ha mirado con distancia todo este proceso de instalación de este mercado de plataformas sin haber logrado encontrar aún el modelo regulatorio que permita la consolidación de la industria, por un lado, y la protección y seguridad de la actividad, por el otro.
Es esta falta de regulación la que ha generado conflictos, problemas e incluso incidentes en distintos países de nuestra región.
Existe una sensación de falta de justicia o un aparente desequilibrio en las reglas del juego entre actores.
De esta sensación de falencia o de asuntos pendientes debemos hacernos cargo todos quienes somos parte de esta industria, pero principalmente gobiernos, organismos internacionales, gremios empresariales y, por supuesto, expertos y académicos.
Antes de entrar en el área chica, permítanme un solo comentario.
La receta infalible no existe, es decir, lo que sirvió en un lugar no servirá necesariamente en otro.
Esto es por la diversidad de realidades y contextos nacionales, pero lo es también porque se trata de la primera regulación de estas actividades y, por lo tanto, no podemos pretender que sea la definitiva, la más completa y menos aún la perfecta.
Sin embargo, tenemos la posibilidad de avanzar y trazar un camino para lograr la tan ansiada certeza jurídica que permita a la industria seguir desarrollándose, brindando la tranquilidad a los estados, usuarios, restaurantes, conductores y repartidores.
Hace unos días, y después de más de ocho años de tramitación, el Parlamento chileno despachó la llamada Ley EAT, que crea las Empresas de Aplicaciones de Transporte, regulando además el servicio que ellas prestan.
Esto se suma a la Ley de Garantías Básicas que regula el trabajo en plataformas y que busca brindar seguridad y protección social, reconociendo al mismo tiempo que se trata de una actividad autónoma y flexible, cambiando el foco de la laboralidad a una mirada de sostenibilidad de la industria.
Se trata de uno de los pocos países en el mundo y el primero de América Latina en contar con estas regulaciones.
Cada país debe encontrar su propia solución para su propia realidad industrial y regulatoria, de eso no hay dudas; pero si de algo sirve la experiencia chilena es que menos es más, que debemos escuchar a los conductores y repartidores al momento de fijar criterios y que estas leyes serán las primeras normas y reglas para una industria que seguirá creciendo y desarrollándose.
Debemos pensar en normas que se vayan adaptando y ajustando a la realidad que, como sabemos, es y será cambiante.