Que nueve de cada diez antenas de telecomunicaciones instaladas en Bogotá tengan visos de ilegalidad suena absurdo. Pero así lo asegura la Personería, basada en un estudio propio. Semejante afirmación debe estar bien sustentada, o de lo contrario contribuiría a la misma desinformación que por años ha acompañado el debate alrededor de estas estructuras, tan necesarias como polémicas de cara a la ciudadanía. El caso más reciente es el de los residentes del barrio Chicó Navarra, que se han opuesto a la instalación de una de ellas en la esquina de un parque, no obstante contar con todos los permisos.
Décadas atrás, el fenómeno de las antenas no era tan denso. Se instalaban para operaciones básicas, sin que mediaran protestas ni se apelara a posibles daños colaterales por su ubicación en sectores residenciales. Pero, con el pasar de los años, la irrupción de nuevas tecnologías y una extraordinaria demanda por servicios de telefonía móvil (el número de usuarios pasa de 50 millones en el país), se ha hecho imperioso que las empresas expandan su servicio. Y para ello deben contar con una amplia red de antenas que, por demás, no se pueden ubicar en cualquier sitio si se quiere mayor efectividad.
Por el otro lado está la gente, que, con justa razón, no entiende que un espacio público o el frente de su casa o la terraza de su edificio deba exhibir un armatoste de estos. A todo ello se suman mitos y especulaciones sobre los efectos nocivos que tales dispositivos producen en la salud y suelen aparecer con cada protesta, como la más reciente en Bogotá. Aunque no hay estudios concluyentes, la Corte Constitucional ha dicho que se debe tener precaución para hacer frente a posibles consecuencias en la salud. En regímenes totalitarios, incluso han arrasado con antenas parabólicas por considerarlas ‘inmorales’.
Bogotá tiene una antena por cada 1.600 habitantes; para una mejor conectividad requerirá tener una por cada 731 habitantes.
En el fondo, se trata de dos reclamaciones válidas: la de los operadores, que deben garantizar un servicio de telefonía eficaz, como se lo exige la ley, y la de las personas que velan por el bienestar de su comunidad y su entorno. Y es ahí donde radica el problema, pues las antenas no parecieran tener un ente que las controle a cabalidad, y hay tantas normas para su operación como municipios tiene el país. De ahí que la Personería haya exigido, en el caso de Bogotá, mayor responsabilidad a las alcaldías locales y el propio Distrito, que ha reconocido que alrededor de 2.500 antenas están hasta ahora en proceso de legalización, para lo cual tienen tres años.
Encontrar el justo medio en este debate es tarea que compete al Estado, en armonía con las autoridades municipales. Hace un año, en el país se contabilizaban 15.000 antenas. Para que la cobertura sea ostensiblemente mejor, de cara a los avances de tecnologías 4G y 5G, se requieren unas 10.000 adicionales. Bogotá, según la Secretaría de Planeación, tiene hoy una antena por cada 1.600 habitantes, mientras que Tokio cuenta con una por cada 99. La capital requerirá en el futuro una por cada 731 habitantes. Por eso, si no se actúa con celeridad, con reglas de juego claras y en consenso con los ciudadanos que reclaman un espacio libre de estructuras invasivas, saldrían perdiendo todos.