Un Día de las Telecomunicaciones con poco festejo: sin marco legal, hay lento avance en conectividad
iProfesional – Andrea Catalano
Será un nuevo Día internacional de las Telecomunicaciones, el cuarto de la gestiónCambiemos. En estos años se produjeron muchos cambios en materia regulatoria. Aún así, hay muchos pendientes.
El camino de los decretos elegido por el Gobierno para introducir transformacionesno fue reemplazado por la sanción de marcos legales nuevos, incluso cuando setransita un período de convergencia y pese a que durante dos años se realizaronrondas de consultas con ese objetivo.
Al no avanzar en aspectos básicos, que ya deberían estar establecidos, tampoco sepuede dar el paso siguiente: discutir sobre la privacidad de las personas, losimpuestos a los servicios digitales, la tensión entre medios y redes sociales, y laprecariedad laboral que surge de las plataformas, que en el mundo ya forman partede los grandes debates.ADVERTISING
Los especialistas del sector en materia regulatoria coincidieron en que la falta dedefinición en materia de espectro es el principal pendiente de esta gestión. Y quehasta tanto no haya claridad en este punto no se podrán determinar las políticas quele siguen.
Desde el Gobierno ponen el acento en la transformación digital que se lleva adelanteen el Estado, no sólo a través de la despapelización y digitalización de gran parte delos trámites que realizan los ciudadanos, sino también a partir del desarrollo deaplicaciones del Estado y el desarrollo de ciudades inteligentes.
Según los datos oficiales ya hay más de 1.600 municipios conectados –sobre unos2.200- que cuentan con una batería de más de 4.400 herramientas digitales quepermiten dar servicios al 79% de la población del país.
En materia de conectividad, a finales de 2018 habían 8,5 millones de banda anchafija, con una velocidad promedio de 16 Mb, y un objetivo de llegar a finales de esteaño con 9 millones de conexiones de 20 Mb de velocidad promedio, tal como loexpresó el vicejefe de Gobierno, Andrés Ibarra, durante las jornadas de Smart City,que se realizaron a finales de este mes.
El espectro es el insumo básico del sector de las telecomunicaciones, de la sociedaddigital. La Argentina amplió el tope en los últimos años, pero aún está lejos de lo querecomienda la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT). Su mayordisponibilidad implica mejor calidad de servicio para los usuarios.
En números es así: en la Argentina se han adjudicado 390 MHz de espectro, porencima de los 369,9 MHz que tiene la región, pero detrás de Brasil, México, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay y Perú, de acuerdo a datos de 5G Américas. Muylejos de los 1.300 MHz recomendados por la UIT para 2015, ni qué hablar de los 1960MHz vislumbrados para 2020.
Definir la hoja de ruta
“El tema pendiente número 1 es el de espectro. Definir qué van a hacer con el deARSAT porque se trata de un recurso que podría estar disponible para que haya unamejor calidad de servicio. A esto se suma la ventanilla única para la instalación deantenas. Falta la implementación de parte del Enacom (Ente Nacional deComunicaciones) que permitirá gestionar lo que ocurre en el país”, dijo aiProfesional, Carolina Limbatto, analista principal para Americas CullenInternational.
La Argentina nunca definió un Plan Nacional de Espectro, promesa incumplida desucesivos gobiernos. Ni siquiera ahora, que ya cuenta con un trabajo realizado por laconsultora BlueNote, especializada en telecomunicaciones, y contratadaespecíficamente para ello, han trascendido los detalles.
“El plan de espectro no está publicado. No se sabe qué bandas se van a usar, porejemplo para 5G, y de ese modo tampoco se puede saber si hay que limpiarfrecuencias, o definir migraciones de servicios. Tenerlo hecho y no publicarlo notiene sentido”, añadió Limbatto quien recordó que Colombia y México no sólo yatienen este mapa elaborado sino que, además, actualizan cargos o decisiones cuandocorresponde, y simplifican aspectos del marco regulatorio a fin de dinamizar alsector.
“Falta el plan que contemple el esquema de atribuciones y asignaciones. A partir deeso se pueden establecer la cuestiones regulatorias relativas como qué tipo debandas se asignarán, cuánto se va a dar, cómo evolucionarán los topes, qué canalización se usará. Esto lleva a otros temas como otorgarle mayor previsibilidadal sector”, sostuvo, por su parte, Juan Ignacio Crosta, director de BlueNote.
En la misma dirección se expresó el presidente de la Cámara de Empresas deInternet (CABASE), Ariel Graizer, para quien los pendientes más importantes sonviejos y básicos.
“Una tiene que ver con la portabilidad de fijos, que es algo que está recontra frenadoy debería liberarse. El otro aspecto es la liberación de frecuencias para que Pymes ycooperativas podamos operar en servicios móviles. Más allá de CATEL, el reguladorno interviene lo suficiente para obligar a las móviles a hacer ofertas que seanválidas, con lo cual la movilidad está condicionada”, aseveró.
La portabilidad es la posibilidad de que los abonados a la telefonía fija, y que hoyestán sujetos a recibir el servicio de una de las dos compañías que lo brinda, puedancambiarse a otras que también están en condiciones de hacerlo. La consulta seinició hace más de un año y no logró pasar esa etapa.
Respecto de los servicios móviles, hasta ahora el único proyecto para que surja unanueva operadora de telefonía celular bajo el esquema de Operador Móvil Virtual(OMV, es decir, que opera sobre la red de un tercero) es CATEL, que acaba de sellarel acuerdo con Telefónica, para iniciar la comercialización del servicio en agostopróximo.
Crosta consideró que las cuestiones vinculadas con el marco regulatorio son muyamplias, y abordan también cuestiones vinculadas con usuarios y calidad deservicio, lo que las lleva a estar en constante evolución.
Por esa razón, consideró que otro de los grandes pendientes es “cómo van a entrarlos OTT (Over The Top, como Netflix) en el marco regulatorio y qué impactos seprevé. Esto implica que hay que cambiar las definiciones de servicios, obligaciones yrequisitos para ello”.
Los usuarios en la base
Se trata de cuestiones muy técnicas pero que deben ser resueltas para que losusuarios accedan a mejores servicios, tanto en calidad como en precio. Todo lo quetenga que ver con el funcionamiento de los operadores de telecomunicaciones, seano no dueños de infraestructura, termina impactando en lo que cualquierconsumidor contrata.
Por esa razón, Limbatto recordó que otro de los pendientes es el referido a lasreglamentaciones generales sobre compartición de infraestructura fija, señalizacióny la definición de los modelos para los cargos de interconexión. Se trata de aspectosque hacen a la vinculación entre los distintos prestadores y que, en caso de conflicto, pueden generar diversos inconvenientes en el mercado, como menor competencia.
Parte de estos temas quedaron “en suspenso” con la llamada ley corta detelecomunicaciones, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en abril del añopasado, que avanzó en el Senado donde obtuvo media sanción pero que no logró elmismo empuje en Diputados.
Esto motivó al Gobierno a firmar el último verano el DNU para liberar el espectro deARSAT –aspecto contemplado en ese texto- que fue rechazado por la Bicameral quesigue estos temas en el Congreso. Pero como hasta ahora no hay postura final alrespecto por ninguna de las dos cámaras sigue vigente. Se trata de la porción defrecuencias a la que refirió Limbatto y que hoy están en plena indefinición.
Esa ley corta arreglaba mínimos aspectos de los vacíos que se generaron tras eldecreto 267/2015 por el cual se introdujeron cambios en la llamada ley de medios25.622, y Argentina Digital 27.708, por el que se eliminaron la Autoridad Federal deServicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal deTecnologías de la Información (AFTIC), para dar lugar al Enacom.
Luego se creó la Comisión redactora de una futura ley convergente. Durante dosaños se mantuvieron consultas con los distintos actores del mercado, públicos, privados y de la academia. La presidenta de esa comisión, Silvana Giudici, actualtitular del Enacom, dio a conocer un texto, pero que no logró tener el consenso ni lafirma de todos los integrantes de esa comisión. Hasta ahora, ese proceso no ha dadolugar a nuevos lineamientos.
El lado bueno
¿El panorama es tan malo o se avanzó en algo?
Las comunicaciones móviles 4G mejoraron, especialmente al principio de la gestión,en un movimiento más motivado por el entusiasmo del cambio que por lasdecisiones tomadas.
La conectividad 4G alcanza al 69% del territorio, es decir, unas 2.444 localidades, y laexpectativa es que a finales de este año se logre una cobertura de 79%, lo quepermitiría alcanzar al 93% de la población -40 millones de habitantes-, según datosoficiales.
“Se hicieron buenas propuestas, se avanzó en estudios en estos años, pero falta laejecución. Hay buenas intenciones, buenos técnicos, pero falta el aval político. Yesto queda evidenciado con la falta de alineación que existe entre el Enacom, laSecretaría de Modernización (que comanda el vicejefe Andrés Ibarra) y la deTecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC, a cargo de HéctorHuici”, dijo una de las fuentes consultadas que prefirió el off.
Crosta, de BlueCom, consideró que las políticas en materia regulatoria implicanprocesos largos. “Hay ejercicios de práctica regulatoria, como encarar consultas, llegar a consensos, que son una buena práctica. Pero esto requiere tiempo. Se tratade un ejercicio constante entre público y privado”.
Lo cierto es que, al no tener definiciones sobre estos temas considerados básicos, nose puede avanzar sobre otros que resultan fundamentales para los ciudadanos.
Los debates que no llegan
Se trata de los temas relacionados con la privacidad y los datos personales enrelación a la omnipresencia en el uso de plataformas digitales y las cuestionesimpositivas vinculadas a los servicios que emanan de ellas.
En el Congreso se encuentra el nuevo proyecto de ley de protección de datospersonales pero no hay expectativa en que pueda tratarse durante este año. Temáticaque, dada su sensibilidad, debería obligar no sólo a encarar una ley más acorde a losnuevos tiempos. La actual fue sancionada en 2001 cuando no había ni smartphonesni redes sociales.
En este sentido, las primeras estadísticas que, por ejemplo, en materia de ciberdelitose vienen realizando en el Ministerio de Justicia, permitirían tener un panoramapara modernizar otras leyes, como la de delitos informáticos, sancionada en 2008, pero que tiene poca relevancia principalmente entre los ciudadanos, que sonquienes terminan más afectados cuando se produce un ataque informático decualquier tipo.
Para Gustavo Saín, especialista en delitos informáticos, el país “debería plantear lacreación de una ley marco de Internet, es decir, un organismo central que haga losestudios, las consultas, la política sobre datos personales, y que defina obligacionespara las multinacionales cuando haya una investigación criminal”.
Se refiere al Marco Civil da Internet que Brasil sancionó en 2014, y es un ejemplo anivel mundial, de cómo establecer principios y garantías que promuevan unainternet libre y democrática en ese país. Allí se establecieron los derechos yobligaciones de los usuarios y de las empresas proveedoras de acceso a servicios online. Si bien se trata de una ley, la propuesta surgió del Ministerio de Justicia, en2009.
Para Sain es necesario avanzar en la discusión de temas vinculados con laciberseguridad, el cibercrimen y la protección de los datos personales que, a su vez, están relacionados con el día a día de los ciudadanos.
El especialista sostiene que es necesario definir una política pública para proteger alos ciudadanos a partir de la masividad que adquirieron internet y las redes socialesporque, cuando hay un delito, desde robo de información hasta grooming, pasandopor contenido discriminatorio o crímenes económicos, las mismas empresasofrecen resoluciones administrativas.
De este modo, la mayoría de los usuarios no acude a la Justicia para iniciar ladenuncia correspondiente y penalizar a los responsables. Esto explica que el nivel dedenuncias sobre delitos informáticos apenas alcancen el 0,4%, y que sea inexistenteel nivel de concientización social sobre los riesgos que también representa el uso deinternet.
Pero para llegar a esta instancia de discusión se deben resolver primero lascuestiones básicas, señalaron los consultados. Resulta difícil encarar nuevasconstrucciones cuando los cimientos no terminan de establecerse.
Parte de estos reclamos se escucharán este jueves, cuando se dé inicio al InternetDay, una jornada de discusión para celebrar el día internacional de lastelecomunicaciones -que será el 17 de mayo- que reunirá a distintos actores delsector de las telecomunicaciones, y en donde se espera la presencia de AndrésIbarra y de Silvana Giudici.