Durante las jornadas de protestas del Paro Nacional que iniciaron el 28 de abril, el Estado colombiano llevó a cabo 21 mil 675 horas de ‘ciberpatrullaje’ para monitorear contenidos “falsos” sobre el desarrollo de las protestas, desprestigio de las fuerzas públicas e instigación al odio, con el objetivo de combatir a un supuesto “terrorismo digital”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo conocimiento de esta medida en su visita de trabajo al país del 8 al 10 de junio de 2021. Y advirtió con preocupación que las fuerzas de seguridad se están abrogando facultades de revisión de información, lo cual podría desencadenar en censura y en la vulneración de derechos fundamentales.
En su informe de observaciones y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos tras dos meses de manifestaciones, el organismo hizo un llamado al Estado para que deje de “calificar contenidos y reaccionen aportando más información sobre el tema, evitando así incurrir en prácticas de censura”.

Otra alerta que hizo la CIDH se refiere al perfilamiento de personas usuarias de redes sociales, que participaron o no en las protestas. Exhortó a no realizar una categorización con términos como “terrorismo”, “vandalismo” o “criminales”, porque estigmatiza a los manifestantes y crea un ambiente hostil para el ejercicio de la protesta y de la libertad de expresión.
El organismo también recibió reportes acerca del uso de la tecnología para inhibir o restringir la señal de Internet, como el bloqueo de las direcciones de sitios web que contenían información sobre el Paro Nacional. Advirtió que este tipo de bloqueos son “una medida extrema”, que sólo podría justificarse bajo estándares internacionales en casos, por ejemplo, de explotación sexual.
Por todas estas observaciones, la CIDH dijo que las restricciones de acceso a las redes, servicios y contenidos de Internet “deben estar previstas por una ley”, y perseguir un objetivo legítimo, necesario y estrictamente proporcional al fin bajo un control judicial.
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Además de su análisis sobre el Internet como espacio de protesta, la Comisión envió al Estado una serie de llamados sobre la situación general del respeto a los derechos humanos universales.
En su visita, registró información sobre graves violaciones a estos derechos: un uso desproporcionado de la fuerza; violencia de género en las manifestaciones; violencia étnico-racial; violencia contra periodistas y misiones médicas; irregularidades en los traslados por protección; denuncias por desaparición de personas; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar.
Desde abril hasta principios de junio, se realizaron al menos mil 418 protestas en diferentes ciudades y puntos de Colombia. Sólo 11 por ciento de ellas presentaron disturbios y acciones violentas. A pesar de que el gobierno sostiene que el uso de la fuerza únicamente se ha ejercido cuando fue estrictamente necesario, la CIDH recibió muchas denuncias que indicarían lo contrario.