63% de la población rural de América Latina no tiene acceso a Internet
El 63 por ciento de la población rural de América Latina no tiene acceso a una conexión a Internet significativa.
El Índice de Conectividad Significativa Rural (ICSR) promedio en la región es de 0.368, informó el economista Joaquín Arias Segura, durante el seminario virtual Conectividad digital rural: un desafío clave para el desarrollo de América Latina y el Caribe.
Esto significa que 77 millones de pobladores rurales de 24 países de la región no cuentan con una conectividad que cumpla con los estándares mínimos necesarios para aprovechar la era digital, explicó Arias, especialista del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
La conectividad es dos veces mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales. El uso diario de Internet se asocia más a la disponibilidad de banda ancha que a la tecnología 4G. Los niños y los jóvenes son los usuarios más frecuentes y aún hay un acceso diferenciado según el género.
Sandra Ziegler, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), reveló que los principales problemas que enfrenta la región en cuanto a la conectividad rural son: la existencia de marcos regulatorios obsoletos, problemas en la instalación e inaccesibilidad en zonas lejanas.
Además, América Latina enfrenta una ausencia de mapas de infraestructura con información de redes de telecomunicaciones, elevados costos de inversión, escasez de estímulos para las inversiones en el entorno rural y dificultades de accesibilidad a los dispositivos, detalló la también consultora del IICA.
Agenda para la conectividad digital rural en AL
Durante la bienvenida del foro virtual, organizado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), su Secretario permanente, Javier Paulinich, señaló que, aunque muchos países experimentan una vertiginosa transformación digital acelerada por la pandemia de la Covid-19, el 32 por ciento de la población latinoamericana aún no tiene acceso a Internet.
“Actualmente, para disponer de los servicios más esenciales, participar activamente en la dinámica económica y ejercer plenamente los derechos civiles, es determinante un acceso de calidad a las redes de conectividad”, puntualizó Paulinich.
El sociólogo y diplomático peruano recalcó que sólo la mitad de los países cuenta con una agenda de digitalización avanzada. Y detalló que la pandemia evidenció estas brechas digitales, que han excluido a millones de participar en el mercado laboral y en los sistemas educativos.
Por esa razón, Sandra Ziegler señaló que la agenda de conectividad para los entornos rurales de América Latina debe propiciar la producción de políticas públicas en la materia, recopilar información y fomentar la cooperación internacional y las alianzas entre los sectores público y privado.
Los panelistas indicaron que la vulnerabilidad y la pobreza son dos situaciones que enfrentan las zonas rurales, por lo que coincidieron en la necesidad de aprovechar la digitalización para lograr un progreso más inclusivo en la región.
Desafíos de la región para lograr la digitalización rural
Sebastián Rovira, oficial de la Comisión Económica Para América Latina (Cepal), destacó que aunque la región atraviesa una aceleración digital transversal, aún existe una serie de limitaciones estructurales que hacen que la conectividad pueda llevar a una mayor polarización.
El oficial a cargo de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías del organismo latinoamericano destacó que la digitalización debería redundar en más puestos de trabajo, mejores salarios y una mejora de la calidad de vida para la población.
Ziegler puntualizó que, además del despliegue de infraestructura, también es importante el desarrollo de habilidades digitales entre la población, un proceso que podría conducir a la digitalización en la agricultura.
Experiencias latinoamericanas de conectividad rural
Finalmente, Pau Puig Gabarró, especialista en telecomunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que la región de América Latina no ha logrado alcanzar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el despliegue de infraestructura de las tecnologías 2G, 3G y 4G.
Gabarró destacó como posibles soluciones a este déficit la compartición de infraestructura, que puede reducir los costos de despliegue, y la implementación de fondos de servicio universal.
Y por último presentó algunas experiencias latinoamericanas de redes mayoristas privadas, como Internet para Todos, una regulación para operador de infraestructura móvil rural (OIMR) implementada en Perú; la Red Compartida de México, que obtiene financiación a través de banca pública de desarrollo, y el subsidio mínimo para operadores privados en Guatemala.